martes, 7 de julio de 2009

"falsos positivos": 1666 crímenes cometidos por la Fuerza Pública Colombiana


Hace unos siete meses escribí esta nota para el blog "OPIBLOG ALTERNATIVO". La reedito el día de hoy dada la atroz vigencia del tema

¿EN QUIÉN RECAE LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS 1666 CASOS QUE EL GOBIERNO URIBE, CÍNICAMENTE HA DENOMINADO "FALSOS POSITIVOS", Y QUE EN UNA DEMOCRACIA REAL Y RESPETUOSA DEL DERECHO A LA VIDA, NO SERÍAN MÁS QUE SALDOS NEGATIVOS DE LA ACCIÓN BARBARA DE UNAS FUERZAS MILITARES CONTAMINADAS POR LA ACCIÓN CRIMINAL?

Falsos positivos, entiéndase acción criminal de la fuerza pública sobre cientos de jóvenes y campesinos inocentes como producto principal de la política de seguridad democrática uribista

Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos
domingo 2 de noviembre de 2008

“Matar inocentes es un crimen por el que hay que rendir cuentas” – frase del pueblo Sirio para Estados Unidos que podría tener plena aplicación en el caso colombiano actual.

“La oportunidad hace al criminal”, parodia de un viejo refrán popular que podríamos aplicar para decir que la oportunidad –en este caso-, la pinta el Presidente con sus recompensas y política guerrerista donde se premia la barbarie, se condecoran y ascienden de rango a los barbaros detrás de una pretendida guerra antisubversiva que lo único que ha logrado es una serie de falsos positivos (entiéndase acción criminal de la fuerza pública sobre cientos de jóvenes y campesinos inocentes como producto principal de la política de seguridad democrática uribista- que, en su periodo de gobierno, han cobrado la vida ya, de cientos de civiles colombianos a los que han hecho pasar como dados de baja en combates.

Por eso conformase con la salida de unos cuántos militares, decir que el mal está remediado, que el señor Presidente ha cumplido con lo que tenía que hacer, pese al dolor “patriótico” que le produce a unas fuerzas militares que lo han secundado en sus políticas guerreristas, no es suficiente, pues lo que está sucediendo no es sólo la consecuencia de unas políticas mal formuladas en lo que a seguridad se refiere sino que también a la incoherencia moral y ética de un Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que legítima la barbarie y altera todo principio constitucional con tal de mantenerse en el poder. La fórmula es sencilla, tan sencilla que es receta de abuela: si usted tiene un niño y este sufre de parásitos no es suficiente con darle un antiparasitario, sino corta de tajo las causas que le producen la enfermedad, ésta se reproducirá sin mayor aviso al poco tiempo.

Las causas de extralimitación del poder militar están precisamente en la voluntad presidencial de romper toda norma ética con tal de ganarle la guerra a las FARC, en una guerra, que para el señor presidente, parece más personal que institucional, donde pesa más la ansiedad de la venganza por los hechos del pasado que la generosidad de una política de paz para con el país mismo, o para la “patria” como dice él, su “patria” o la “patria” de las élites que lo acompañan en su desmedido afán de poder reeleccionista, no la Patria de la mayoría de Colombianos y Colombianas desprotegidos de reales condiciones de vida digna.

En el panorama nacional, no es novedad que la Fuerza Pública esté involucrada en casos de violación de derechos humanos, ésta situación ha sido permanente y con mucha fuerza desde el modelo de estatuto de seguridad nacional que implantó Julio Cesar Turbay Ayala (expresidente del cual es discípulo el señor Uribe Vélez), y que condujo a los más altos niveles de violación de derechos humanos por parte del ejército, cosa bastante documentada a nivel internacional por importantes ONGs. Por lo tanto lo que le compete al país, ya que ni el señor presidente, ni su ministro de defensa lo van a hacer, es revisar de manera estructural cuáles son las causas que desembocan en las terribles consecuencias que llevan a los militares a romper cualquier precepto político, moral y constitucional con tal dar partes de victoria a su jefe mayor, el máximo comandante de la fuerza pública que les impele desde su mandato de seguridad democrática, una cuota de sangre enemiga diaria –así estos partes de victoria sean los bochornosos falsos positivos a los que nos han tratado de acostumbrar desde el principio de la era presidencial del “príncipe” como lo denominaré al columnista Felipe Zuleta. En este caso, “el príncipe de las tinieblas” será.

