Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar
Periodismo alternativo para la paz y el post conflicto. Espacio de reproducción del proyecto comunicativo A CALZÓN QUITA'O Y SIN PELOS EN LA LENGUA.
lunes, 22 de noviembre de 2010
¡OH IMPUNIDAD INMARCESIBLE! PARTE 3.
Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar
domingo, 21 de noviembre de 2010
¡Oh Impunidad Inmarcesible!
Parte 2.
Las niñas mártires de la Virgen de la Roca -
Comunidad de Paz de San José de Apartadó -
Falsos Positivos de Soacha -
Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar
Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos.
http://opiblogalternativo.blogspot.com/2010/11/oh-impunidad-inmarcesible.html
Un recorrido periodístico por varios casos de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano, aparentemente diferentes, pero que tienen como puntos de encuentro o hilo conductor la misma gravedad de los hechos de vulneración a los derechos y garantías de justicia, dignidad y vida de los colombianos, así como un desenlace común en la mayoría de las investigaciones y preocupaciones de los gobernantes y administradores de justicia colombianos: la impunidad y el olvido.
La masacre del año 2005
La barbarie ha extendido su manto por todos los rincones de Colombia, los crímenes de lesa humanidad ya no son noticias de asombro para un país acostumbrado a las jamás impensables atrocidades cometidas por psicópatas asesinos, primero llamados pájaros (en la violencia desencadenada desde la década de los 40s a los 60s); y luego, en nuestra época, paramilitares de motosierra, machete y garrote.
La cabeza del niño había rodado unos metros más allá del tronco de su cuerpo, él tan solo tenía 11 años; la pierna de la niña había sido cercenada de un tajo, a ella, de tan solo 17 años también le habrían abierto el vientre antes de matarla; cerca había un garrote y un machete con los cuales los mataron, ella estaba de bruces, inclinada sobre el cuerpo de Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes históricos de la Comunidad de Paz. El machete, cuentan los campesinos que venciendo todo temor se dieron la tarea de buscar los cuerpos inmolados del líder y su familia para darles cristiana sepultura (hecho prohibido por los victimarios y que puede costar la vida), fue manipulado por un soldado que llegó con una patrulla de la Brigada 33 (misma de donde salieron los militares cómplices de este crimen), pues no sólo lavó en el agua del río la hoja de metal que tenía cúmulos de sangre de los difuntos, y el mango donde podrían estar las huellas del emisario de la muerte encargado de la tortura y la sevicia con que se actuó, sino que además le sacó filo en una piedra.
El año 2005, significó para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la pérdida de una veintena de sus miembros, en seis acciones violentas del paramilitarismo y el ejército. Sin duda alguna el golpe más duro lo padece la comunidad con la masacre del 21 de febrero, en los entornos de la vereda Mulatos, donde además de Luis Eduardo Guerra, Bellanira Areiza, su compañera sentimental de 17 años y su hijo Deiner Andrés de 11 años; también fueron asesinados en la vereda la Resbalosa, Alejandro Pérez Castaño (un ex miliciano que enfrentó la patrulla criminal), Alfonso Bolívar Graciano (coordinador de la zona humanitaria de la Comunidad) que habría intentado huir con algunos trabajadores de su parcela, pero se devolvió porque en la casa aún estaban su mujer y dos hijos. Sandra Milena Muñoz Posso, la mujer de Graciano, ya habría sido asesinada en la cocina de su vivienda, cuando éste regresó a encontrarse con la tragedia y su propia muerte. Frente al hombre degollaron y desmembraron a sus hijos Natalia Andrea de 6 años y Santiago de 18 meses, luego repitieron la acción sobre él.
Estos escabrosos hechos habrían dado inicio el día anterior, el 20 de febrero en la vereda las Nieves, donde la patrulla criminal emboscó al miliciano Marcelino Morelos, quien estaría visitando a su hija Diana Marcela Guzmán en casa de la madre de ésta. El miliciano intentaría enfrentar a la tropa militar y paramilitar, hiriendo un soldado, pero pronto lo vencieron en una acción donde la niña resultó herida. Los últimos momentos de vida de Marcelino serían transitados por la tortura, su cadáver tendría signos de tortura y sevicia, según relatase después Gladys Guzmán, madre de la niña, a quien aislaron para que no presenciara dichos últimos momentos de vida del miliciano.
Aunque este operativo se habría diseñado para encontrar milicianos de las Farc, que por la forma de proceder de los militares y paramilitares se demuestra que no era precisamente para capturarlos -todo indica que la acción era la tortura y el asesinato premeditado-, cobró la vida de seis civiles, incluyendo cuatro niños que igual que sus padres nada tenían que ver dentro del conflicto armado. “Los mismos acusados explicaron que el 21 de febrero, mientras el Ejército protegía la retaguardia, un grupo de paramilitares asesinó a golpes y machetazos, para evitar ser descubiertos, a Luis Eduardo Guerra, de 35 años; a su compañera, Bellanira Areiza, de 17, y a su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11. Los campesinos que vieron los cuerpos afirmaron que “no presentaban ningún impacto de bala y sí mostraban claramente que habían sido fuertemente golpeados y finalmente degollados”. A una hora de camino del lugar del crimen, otro escuadrón en el que se mezclaban paramilitares y militares, llegó a una pequeña vivienda donde estaba una pareja de campesinos, sus dos hijos y un hombre que les ayudaba en el campo. Mataron, también a machetazos, a los tres adultos, Alfonso Bolívar Tuberquia, 30 años; Sandra Milena Muñoz, 24, y Alejandro Pérez, 30. “Sólo sobrevivieron dos niños, de 3 ó 4 años, que estaban llorando al ver a sus padres muertos”, aseguró un paramilitar a la Fiscalía. Pero, poco después, un capitán ordenó degollar a Natalia Andrea Tuberquia, de 6 años, y Santiago Tuberquia, de 2. El oficial no tuvo misericordia a pesar de que le “propuse que yo me hacía cargo de los niños (…). El señor del Ejército le dijo a otro comandante que no lo podía aceptar porque la niña estaba grandecita y ella se daba cuenta de lo que estaba pasando”, según consta en la declaración de otro paramilitar ante la Fiscalía”. (http://www.diagonalperiodico.net/San-Jose-de-Apartado-modelo-de.html).
“La primera mentira estatal corrió por cuenta de un “ex guerrillero” de las Farc, quien en amplias declaraciones dadas a la prensa y divulgadas en la primera semana de marzo de 2005, señaló a las Farc como responsable de la masacre porque tenía información de que algunas de las víctimas iban a abandonar la comunidad. “La guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan”, dijo este supuesto insurgente, quien recibía protección del Gobierno nacional.
“Lo grave de esta falsa versión es que comenzó a ser reproducida por el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Así quedó demostrado el domingo 20 de marzo de 2005. Ese día, al finalizar un consejo de seguridad realizado en Apartadó, el Presidente leyó un comunicado en el cual afirmó que “en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.
“Uno de los aspectos de los autores de la masacre aún no ha sido dimensionado en sus justas proporciones. De acuerdo con las versiones de los excombatientes de las Auc, el bloque paramilitar que participó en la incursión fue el Héroes de Tolová, estructura que estaba al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien para esa época hacía parte del Estado Mayor de las Auc y cuyos compromisos de desmovilización incluían el cese de operaciones.
“De acuerdo con las indagaciones del padre Giraldo, que obran en los expedientes del proceso que adelanta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que miembros del Ejército llamaron a los comandantes de este bloque de las Auc para perpetrar la incursión de manera conjunta, acción que revela la relación sistemática de los paramilitares con las fuerzas armadas constitucionales, la cual venía de tiempo atrás, cuando el grupo armado ilegal estableció su base de operaciones en el poblado Nueva Antioquia, en Turbo, y permaneció allí por más de una década.
