Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos.
• Las niñas mártires de la Vírgen de la Roca • Comunidad de Paz de San José de Apartadó • Falsos Positivos de Soacha • Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar.
Un recorrido periodístico por varios casos de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano, aparentemente diferentes, pero que tienen como puntos de encuentro o hilo conductor la misma gravedad de los hechos de vulneración a los derechos y garantías de justicia, dignidad y vida de los colombianos, así como un desenlace común en la mayoría de las investigaciones y preocupaciones de los gobernantes y administradores de justicia colombianos: la impunidad y el olvido.
La impunidad y el olvido: Común denominador en procesos de justicia colombiana ante casos de violación de Derechos Humanos.
En diferentes diarios de circulación nacional, entre ellos el Periódico El Colombiano de Medellín, se publicaba, los primeros días del mes de agosto de 2010, sobre la exoneración en primera instancia de los militares involucrados en la masacre de varias personas de la comunidad de paz, entre ellas varios niños de tan solo 11, 5 y 2 años; masacre que conmovería la opinión internacional más que la nacional por la gran dosis de barbarie con la cual se cometió y en la que actuarían fuerzas conjuntas de la XVII Brigada Militar de Urabá y varios paramilitares, “Según este fallo, de primera instancia, proferido el pasado jueves, no se pudo comprobar la responsabilidad de diez oficiales y suboficiales de la Brigada XVII, en la muerte de estas personas, las cuales fueron descuartizadas.” (diario el Colombiano, 6 de agosto de 2010).
Dos semanas después, el 19 de agosto, El diario El espectador, daría cuenta de la recuperación de la libertad de los responsables de los autodenominados “falsos positivos”, en palabras del Fiscal general de la Nación, porque “hay un desenfoque en las decisiones de los jueces de garantías en el caso de las ejecuciones extrajudiciales”, según el mismo fiscal “Hay muchísimos casos que están en juicio y procesados que aunque hayan quedado en libertad no significa que estén libres; que hayan salido del problema, eso ha sido por vencimiento de términos y por desenfoque de los jueces”; Según la tesis del Fiscal, el desenfoque de los jueces se debería a que no entendieron que los vencimientos de términos de los procesos se deben a las estrategias dilatorias de la defensa de los militares procesados por casi 2 mil asesinatos extrajudiciales de jóvenes de extracción humilde, por lo general, a quienes harían pasar como subversivos dados de baja en supuestas confrontaciones militares.
De otro lado, si de algo están seguros los campesinos y habitantes de la región del Sumapaz, en Bogotá y Cundinamarca, es que las autoridades encargadas de administrar justicia, no han dado la importancia debida a los diferentes casos denunciados por atropellos militares, que van desde asesinatos, robo de ganado y mercados, y que se vienen sucediendo de manera sistemática en los últimos años, luego de que se anunciara el diseño de un mega proyecto que comprende la construcción de dos hidroeléctricas y nueve represas en este Páramo reserva natural del mundo, donde se anuncia desde ya el desplazamiento de los cientos de familias que tradicionalmente han habitado dicho territorio.
Estos párrafos de entrada, son el inicio de un recorrido periodístico por tres casos de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano, aparentemente diferentes, pero que tienen como puntos de encuentro o hilo conductor la misma gravedad de los hechos de vulneración a los derechos y garantías de justicia, dignidad y vida de los colombianos, así como un desenlace común en la mayoría de las investigaciones y preocupaciones de los gobernantes y administradores de justicia colombianos: la impunidad y el olvido.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó en peregrinación por Cundinamarca y Bogotá.
Se denominó la Peregrinación Grace 2010. Liderada por la Comunidad de Tamera de Portugal, comunidad que se ha declarado pueblo hermano de San José de Apartadó, y el padre jesuita Javier Giraldo, quien ha dedicado toda su energía al acompañamiento a la comunidad de paz.
Como punto de partida de la peregrinación por el centro de Cundinamarca y Bogotá, se eligió el municipio de Facatativá. El domingo 31 de octubre, se encontrarían en este municipio una delegación de aproximadamente 80 extranjeros y unos 70 miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó. El autor del presente documento periodístico acompañó los nueve días de recorrido de la peregrinación que terminaría con un encuentro de intercambio de experiencias en resistencia y defensa del territorio en Sumapaz, localidad 20 de Bogotá, luego de atravesar varias localidades de la capital colombiana, llegar hasta Cazucá en Soacha (municipio donde se abriera, en 2008, el escándalo de los denominados “falsos positivos”); y de realizar varios actos simbólicos y de memoria frente a instancias públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Vicepresidencia y el Congreso Nacional de la República.