En otro país, donde no haya el infortunio del analfabetismo político que asfixia a Colombia, donde el criterio político de sus ciudadanos y ciudadanas no sea comprable con las dádivas o limosnas que a diestra y siniestra reparte la presidencia desde su estratégico programa de “Acción Social”, dónde las élites políticas no se aprovechen del hambre y las necesidades de unas mayorías pobres y miserables para comprar sus conciencias; esa misma ciudadanía optaría por la depuración ética y moral del Sistema o Establecimiento que somete a sus conciudadanos a la tortura diaria de las masacres, los desplazamientos, la desaparición, el robo de las tierras a sus campesinos, entre tantas otras variables de violación a los derechos humanos que se ha impuesto como estrategia institucional (crímenes de Estado llamaríamos de alguna manera), para hacer más ricos a los ricos y cada vez más miserables a los pobres.

Para nada es legítimo (moral, ética y políticamente hablando), que ante situaciones de violencia institucional un presidente mienta tanto. Miente cuando afirma que su política de seguridad democrática es un éxito rotundo, pero se contradice cuando acusa a todo movimiento social que le reclame por sus derechos, de estar infiltrado por la subversión; miente cuando dice que no hay conflicto, pero se contradice cuando empodera y blinda a sus fuerzas militares para la guerra y cuando hace de la guerra misma su plataforma para su perpetuidad presidencial. Miente cuando afirma que la fuerza pública no dispara contra las manifestaciones indígenas y los asesina, pero los medios de información internacional (que no los nacionales), demuestran lo contrario. Miente cuando dice que los emblemas internacionales de aquellas instancias que como la Cruz Roja Internacional, los cuales son símbolo de neutralidad, no han sido usados de manera intencional para engañar al enemigo, pero luego, poco a poco se esclarece lo contrario. Miente cuando sale ante los medios de comunicación, a dar débiles explicaciones de por qué y cómo es que delincuentes narcoparamilitares se dan el lujo de visitar la casa de Nariño (o casa de “nari”, como dicen algunos), con al anuencia de sus más cercanos asesores y funcionarios y, quién sabe –a lo sumo, con todos estos antecedentes, sí-, si con su complacencia misma. Miente, cuando en sus políticas de pago de recompensa, deja implícito que cualquier acto sanguinario y criminal es válido y perdonable desde el punto de vista jurídico y moral, con tal de que le den la satisfacción de recibir “la mano derecha” de cualquier subversivo. Miente cuando se atornilla a un sillón presidencial con sumo descaro y cinismo, mientras sus principales alfiles políticos y militares (casos de un abanico resumido: Rito Alejo del Río, El exdirector del DAS, más de 70 aliados políticos entre otros), han ido a parar a la cárcel por violación a derechos humanos unos, por alianzas con narcoparamilitares otros, y los demás estás siendo objeto de seguimiento por los demostrados casos de cohecho que han salido a la luz pública a partir del capítulo mal denominado “la yidispolítica”. Miente, cuando sin mirar que culpables pueden haber en la Casa de Nariño, acepta la renuncia de una sola funcionaria del DAS, luego que se destapa el escándalo de ordenes impartidas para comenzar una cacería de brujas dentro de la militancia del Polo Alternativo Democrático, única fuerza que le ha hecho oposición a sus nefastas políticas para el país.

En qué nación cabe, entonces, que un jefe máximo de las fuerzas militares, que sopese tantos cuestionamientos y contradicciones, siga al frente del poder como si nada, que se de el lujo de endosarle las culpas a sus subalternos y continuar imbatible, cual mesías libre de todo pecado a pesar de las sombras que le circundan por todo lado, solo en Colombia, un país donde cómo dije antes, padecemos el infortunio del más alto y deplorable analfabetismo, un país donde el criterio político de sus ciudadanos y ciudadanas es comprable con las dádivas o limosnas que a diestra y siniestra reparte la presidencia desde su estratégico programa de “Acción Social”, dónde las élites políticas se aprovechan del hambre y las necesidades de unas mayorías pobres y miserables para comprar sus conciencias.

Porque la responsabilidad le cabe es al que pinta la oportunidad incentivando la extralimitación en el poder de la fuerza pública, el primero en renunciar debería ser el Presidente, el Jefe Supremo de unas Fuerzas Armadas que enlodan el nombre del país a nivel internacional con estos crímenes de lesa humanidad, hacía los que la Corte Penal Internacional –a esa que le teme tanto el señor Presidente-, tendrá que mirar en cualquier momento. En otro país, donde haya menos indiferencia para con la impunidad, donde el terror esté menos sembrado de olvido, un país con gobernantes más serios y éticos, una vergüenza de este tamaño no quedaría impune. Porque no crean que las destituciones de los militares las hace el Supremo por su fuerte convicción de lo que debe ser el respeto a los Derechos Humanos, pues así como una vez mandó a que los congresistas parapolíticos legislaran a su favor mientras no estuvieren en la cárcel, muy seguramente en estos momentos el mensaje a sus tropas militares debe ser sigan adelante muchachos mientras no los tengan que destituir por la presión de los entes internacionales de derechos humanos, que al fin de cuentas son los únicos que pueden hacer mella en su posición tiránica.

He dicho, por ahora.

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