Los resultados de la investigación sobre estos atroces hechos permite establecer que las autoridades, desde el más alto nivel, mintieron de manera premeditada y construyeron una mentira a conciencia. Las falsas versiones, tanto de la Presidencia de la República como las del Ministerio de Defensa, la Comandancia del Ejército y de la Fiscalía Regional de Antioquia, divulgadas ampliamente por los medios de comunicación, reclaman, además de una retractación pública, la acción de la justicia, pues tal manipulación de la verdad lo único que refleja es complicidad. (Juan Diego Restrepo E., Editor Agencia de Prensa IPC Medellín, Colombia - www.ipc.org.co -).
Aunque el presidente Uribe, fuera el primer instigador de la mentira que buscaba desviar el cauce de las investigaciones sobre este hecho para amparar ante la justicia a los militares de la brigada XVII -fiel a una política fijada por él desde sus tiempos de gobernador de Antioquia cuando actuara de manera conjunta con el hoy procesado ex general Rito Alejo del Río, por su contubernio con el paramilitarismo-; las investigaciones pronto dieron el viraje necesario para desmentir no solo al ex presidente, sino que también a los mandos militares, al Fiscal Regional de Antioquia, para ese entonces el Sr. Francisco Galvis Ramos (quien asegurara que “la Comunidad de Paz era un veraneadero de las FARC”), y a los mismos medios de comunicación que como El Colombiano de Medellín, hicieron eco de las palabras de Uribe Vélez y acomodaron los móviles del crimen a, según las palabras del entonces ministro de defensa Jorge Alberto Uribe “en ocasiones estas agrupaciones han utilizado dichas comunidades como refugio para sus actividades delictivas. La Comunidad de San José de Apartadó no ha sido la excepción”; es decir, se seguían las directrices del “patrón”, quien fungiera como Presidente de la República en un recreo de ocho años, mientras volvía a sus quehaceres terratenientes en su finca el Ubérrimo.
Los medios masivos de comunicación, sin dudar de estas fuentes oficiales, sin tener en cuenta la versión de las víctimas y otras voces que pudieran equilibrar o al menos dar el principio de oportunidad y de defensa a quienes de por sí ya no podrían defenderse (las siete personas inmoladas en los hechos); reprodujeron dichas versiones y sentaron postura desde sendos editoriales donde contribuían al estigma que de por sí llevan a cuestas los miembros de la Comunidad de Paz. El gobierno capitalizó su habilidad de manipulación de todas las estructuras de poder, incluyendo los “medios de comunicación” a su disposición para crear una mentira propagandística y cerrarle, más aún, los espacios de búsqueda de paz a las víctimas.
Tal fue la situación manejada por los medios, que dicha mentira publicitaria del gobierno, cinco años después de los hechos y con la continuidad de hechos violentos y de perpetración de crímenes en la Comunidad, que el Padre Gabriel Giraldo S.J.; se vio obligado, moral y políticamente (dado su compromiso de fe con este proceso) a enviar una carta a la directora del periódico El Colombiano, Dra. Ana Mercedes Gómez Martínez, en la cual dejaba planteadas algunas reflexiones y quejas, entre ellas: “Uno se pregunta, nuevamente, si las preferencias políticas de un diario que se dice de “información” masiva, puede pasar por encima de la Constitución y de los Derechos Humanos universales. ¿Dónde queda el Derecho a la Verdad? ¿Dónde queda el derecho de los ciudadanos a una Información Veraz y Confiable? ¿Autorizan las adhesiones políticas partidistas y personalistas a una complicidad con el delito?.
“Fue repulsivo, por ejemplo, el tratamiento que su diario le dio a la masacre del 21 de febrero de 2005, en su mismo editorial (Editorial del viernes 4 de marzo de 2005), en el cual no sólo critica a quienes denuncian a los verdaderos autores del crimen sino que acusa a los denunciantes de querer entorpecer la reelección del Presidente Uribe y aboga por la presencia de la fuerza pública en el caserío, a pesar de los graves señalamientos de ser los autores de la barbarie. Igualmente repulsiva fue la acogida que su diario le dio al falso testigo que los militares buscaron para engañar a la opinión pública (artículo: “Delación, única pista de masacre”, 4 de marzo de 2005, pág. 3 a), tomando sus mentiras como la verdadera versión de los hechos y divulgándolas masivamente sin discernimiento alguno” (Bogotá, octubre 27 de 2010).
Por su parte, Amnistía Internacional, dejó en claro que “Acusar a los miembros de la Comunidad de Paz de colaborar con grupos guerrilleros coloca a esta comunidad en una situación de mayor riesgo frente a la posibilidad de ataques lanzados por paramilitares respaldados por el ejército. Las declaraciones del presidente, así como los comentarios formulados por el ministro de Defensa negando toda responsabilidad del ejército en la matanza de febrero, también suscitan el temor de que el carácter exhaustivo e imparcial que debe tener cualquier investigación de los hechos en torno a esta matanza se vea gravemente vulnerado”
En su carta a la directora de El Colombiano de Medellín, el Padre Giraldo se permitía recordar lo siguiente: “La sentencia de la Corte Constitucional (T- 1191/04) deja muy en claro que el Presidente estaba cometiendo allí un delito que debía recibir tratamiento penal, disciplinario, de control político, de Acción de Tutela y de justicia internacional y que estaba violando de manera flagrante artículos neurálgicos de la Constitución Nacional. La denuncia de la Comunidad trasegó durante 5 años por la Cámara de Representantes y altos tribunales, hasta ser objeto de archivo por la Plenaria de la Cámara el pasado mes de agosto, sin haber investigado nada y con argumentos tan vergonzosos que llevaron a un grupo de congresistas a remitir el caso a la Corte Penal Internacional”.
En Agosto de 2004, en casa de Luis Eduardo Guerra, explotó un artefacto abandonado por el ejército en un campo de cultivo de la vereda la Unión. Artefacto que según los mismos miembros del ejército, sólo produciría humo al explotar, ya que era un artefacto usado para llamar la atención de los helicópteros cuando iban a recoger las tropas, según respondieron cuando la comunidad misma y la Defensoría del Pueblo pidió que dicho artefacto fuera recogido de la vereda. Este suceso causó graves heridas a Luz Enit Tuberquia, esposa de Luis Eduardo, Luz Helena Torres de 16 años; William Ortiz, un vecino que estaba cerca del sitio y Deiner Andrés Guerra (en ese entonces con 10 años de edad) quien terminó con una pierna destrozada. Las dos mujeres murieron en el Hospital San Vicente de Paul en Medellín a consecuencia de estos hechos.
Para Febrero de 2005, fecha de la masacre que le costó la vida a él y su familia, la única intención que motivaba la llegada de Luis Eduardo Guerra a donde sus familiares en la vereda Mulatos, era recoger una cosecha de cacao para financiar su viaje a Medellín, donde su hijo tenía cita médica de revisión de la pierna que había resultado afectada por la explosión de 2004. Luis Eduardo Guerra quien habría sido retenido por los militares el 12 de diciembre de 2004, donde además de interrogarlo le intimidarían con afirmaciones como “usted es una persona sospechosa”, afirmaría, un mes antes de morir, lo siguiente: “A pesar de mantener una posición neutral frente a la insurgencia, dicen que nosotros recibimos órdenes directas de ésta para desprestigiar al Estado y decir que es el único que viola los derechos humanos. Eso es una mentira a todas luces porque hemos dicho públicamente que dentro de estos asesinatos (sufridos por la comunidad) la subversión también tiene una gran participación, más de 20 casos”.
“vemos que nos están acorralando con las masacres, con los tiros, con los asesinatos selectivos, con el desprestigio, porque sabemos que el mismo gobierno tiene funcionarios haciendo un desprestigio desinformativo a nivel internacional, a nivel incluso de las mismas embajadas, diciendo que ellos tienen toda la voluntad y que son las comunidades las que se oponen a que el gobierno haga presencia cuando es una total mentira, y que ellos no son los violadores de los derechos humanos, que los violadores de los derechos humanos son la insurgencia, cuando hemos dicho que hay un ejemplo muy claro: ¿cuántos muertos tenemos? ¿En cuántos han participado las fuerzas militares? ¿Toda la estructura paramilitar que hay en Urabá por quién está apoyada? Creo que es una situación difícil en estos momentos, porque económica y políticamente el gobierno está haciendo un trabajo muy fuerte contra las comunidades, sobre todo contra San José de Apartadó.
El caso de los falsos positivos de Soacha.
En San José de Apartado, “el 27 de marzo de 1997, integrantes del ejército acompañados de paramilitares detuvieron al joven JOSÉ HELIBERTO GUERRA DAVID, discapacitado mental, en la vereda La Unión, mientras sembraba yuca en la parcela de su familia. Luego apareció asesinado en la morgue de Apartadó vestido de uniforme de camuflaje y presentado como “guerrillero muerto en combate” (…) Muchos años después, la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos (Rad: 1637) ubicó a uno de los soldados que habían participado en el falso combate, le recibió la declaración y se esclareció que se trataba de un ejecución extrajudicial con modalidad de “falso positivo”. La Fiscalía aún no ha judicializado a los demás participantes en el crimen ni a sus líneas de mando” (Fusil o Toga, Toga y Fusil, Javier Giraldo Moreno S.J., pág. 37).
A la luz de los antecedentes de la situación padecida por la comunidad de paz de San José de Apartadó, se puede interpretar cómo la práctica de los asesinatos extrajudiciales, cometidos por miembros de la fuerza pública colombiana, para luego hacer pasar a las víctimas de estos mismos crímenes, como guerrilleros dados de baja en combate, es una práctica permanente y de muchos años en el país. Prácticas que en regiones como la del Urabá antioqueño, ya eran pan da cada día. Pan amasado con el dolor de las madres, esposas, hijos e hijas de cientos de víctimas que cayeron tan solo por el hecho de vivir en un territorio en disputa tanto por los actores armados del conflicto, como por los intereses de empresarios, políticos regionales, narcotraficantes, grupos económicos y multinacionales que operan sus proyectos en dichos lugares, en últimas, autores ideológicos y financiadores del paramilitarismo.
La diferencia en el modus operandi de estos casos revelados a partir de las desapariciones en Soacha, que serían sólo “la punta del iceberg” en un caso que sumaría más de tres mil asesinatos de jóvenes de todo el país, tal y como lo registrara en su informe preliminar, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, Sr. Philip Alston; era la forma de abordaje de las víctimas: reclutamientos engañosos de personas civiles comisionadas para ello, y a las cuales les pagaban hasta 200 mil pesos por persona reclutada, con ofrecimientos de trabajo en otras partes de su lugar de residencia.
Luz Marina Bernal, madre de un chico de condición especial, víctima de los “falsos positivos” en Soacha, relata que su hijo nacido a los seis meses, y debido a un accidente que ella tuvo durante el embarazo, a los cinco meses y tras el atropello de un carro, hizo que se le desprendiera parte del cerebro a su niño, que nació sufriendo meningitis, y presentó discapacidad con dificultad de aprendizaje, “era un niño de 9 años, neurológicamente,” a pesar de sus 23 años de edad. No obstante, estas condiciones especiales del joven (como sucediera en marzo de 1997, en San José de Apartadó, con el joven en condición de discapacidad JOSÉ HELIBERTO GUERRA DAVID), no detuvieron ni a los reclutadores ni a los militares involucrados en esta política criminal para mostrar avances en la lucha contra la subversión en el periodo de la “seguridad democrática”, liderada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Este caso dado a conocer en Colombia por Noticias Uno, revela que dos horas después, a los cinco hombres los han separado y Aladino sólo queda en compañía de un joven llamado Albeiro, él pregunta por el comandante “y habla un cabo conmigo, yo le pregunto que qué va a pasar con nosotros, él dice que no va a pasar nada, que va a traer una señora para un reconocimiento, y que si nosotros intentamos volarnos, nos dan gatillo”, posteriormente serían llevados hasta un barranco donde les disparan, él es herido en el hombro “caigo al piso y desde el piso le digo, señor, por qué me va a matar si yo no le debo nada, y él se queda pensativo, al pie mío, está muy cerca de mí, el soldado que está al frente pienso yo que me quería disparar nuevamente”, por esa vez, Aladino se escapa de la muerte, huyendo por el barranco y escondiéndose en una cuneta, por más de dos horas, de los soldados que lo perseguían.
Suerte que no tendrían 3.796 personas que fueron víctimas de este patrón generalizado y sistemático de comisión de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares, de acuerdo a los casos documentados por la Mesa de Trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos da cuenta de ese fenómeno (Soacha: Falsos Positivos e Impunidad, La Punta del Iceberg’, Fundación FEDES, 2009).
Hoy, el dolor de las madres y familiares de estos jóvenes, no sólo se enmarca en la impunidad que campea en el proceso judicial y de criminalización de los militares involucrados en el caso, también en el recuerdo de un Primer Mandatario que siempre le dio el espaldarazo a los victimarios y degradó la imagen de las víctimas y sus familiares, “el señor Presidente se llena la boca diciendo de que era que esos muchachos eran unos maleantes, que se iban a delinquir” (madre de uno de los jóvenes); “El propio presidente Uribe sostuvo que, si bien la Fiscalía no había establecido si la muerte de los jóvenes se dio efectivamente en un enfrentamiento, con seguridad fueron reclutados con fines criminales y “no salieron con el propósito de trabajar o recoger café” (Editorial del diario El Espectador, 28 de octubre de 2008).
Esta actitud del presidente de la república, frente a las víctimas de los “falsos positivos”, demostraba una actitud muy similar a la que mostró en sus primeras declaraciones cuando el país conoció la terrible masacre cometida por ejército y paramilitares en el año 2005, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; una práctica reiterada en su habitual manera de manejar el gobierno desde su época de gobernador de Antioquia, cuando bajo la anuencia del gobierno de Samper Pizano y con Horacio Serpa como garante desde el Ministerio del Interior, propiciaría el fortalecimiento desbordado del aparato criminal de las mal llamadas autodefensas, gracias a la creación de las Cooperativas de Seguridad Convivir, las cuales degeneraron en lo que siempre fueron: grupos paramilitares.
Próxima entrega: Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar.
sábado, 20 de noviembre de 2010
¡OH IMPUNIDAD INMARCESIBLE!
Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos.
La impunidad y el olvido: Común denominador en procesos de justicia colombiana ante casos de violación de Derechos Humanos.
En diferentes diarios de circulación nacional, entre ellos el Periódico El Colombiano de Medellín, se publicaba, los primeros días del mes de agosto de 2010, sobre la exoneración en primera instancia de los militares involucrados en la masacre de varias personas de la comunidad de paz, entre ellas varios niños de tan solo 11, 5 y 2 años; masacre que conmovería la opinión internacional más que la nacional por la gran dosis de barbarie con la cual se cometió y en la que actuarían fuerzas conjuntas de la XVII Brigada Militar de Urabá y varios paramilitares, “Según este fallo, de primera instancia, proferido el pasado jueves, no se pudo comprobar la responsabilidad de diez oficiales y suboficiales de la Brigada XVII, en la muerte de estas personas, las cuales fueron descuartizadas.” (diario el Colombiano, 6 de agosto de 2010).
Dos semanas después, el 19 de agosto, El diario El espectador, daría cuenta de la recuperación de la libertad de los responsables de los autodenominados “falsos positivos”, en palabras del Fiscal general de la Nación, porque “hay un desenfoque en las decisiones de los jueces de garantías en el caso de las ejecuciones extrajudiciales”, según el mismo fiscal “Hay muchísimos casos que están en juicio y procesados que aunque hayan quedado en libertad no significa que estén libres; que hayan salido del problema, eso ha sido por vencimiento de términos y por desenfoque de los jueces”; Según la tesis del Fiscal, el desenfoque de los jueces se debería a que no entendieron que los vencimientos de términos de los procesos se deben a las estrategias dilatorias de la defensa de los militares procesados por casi 2 mil asesinatos extrajudiciales de jóvenes de extracción humilde, por lo general, a quienes harían pasar como subversivos dados de baja en supuestas confrontaciones militares.
De otro lado, si de algo están seguros los campesinos y habitantes de la región del Sumapaz, en Bogotá y Cundinamarca, es que las autoridades encargadas de administrar justicia, no han dado la importancia debida a los diferentes casos denunciados por atropellos militares, que van desde asesinatos, robo de ganado y mercados, y que se vienen sucediendo de manera sistemática en los últimos años, luego de que se anunciara el diseño de un mega proyecto que comprende la construcción de dos hidroeléctricas y nueve represas en este Páramo reserva natural del mundo, donde se anuncia desde ya el desplazamiento de los cientos de familias que tradicionalmente han habitado dicho territorio.
Estos párrafos de entrada, son el inicio de un recorrido periodístico por tres casos de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano, aparentemente diferentes, pero que tienen como puntos de encuentro o hilo conductor la misma gravedad de los hechos de vulneración a los derechos y garantías de justicia, dignidad y vida de los colombianos, así como un desenlace común en la mayoría de las investigaciones y preocupaciones de los gobernantes y administradores de justicia colombianos: la impunidad y el olvido.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó en peregrinación por Cundinamarca y Bogotá.
Se denominó la Peregrinación Grace 2010. Liderada por la Comunidad de Tamera de Portugal, comunidad que se ha declarado pueblo hermano de San José de Apartadó, y el padre jesuita Javier Giraldo, quien ha dedicado toda su energía al acompañamiento a la comunidad de paz.
Como punto de partida de la peregrinación por el centro de Cundinamarca y Bogotá, se eligió el municipio de Facatativá. El domingo 31 de octubre, se encontrarían en este municipio una delegación de aproximadamente 80 extranjeros y unos 70 miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó. El autor del presente documento periodístico acompañó los nueve días de recorrido de la peregrinación que terminaría con un encuentro de intercambio de experiencias en resistencia y defensa del territorio en Sumapaz, localidad 20 de Bogotá, luego de atravesar varias localidades de la capital colombiana, llegar hasta Cazucá en Soacha (municipio donde se abriera, en 2008, el escándalo de los denominados “falsos positivos”); y de realizar varios actos simbólicos y de memoria frente a instancias públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Vicepresidencia y el Congreso Nacional de la República.
Desde este recorrido, con la comunidad misma y apoyado en algunos documentos de bibliografía existentes, se hace la presente reconstrucción de la coyuntura e impunidad vivida por estas comunidades que han sido sometidas al dolor y el duelo permanente por la pérdida de sus familiares en manos de los grupos armados del conflicto colombiano, en especial por los grupos paramilitares en alianza con la fuerza pública colombiana, aunque en el caso de San José de Apartadó hay que sumar algunos casos de violencia perpetrados por la guerrilla de las FARC. “... Entonces comenzamos a resistir y a organizarnos, a rechazar la presencia de la fuerza pública en el corregimiento por el mismo compromiso que habíamos hecho de la neutralidad… y como decía el compañero en la ponencia, a finales del año 97, fue la guerrilla que nos asesinó tres líderes muy importantes, un golpe muy duro… la guerrilla veía como que nosotros éramos como una amenaza para ellos, porque no les prestábamos auxilio a ellos, no les vendíamos, no les dábamos información… entonces teníamos el atropello de todos los grupos armados…” (Testimonio de un miembro del Consejo Directivo de la Comunidad de Paz en la localidad de Sumapaz).
El caso de las niñas mártires de la Virgen de la Roca en Facatativá: “El olvido como bálsamo para el dolor en las víctimas, una estrategia de impunidad en los victimarios”.

La peregrinación de paz con la comunidad de San José de Apartadó, da inicio con una visita al lugar “La Virgen de la Roca” en la periferia de Facatativá, municipio del departamento de Cundinamarca. Allí, un caserío de cartón, tablas y plásticos, algunas carpas donadas por la comunidad. Residen unas 80 personas que mal viven del reciclaje y por temporadas de la industria de las flores, de resto, del rebusque, oficios varios mal pagos y no estables.
La presión para que las familias ubicadas allí, desde la Alcaldía misma y otros sectores pudientes del municipio, ha llegado al extremo de, en contubernio con la fuerza pública, incendiar el rancherío, como sucedió en el año de 2008 cuando desde un helicóptero militar les arrojaron elementos incendiarios que no solo acabó con las pocas pertenencias de los recicladores sino que también terminó con la vida de dos niñas de tan solo 8 y 16 años. Hechos por los cuales, aún no hay responsables judicializados.
Cuando entrevisto a la madre de las niñas muertas en dicho holocausto, la mujer tartamudea, el dolor, a pesar del tiempo transcurrido parece ahogarle las palabras, “es que uno ya ni quiere acordarse de eso, para qué… ya lo que pasó…”; una tía de las niñas interrumpe a la madre para aseverar “Todo fue tan rápido que uno no sabe ni cómo fue… Estábamos, como a eso de las 10 de la noche, arreglando unas gallinas de una contrata que tenemos, cuando se vino todo…”. Será doña Rosa, la abuela de las niñas, quien nos relate los hechos en los cuales no sólo aparece este funesto episodio, sino también otra serie de hostigamientos del gobierno local y la fuerza pública para que desalojen su territorio.
“Uno quisiera olvidar”, afirma una víctima del desplazamiento en algún documento que he leído con anterioridad. Dicha afirmación sumada a las afirmaciones iníciales de los familiares de Karen y Lorena, las niñas sacrificadas en la Virgen de la Roca en Facatativá, nos llevaría a la fácil conclusión de que a las víctimas del conflicto de este país, país sin asombros donde durante casi ocho años el 84% de la población se declaró afecta a las políticas de guerra y del terrorismo de Estado propugnado desde la Casa de Nariño, las ha golpeado tanto la indiferencia y la indolencia que ese 84%, ha demostrado ante la barbarie, que muchos de ellos, victimas, son los primeros en querer olvidar los trágicos sucesos que les ha humillado y sacrificado su garantía a la vida y la dignidad. Allí los veremos por largo tiempo, abandonados por esta sociedad que les ha dado la espalda, tirados a su suerte en las calles, plantados ante un semáforo en las grandes urbes colombianas con la mendicidad como única alternativa posible, sin más derecho al resarcimiento de sus derechos vulnerados, queriendo enterrar cualquier posibilidad de reconstrucción de memoria y con esto el allanamiento del camino hacia la verdad y la justicia.
San José de Apartadó.
El 16 de agosto de 1996, fue asesinado, en la terminal de transporte de Apartadó, el Concejal de la Unión Patriótica y fundador del corregimiento de San José de Apartadó, BARTOLOMÉ CATAÑO, “garantía de sabiduría y honestidad”, le diría la Ex Alcaldesa de Apartadó y Ex senadora Gloria Cuartas Montoya al periodista Javier Darío Restrepo que realizaba un amplio reportaje sobre la situación de la zona. “El sicario le disparó tres veces por la espalda y los impactos arrojaron al viejo de bruces sobre el suelo, pero enseguida se incorporó, recogió los papeles que llevaba en la mano, se puso su sombrero de paja, agarró su bastón y echó a andar como si todo se hubiera reducido a un simple tropezón. El asesino asombrado ante el vigor inesperado de este hombre de 74 años, de unos cuantos saltos se le plantó delante y disparó su arma esta vez contra la cara. Cuando cayó desfigurado por su sangre, ya estaba muerto”, relata el periodista en la edición de marzo 15 de 1997 de la desaparecida revista Alternativa.
Con este asesinato, ocurrido en pleno perímetro urbano a la luz del día como tantos otros asesinatos de dirigentes políticos y comunales de izquierda, ocurridos por esos mismos días, a unos 20 kilómetros de su casa en el sector rural de San José de Apartadó, los paramilitares y sus “Comandos Populares” en Apartadó, mandaban un mensaje contundente: estaban adentrándose en las entrañas mismas, en lo más íntimo de este corregimiento bastión de la UP y el Partido Comunista, y corredor estratégico por donde se había movido durante muchos años, el V Frente de las FARC. Zona que hasta ese momento se podría pensar era impenetrable para el paramilitarismo en su proyecto de expansión a Urabá, como génesis del retorno de las bananeros a la región y de los grupos de ultraderecha a las alcaldías de la región, a través del liberalismo y los reinsertados del antiguo grupo guerrillero EPL, organizados en el Movimiento Político Esperanza Paz y Libertad.
El viejo Bartolo como lo denominasen cariñosamente muchos pobladores de Apartadó, era un símbolo para los campesinos de la región y de San José de Apartadó, se resistió a la muerte como toda la vida se había resistido a la violencia, precisamente huyendo de la violencia de los conservadores sobre los liberales de la mitad del siglo XX, Cataño se había refugiado en las montañas de Urabá. En ese entonces, él era liberal de Raca Mandaca, y huyendo de la violencia, participó de la fundación del corregimiento, junto con otras personas que provenían de Peque y Dabeiba. Años después, desencantado del rumbo que tomaría el partido liberal, tanto en la región como en el país, Bartolomé se haría militante de la Unión Patriótica, y desde este movimiento político fue concejal del municipio en varias oportunidades. Como Concejal y líder de su comunidad participó ampliamente del proceso de construcción de varios proyectos cooperativos y modelos de organización comunitaria y sostenible que garantizaban desarrollo y crecimiento productivo para la población de San José de Apartadó. Una población que se constituía por unas 1500 personas dispersas en las diferentes veredas del corregimiento.
A este golpe, se sumó la masacre en que perdieron la vida SAMUEL ARIAS (Presidente de uno de los proyectos cooperativos más exitosos en la región: la Cooperativa Balsamar); GUSTAVO LOAIZA (Presidente de la Junta de Acción Comunal de San José); MARIA EUGENIA USUGA, en ese momento con cuatro meses de embarazo y JUAN GONZALEZ, miembros de la Junta Directiva de la misma Acción Comunal. Con ese asesinato, perpetrado en el mismo territorio que ellos habitaban, se confirmaba el anuncio que hicieran los paramilitares desde el casco urbano de Apartadó, con el asesinato de Bartolomé Cataño.
La comunidad comenzaba un tránsito de orfandad ante la ausencia de sus principales líderes y lo más complicado, un tránsito por el acoso permanente y la barbarie a la cual la someterían, aún hasta el día de hoy, los grupos paramilitares en gran escala y, en menor escala, una fracción de la guerrilla de las FARC, comandada por el desertor y hoy reinsertado alias Samir (Dafnis Daniel Sierra Martínez), quien fungiera los primeros días de su deserción como colaborador en la XVII Brigada Militar de Urabá y hoy se presenta, como pieza clave en la defensa del proceso judicial que se le sigue al, por algunas personas, denominado “carnicero de Urabá”, por otras como el cuestionado ex presidente Álvaro Uribe (también por sus supuestos vínculos con el narcoparamilitarismo), “el pacificador”: General Rito Alejo del Río, por su contubernio con los grupos paramilitares y participación en varios hechos criminales en la región, mientras fue comandante de dicha brigada militar. Defensa desde la cual, tanto los militares como el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, han aprovechado a alias Samir para construir una serie de montajes que no solo afectan a la comunidad de paz, sino que también a líderes como Gloria Cuartas Montoya (ex alcaldesa de Apartadó y ex senadora), y al Padre Javier Giraldo, acompañantes del proceso de la Comunidad de Paz desde su nacimiento en 1977, y a quienes intentan judicializar como aliados estratégicos de la guerrilla en respuesta a su enconado empeño por la defensa de los derechos humanos.
Otros Antecedentes.
Pero dicho tránsito por la orfandad y su situación a merced de los grupos armados no habría empezado con la muerte de Bartolemé Cataño. El Padre Jesuita Javier Giraldo, relata que desde 1977, se habría abierto el ciclo de la barbarie y las desapariciones forzadas en este corregimiento. En esa fecha, entre el 12 y el 19 de julio, tres patrullas militares compuestas por una veintena de militares entre soldados, tenientes, capitanes y dragoneantes (provenientes de la base militar la Maporita en Chigorodó), sometieron a inclementes torturas a campesinos de la vereda Cabecera de Mulatos, unas 30 personas incluyendo niños y mujeres, acusadas de ser guerrilleras y/o colaboradores de la guerrilla. 11 personas de esta comunidad serían asesinadas por los militares. 6 de ellas habrían sido secuestradas por los miembros del ejército, cuando se retiraron de la zona, posteriormente aparecerían muertas y reportadas por los mismos militares como “bajas” por intento de fuga, En algunos casos los cadáveres de los agricultores aparecieron con artefactos de guerra como municiones de alto calibre, seguramente para hacerlos pasar como guerrilleros. Durante la década de los 80s, la comunidad enfrentaría la represión de una fuerza pública que los miraba con desdén y desconfianza por el hecho de que esta zona rural se habría convertido en el enclave perfecto para la guerrilla de las FARC. La década de los 90s, despertaría en San José de Apartadó con una masacre en la vereda de la Unión (17 de mayo de 1992). Mientras un contingente del Ejército se internaba en la Serranía del Abibe y mantenía un combate con el V Frente de las FARC, un segundo contingente militar atropellaba a varios campesinos de la vereda, amarrándolos a un árbol y obligándolos a que acusaran a sus mismos vecinos de guerrilleros. Al no lograr su cometido, terminarían asesinándolos y presentándolos como dados de baja en combate (fusil, o toga, toga y fusil, Javier Giraldo Moreno, D.J, 2010).
La comunidad de paz.
Tampoco terminaría este tránsito de San José de Apartadó por la orfandad y la barbarie con su constitución como Comunidad de Paz, en el año de 1997. Pues a la fecha y después de declararse neutrales ante cualquier grupo armado, como una forma de protegerse y sobrevivir en su territorio sin tener que enfrentarse al desplazamiento forzoso como lo han tenido que hacer casi 4 millones de personas en el país, durante los últimos 20 años; y a pesar del acompañamiento internacional, esta comunidad ha enfrentado casi 200 asesinatos de miembros pertenecientes a su proceso, tanto en asesinatos selectivos como en masacres.
“Nosotros también hemos sufrido esa persecución desde el año 77, aún cuando en nuestra región no había presencia guerrillera… En los años 80 ocurrieron varias masacres, asesinatos y señalamientos; a mediados del año 95 es cuando se agudiza por la aparición de los paramilitares, en las distintas regiones, que vienen ya como…, actuando en forma conjunta con los militares y generando desplazamientos… (…) Escuchamos cómo los paramilitares venían actuando, terrible, masacres donde descuartizaban a la gente, que con motosierras, que con las herramientas de los mismos campesinos como los machetes…
Es así que en el año 96 se avecinan ya esas matanzas por los lados de Córdoba, a finales del 96 llegan al corregimiento de San José, donde asesinan a varios líderes… Era un corregimiento con 32 veredas, mucho movimiento, un lugar turístico, con muchas fiestas del aguacate, era muy movido… todas las veredas cubiertas de campesinos… Y ese fue un momento muy duro, por lo que prácticamente asesinan las cabezas visibles, los líderes de este corregimiento… En ese momento, los campesinos que vivíamos allí, comenzamos a mirar, a ir llamando a las ONGs para que nos ayudaran a ver como buscábamos una estrategia de poder resistir ahí y evitar el desplazamiento, evitar que mataran al campesino y es así como entonces fuimos armando la propuesta de una neutralidad en la región, de mantenerla con los diferentes actores armados… Y mientras estábamos preparando esa propuesta, estábamos en el año 97, se da una segunda masacre en San José, ahí acabaron de arrasar el resto de líderes que quedaban y nos dieron dos días de plazo para que la gente abandonara el caserío… inmediatamente el caserío de San José quedó completamente desocupado… y aun quedamos, pues familias de algunas veredas, de 32 veredas quedábamos familias como de 8, que seguíamos con la necedad de hacer como ese acuerdo de firmar esa declaración… (Testimonio de un miembro del Consejo Directivo de la Comunidad de Paz en la localidad de Sumapaz).
“El 23 de marzo de 1997, Domingo de Ramos en el calendario católico, se llevó a cabo la ceremonia de oficialización de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El Obispo de Apartadó, Monseñor Tulio Duque Gutiérrez, así como un grupo de parlamentarios de Holanda y delegados de diversas organizaciones nacionales y regionales, asistieron al evento. Habían precedido muchos meses de discusión del texto de la DECLARACIÓN, en el cual se recogía el espíritu de los Convenios de ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario, afirmando los derechos de la población civil en medio del conflicto armado. (…) La idea original la había lanzado el primer Obispo católico de Apartadó, Monseñor Isaías Duarte Cansino, quien ya para entonces había sido trasladado a Cali donde fue asesinado en 2003…” (Padre Javier Giraldo S.J. en Fusil o Toga, Toga o Fusil, 2010).
Luego de la firma del acuerdo como comunidad de paz, entre marzo de 1997 y abril de 1998, en su primer año de acuerdo, los campesinos sufrieron 26 acciones de agresión por parte de los grupos armados, sobretodo de los grupos paramilitares en contubernio con militares. Agresiones que implicaron terribles masacres y asesinatos con un saldo de unas 40 víctimas. La barbarie persistiría, año tras año, con un aumento escabroso en el año 2000 y luego en el 2002, sin detenerse en ningún momento hasta el actual 2010, durante la era de la “seguridad democrática”, a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, principal contradictor de esta experiencia de resistencia y paz que obtendría en reconocimiento a su persistencia pacífica, el Premio Internacional de Paz Aquisgran, Alemania; en el año 2007.
Nota. San José de Apartadó es uno de los tres corregimientos del municipio de Apartadó en la denominada zona del eje bananero en la región del Urabá antioqueño, al noroccidente de Colombia. Este corregimiento estaba integrado en 1997, por 32 veredas. Unos 12 kilómetros de camino separan el perímetro urbano del municipio y el lugar donde se ha concentrado, desde 1997, la población rural. A su vez, la región de Urabá (integrada por 20 municipios de Córdoba, Chocó y Antioquia -11 municipios pertenecen a este último departamento-), limita con Panamá y el Océano Atlántico (Golfo de Urabá). Según Andrés Fernando Suárez en el libro Identidades políticas y exterminio recíproco, masacre y guerra en Urabá, entre 1991 y 2001, en el Urabá antioqueño, se registraron 97 masacres. 43 de éstas, se registraron en el eje bananero, entre los años 1995 y 1997, año en que naciera la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Próxima entrega: La Masacre de 2005 y el caso de los falsos positivos de Soacha.
martes, 7 de julio de 2009
"falsos positivos": 1666 crímenes cometidos por la Fuerza Pública Colombiana
Hace unos siete meses escribí esta nota para el blog "OPIBLOG ALTERNATIVO". La reedito el día de hoy dada la atroz vigencia del tema
¿EN QUIÉN RECAE LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS 1666 CASOS QUE EL GOBIERNO URIBE, CÍNICAMENTE HA DENOMINADO "FALSOS POSITIVOS", Y QUE EN UNA DEMOCRACIA REAL Y RESPETUOSA DEL DERECHO A LA VIDA, NO SERÍAN MÁS QUE SALDOS NEGATIVOS DE LA ACCIÓN BARBARA DE UNAS FUERZAS MILITARES CONTAMINADAS POR LA ACCIÓN CRIMINAL?
Falsos positivos, entiéndase acción criminal de la fuerza pública sobre cientos de jóvenes y campesinos inocentes como producto principal de la política de seguridad democrática uribista
Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos
domingo 2 de noviembre de 2008
“Matar inocentes es un crimen por el que hay que rendir cuentas” – frase del pueblo Sirio para Estados Unidos que podría tener plena aplicación en el caso colombiano actual.
“La oportunidad hace al criminal”, parodia de un viejo refrán popular que podríamos aplicar para decir que la oportunidad –en este caso-, la pinta el Presidente con sus recompensas y política guerrerista donde se premia la barbarie, se condecoran y ascienden de rango a los barbaros detrás de una pretendida guerra antisubversiva que lo único que ha logrado es una serie de falsos positivos (entiéndase acción criminal de la fuerza pública sobre cientos de jóvenes y campesinos inocentes como producto principal de la política de seguridad democrática uribista- que, en su periodo de gobierno, han cobrado la vida ya, de cientos de civiles colombianos a los que han hecho pasar como dados de baja en combates.
Por eso conformase con la salida de unos cuántos militares, decir que el mal está remediado, que el señor Presidente ha cumplido con lo que tenía que hacer, pese al dolor “patriótico” que le produce a unas fuerzas militares que lo han secundado en sus políticas guerreristas, no es suficiente, pues lo que está sucediendo no es sólo la consecuencia de unas políticas mal formuladas en lo que a seguridad se refiere sino que también a la incoherencia moral y ética de un Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que legítima la barbarie y altera todo principio constitucional con tal de mantenerse en el poder. La fórmula es sencilla, tan sencilla que es receta de abuela: si usted tiene un niño y este sufre de parásitos no es suficiente con darle un antiparasitario, sino corta de tajo las causas que le producen la enfermedad, ésta se reproducirá sin mayor aviso al poco tiempo.
Las causas de extralimitación del poder militar están precisamente en la voluntad presidencial de romper toda norma ética con tal de ganarle la guerra a las FARC, en una guerra, que para el señor presidente, parece más personal que institucional, donde pesa más la ansiedad de la venganza por los hechos del pasado que la generosidad de una política de paz para con el país mismo, o para la “patria” como dice él, su “patria” o la “patria” de las élites que lo acompañan en su desmedido afán de poder reeleccionista, no la Patria de la mayoría de Colombianos y Colombianas desprotegidos de reales condiciones de vida digna.
En el panorama nacional, no es novedad que la Fuerza Pública esté involucrada en casos de violación de derechos humanos, ésta situación ha sido permanente y con mucha fuerza desde el modelo de estatuto de seguridad nacional que implantó Julio Cesar Turbay Ayala (expresidente del cual es discípulo el señor Uribe Vélez), y que condujo a los más altos niveles de violación de derechos humanos por parte del ejército, cosa bastante documentada a nivel internacional por importantes ONGs. Por lo tanto lo que le compete al país, ya que ni el señor presidente, ni su ministro de defensa lo van a hacer, es revisar de manera estructural cuáles son las causas que desembocan en las terribles consecuencias que llevan a los militares a romper cualquier precepto político, moral y constitucional con tal dar partes de victoria a su jefe mayor, el máximo comandante de la fuerza pública que les impele desde su mandato de seguridad democrática, una cuota de sangre enemiga diaria –así estos partes de victoria sean los bochornosos falsos positivos a los que nos han tratado de acostumbrar desde el principio de la era presidencial del “príncipe” como lo denominaré al columnista Felipe Zuleta. En este caso, “el príncipe de las tinieblas” será.
En otro país, donde no haya el infortunio del analfabetismo político que asfixia a Colombia, donde el criterio político de sus ciudadanos y ciudadanas no sea comprable con las dádivas o limosnas que a diestra y siniestra reparte la presidencia desde su estratégico programa de “Acción Social”, dónde las élites políticas no se aprovechen del hambre y las necesidades de unas mayorías pobres y miserables para comprar sus conciencias; esa misma ciudadanía optaría por la depuración ética y moral del Sistema o Establecimiento que somete a sus conciudadanos a la tortura diaria de las masacres, los desplazamientos, la desaparición, el robo de las tierras a sus campesinos, entre tantas otras variables de violación a los derechos humanos que se ha impuesto como estrategia institucional (crímenes de Estado llamaríamos de alguna manera), para hacer más ricos a los ricos y cada vez más miserables a los pobres.
Para nada es legítimo (moral, ética y políticamente hablando), que ante situaciones de violencia institucional un presidente mienta tanto. Miente cuando afirma que su política de seguridad democrática es un éxito rotundo, pero se contradice cuando acusa a todo movimiento social que le reclame por sus derechos, de estar infiltrado por la subversión; miente cuando dice que no hay conflicto, pero se contradice cuando empodera y blinda a sus fuerzas militares para la guerra y cuando hace de la guerra misma su plataforma para su perpetuidad presidencial. Miente cuando afirma que la fuerza pública no dispara contra las manifestaciones indígenas y los asesina, pero los medios de información internacional (que no los nacionales), demuestran lo contrario. Miente cuando dice que los emblemas internacionales de aquellas instancias que como la Cruz Roja Internacional, los cuales son símbolo de neutralidad, no han sido usados de manera intencional para engañar al enemigo, pero luego, poco a poco se esclarece lo contrario. Miente cuando sale ante los medios de comunicación, a dar débiles explicaciones de por qué y cómo es que delincuentes narcoparamilitares se dan el lujo de visitar la casa de Nariño (o casa de “nari”, como dicen algunos), con al anuencia de sus más cercanos asesores y funcionarios y, quién sabe –a lo sumo, con todos estos antecedentes, sí-, si con su complacencia misma. Miente, cuando en sus políticas de pago de recompensa, deja implícito que cualquier acto sanguinario y criminal es válido y perdonable desde el punto de vista jurídico y moral, con tal de que le den la satisfacción de recibir “la mano derecha” de cualquier subversivo. Miente cuando se atornilla a un sillón presidencial con sumo descaro y cinismo, mientras sus principales alfiles políticos y militares (casos de un abanico resumido: Rito Alejo del Río, El exdirector del DAS, más de 70 aliados políticos entre otros), han ido a parar a la cárcel por violación a derechos humanos unos, por alianzas con narcoparamilitares otros, y los demás estás siendo objeto de seguimiento por los demostrados casos de cohecho que han salido a la luz pública a partir del capítulo mal denominado “la yidispolítica”. Miente, cuando sin mirar que culpables pueden haber en la Casa de Nariño, acepta la renuncia de una sola funcionaria del DAS, luego que se destapa el escándalo de ordenes impartidas para comenzar una cacería de brujas dentro de la militancia del Polo Alternativo Democrático, única fuerza que le ha hecho oposición a sus nefastas políticas para el país.
En qué nación cabe, entonces, que un jefe máximo de las fuerzas militares, que sopese tantos cuestionamientos y contradicciones, siga al frente del poder como si nada, que se de el lujo de endosarle las culpas a sus subalternos y continuar imbatible, cual mesías libre de todo pecado a pesar de las sombras que le circundan por todo lado, solo en Colombia, un país donde cómo dije antes, padecemos el infortunio del más alto y deplorable analfabetismo, un país donde el criterio político de sus ciudadanos y ciudadanas es comprable con las dádivas o limosnas que a diestra y siniestra reparte la presidencia desde su estratégico programa de “Acción Social”, dónde las élites políticas se aprovechan del hambre y las necesidades de unas mayorías pobres y miserables para comprar sus conciencias.
Porque la responsabilidad le cabe es al que pinta la oportunidad incentivando la extralimitación en el poder de la fuerza pública, el primero en renunciar debería ser el Presidente, el Jefe Supremo de unas Fuerzas Armadas que enlodan el nombre del país a nivel internacional con estos crímenes de lesa humanidad, hacía los que la Corte Penal Internacional –a esa que le teme tanto el señor Presidente-, tendrá que mirar en cualquier momento. En otro país, donde haya menos indiferencia para con la impunidad, donde el terror esté menos sembrado de olvido, un país con gobernantes más serios y éticos, una vergüenza de este tamaño no quedaría impune. Porque no crean que las destituciones de los militares las hace el Supremo por su fuerte convicción de lo que debe ser el respeto a los Derechos Humanos, pues así como una vez mandó a que los congresistas parapolíticos legislaran a su favor mientras no estuvieren en la cárcel, muy seguramente en estos momentos el mensaje a sus tropas militares debe ser sigan adelante muchachos mientras no los tengan que destituir por la presión de los entes internacionales de derechos humanos, que al fin de cuentas son los únicos que pueden hacer mella en su posición tiránica.
He dicho, por ahora.
CAMPAÑA UN MILLON DE POEMAS CONTRA LA GUERRA, LA IMPUNIDAD Y EL OLVIDO
INFORMACIÓN Y POEMAS RECIBIDOS EN: http://unmillondepoemas.blogspot.com/
Para poetas y no poetas, para todas aquellas personas sensibles a la vida y la paz con justicia integral.
Lanzamiento Nacional de la Campaña: viernes, septiembre 12 de 2008.
Hora: 12 meridiano
Lugar; Plaza Bolívar de Bogotá.
Ni impunidad ni olvido, por la Memoria, por las víctimas de la violencia, por los más de tres millones de desplazados, por los más de 10 mil desaparecidos, por la reparación y la justicia: 1 MILLÓN DE POEMAS CONTRA LA ACTITUD BÉLICA DEL ESTABLECIMIENTO NACIONAL.
Impulsa: SINAPSIS Corporación para el desarrollo socio cultural - http://corporacionsinapsis.blogspot.com/
¿Por qué un millón de poemas?
La primera consideración que quiero hacer es que esta convocatoria no es sólo para poetas y escritores de oficio, es una convocatoria abierta, amplia, plural que busca despertar sensibilidades en los ciudadanos y ciudadanas que a partir del verso, la copla, el canto, el coro, las cartas y las crónicas quieran aportar un testimonio para la memoria, para combatir la epidemia del olvido que destruyó a Macondo y amenaza con destruir a Colombia entera.
Por qué desde la poesía?, porque la poesía es arte, y el arte tiene como misión recrear desde los escenarios de la imaginación aquellos episodios que en la historia oficial son elípticos, porque el arte ha demostrado que existe para llenar los vacíos de una historia que por lo general es escrita por historiadores oficiales que suelen olvidar de adrede, evadir algunas verdades incomodas y vergonzantes para los gobernantes. Porque hoy más que nunca la historia está siendo escrita por los victimarios, y el arte ha demostrado grandes virtudes para mantener en sus escenarios la memoria y la verdad verdadera, de manera apócrifa, desde el sentimiento y el sufrimiento popular.
Porque, como escuché esta semana en uno de los tantos eventos realizados en el marco de la Semana por la Paz, porque el arte es memoria, porque el arte va a desenterrar los muertos que entierran los historiadores y niegan los victimarios.
¿Por qué contra la guerra, la impunidad y el olvido?
Contra la guerra, porque hay que denunciar ya que la guerra es una estrategia económica y política que no sólo la hacen los grupos armados ilegales que tanto persiguen las fuerzas oficiales. La guerra genera dividendos económicos y políticos para ideólogos, autores intelectuales y financiadores que –perteneciendo al establecimiento- han acrecentado con ella –la guerra-, sus latifundios –más de cinco millones de hectáreas robadas a las víctimas de la violencia, en los últimos 15 años, así lo demuestran-; genera dividendos políticos – la violencia conservadora contra el liberalismo en la denominada violencia política luego del asesinato de Gaitán, luego, la violencia del binomio liberal conservador contra la izquierda comunista, ahora: los actuales procesos de la parapolítica y el fortalecimiento electoral de aquellos grupos de extrema derecha en regiones donde los asesinos han exterminado –con total impunidad- la oposición política, así lo demuestran. La guerra en Colombia es un hecho vergonzante que permanentemente ha sido impulsada por las élites políticas y económicas para preservar los privilegios que les da el poder y por eso han creado monstruos generadores de terror y muerte que primero llamaron pájaros y hoy denominan paracos. Paracos que quieren legitimar con una guerra antisubversiva, una guerra contra unas guerrillas que por el desgaste de una lucha larga y prolongada se han deteriorado y hacen más compleja e incierta la realidad de los colombianos y colombianas que tanto anhelamos nuestro derecho a vivir en paz.
Contra la guerra porque es hora, entonces, de que aceptemos que en Colombia sigue existiendo un conflicto, que los actores armados continúan su fortalecimiento cada uno por su lado: los paramilitares bajo la protección de la mal llamada ley de justicia y paz, con nuevos nombres y nuevos comandantes que han relevado a los que hoy por hoy gozan de los beneficios otorgados por un gobierno que les resulta demasiado afectuoso; la guerrilla, porque a pesar de los duros golpes que a sus estructuras les han dado las acciones combinadas del ejército nacional con los paramilitares, muy seguramente están acumulando fuerzas desde las retaguardias a las cuales se han ido retirando para contener las acciones de sus enemigos naturales y saldrán cuando menos lo esperemos, a contraatacar y recuperar territorios con acciones tan violentas que van a afectar, lastimosamente, la población civil que esté a su paso; y la fuerza pública, porque la política guerrerista del actual gobierno les ha abonado el camino de la inmunidad para la acción del todo se vale, todo está permitido, la guerra hay que ganarla a cualquier precio (aún, a costa de burlar convenciones y símbolos establecidos internacionalmente para crear espacios de neutralidad y humanitarismo en medio de la guerra), no sólo con el fortalecimiento a los presupuestos para el gasto militar, sino que además con la protección indiscriminada a aquellos generales que como Rito Alejo del Río –que mancillan y desdicen del honor del ejército nacional por sus acciones violatorias a los derechos humanos-, se han venido burlando de la justicia colombiana a pesar de sus crímenes de lesa humanidad.
Contra la guerra porque también hay que hacer un juicio a los financiadores de la guerra, a quienes han propiciado durante décadas la aparición y fortalecimiento de los grupos paramilitares y sacado múltiples beneficios de la acción criminal de dichos grupos: empresas internacionales, gremios nacionales, las élites políticas y económicas que hoy se han ido descubriendo gracias a los valientes procesos investigativos que ha adelantado la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de la parapolítica nacional que, entre otras cosas, involucra un alto número de congresistas y dirigentes políticos muy allegados al actual gobierno colombiano.
Contra la impunidad porque es imposible la reconciliación nacional sin verdaderos hechos de justicia, verdad y reparación integral para las víctimas. Porque hay que revisar profundamente los actuales procesos de “negociación” entre el narcoparamilitarismo y el gobierno nacional, porque es injusto que 19 mil victimarios -integrantes del paramilitarismo- anden libres por las calles y pueblos del país, gozando de beneficios económicos de un proceso de reinserción aún no legalizado en acto legislativo alguno y sin la apertura de verdaderos procesos judiciales que los lleve a asumir sus responsabilidades por los crímenes cometidos, mientras que más de tres millones de desplazados y desplazadas andan viviendo los rigores y la inclemencia de la miseria a los cuales los han arrojado los narcoparamilitares y terratenientes del país que se han robado sus tierras –más de cuatro millones de hectáreas usurpadas en este proceso de contrareforma agraria armada en los últimos 15 años-, y por la indolencia de un gobierno que se ha caracterizado por cuidar más los intereses económicos y políticos de los mismos victimarios que por verdaderos procesos de justicia y dignidad social de las víctimas del conflicto. Porque muchos de los paramilitares libres, hasta hace poco tiempo de bajo perfil en las filas de sus grupos, ahora administran carteles del delito que perpetuán la guerra sucia, como pasa en Medellín, además de continuar administrando los negocios ilegales de sus patrones que, hoy desde las cárceles colombianas y estadounidenses, tienen total libertad para seguir orientando a sus subalternos en la acción criminal y delictiva.
Contra el olvido, porque ningún gobierno está legitimado para decretar la desmemoria, porque en Colombia además del terrible crimen del secuestro, cometido igual por paramilitares, guerrilleros y delincuentes comunes al servicio de los diferentes grupos ilegales colombianos, no podemos olvidar que también hay más de tres millones de desplazados, secuestrados por el hambre y la pobreza en sectores tuguriales de las grandes ciudades del país; miles de madres, padres, esposas, hijas, hijos, hermanos, mujeres y hombres secuestrados por el duelo no elaborado, el dolor y la incertidumbre, de no haber sabido nunca cual fue el verdadero suplicio de casi 10 mil desaparecidos, torturados y abandonados en fosas comunes. Porque tampoco podemos olvidar el magnicidio de la Unión Patriótica, el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, y tantos otros dirigentes colombianos que cayeron asesinados sin que hasta el día de hoy se hayan establecido claros procesos de vinculación judicial a autores intelectuales que dada la situación del país, muy seguramente, están más cerca de las puertas del Palacio de Nariño que de una cárcel colombiana.
Para finalizar, muy seguramente muchos de ustedes estarán pensando en la dureza de este discurso, en cuánto contraste deben tener estas palabras que se expresan en medios de una convocatoria que habla de poesía y arte; pero es que precisamente esta campaña nace del embate de esta absurda realidad de violencia política que nos persigue hace más de cincuenta años, nos mueve la dura situación de millones de víctimas de la violencia, partimos del principio de que el nuestro es un país en guerra, y por eso mismo, elucubramos para que haya más poesía y menos bravuconería, para que la poesía destierre este tipo de discursos donde solo acecha la injusticia, para que la poesía destierre la tiranía de los representantes de la muerte, más poesía y solo más poesía para que Colombia por fin, se vista del color de la esperanza y la alegría.
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