Desde este recorrido, con la comunidad misma y apoyado en algunos documentos de bibliografía existentes, se hace la presente reconstrucción de la coyuntura e impunidad vivida por estas comunidades que han sido sometidas al dolor y el duelo permanente por la pérdida de sus familiares en manos de los grupos armados del conflicto colombiano, en especial por los grupos paramilitares en alianza con la fuerza pública colombiana, aunque en el caso de San José de Apartadó hay que sumar algunos casos de violencia perpetrados por la guerrilla de las FARC. “... Entonces comenzamos a resistir y a organizarnos, a rechazar la presencia de la fuerza pública en el corregimiento por el mismo compromiso que habíamos hecho de la neutralidad… y como decía el compañero en la ponencia, a finales del año 97, fue la guerrilla que nos asesinó tres líderes muy importantes, un golpe muy duro… la guerrilla veía como que nosotros éramos como una amenaza para ellos, porque no les prestábamos auxilio a ellos, no les vendíamos, no les dábamos información… entonces teníamos el atropello de todos los grupos armados…” (Testimonio de un miembro del Consejo Directivo de la Comunidad de Paz en la localidad de Sumapaz).
El caso de las niñas mártires de la Virgen de la Roca en Facatativá: “El olvido como bálsamo para el dolor en las víctimas, una estrategia de impunidad en los victimarios”.
La peregrinación de paz con la comunidad de San José de Apartadó, da inicio con una visita al lugar “La Virgen de la Roca” en la periferia de Facatativá, municipio del departamento de Cundinamarca. Allí, un caserío de cartón, tablas y plásticos, algunas carpas donadas por la comunidad. Residen unas 80 personas que mal viven del reciclaje y por temporadas de la industria de las flores, de resto, del rebusque, oficios varios mal pagos y no estables.
La presión para que las familias ubicadas allí, desde la Alcaldía misma y otros sectores pudientes del municipio, ha llegado al extremo de, en contubernio con la fuerza pública, incendiar el rancherío, como sucedió en el año de 2008 cuando desde un helicóptero militar les arrojaron elementos incendiarios que no solo acabó con las pocas pertenencias de los recicladores sino que también terminó con la vida de dos niñas de tan solo 8 y 16 años. Hechos por los cuales, aún no hay responsables judicializados.
Cuando entrevisto a la madre de las niñas muertas en dicho holocausto, la mujer tartamudea, el dolor, a pesar del tiempo transcurrido parece ahogarle las palabras, “es que uno ya ni quiere acordarse de eso, para qué… ya lo que pasó…”; una tía de las niñas interrumpe a la madre para aseverar “Todo fue tan rápido que uno no sabe ni cómo fue… Estábamos, como a eso de las 10 de la noche, arreglando unas gallinas de una contrata que tenemos, cuando se vino todo…”. Será doña Rosa, la abuela de las niñas, quien nos relate los hechos en los cuales no sólo aparece este funesto episodio, sino también otra serie de hostigamientos del gobierno local y la fuerza pública para que desalojen su territorio.
“Uno quisiera olvidar”, afirma una víctima del desplazamiento en algún documento que he leído con anterioridad. Dicha afirmación sumada a las afirmaciones iníciales de los familiares de Karen y Lorena, las niñas sacrificadas en la Virgen de la Roca en Facatativá, nos llevaría a la fácil conclusión de que a las víctimas del conflicto de este país, país sin asombros donde durante casi ocho años el 84% de la población se declaró afecta a las políticas de guerra y del terrorismo de Estado propugnado desde la Casa de Nariño, las ha golpeado tanto la indiferencia y la indolencia que ese 84%, ha demostrado ante la barbarie, que muchos de ellos, victimas, son los primeros en querer olvidar los trágicos sucesos que les ha humillado y sacrificado su garantía a la vida y la dignidad. Allí los veremos por largo tiempo, abandonados por esta sociedad que les ha dado la espalda, tirados a su suerte en las calles, plantados ante un semáforo en las grandes urbes colombianas con la mendicidad como única alternativa posible, sin más derecho al resarcimiento de sus derechos vulnerados, queriendo enterrar cualquier posibilidad de reconstrucción de memoria y con esto el allanamiento del camino hacia la verdad y la justicia.
San José de Apartadó.
El 16 de agosto de 1996, fue asesinado, en la terminal de transporte de Apartadó, el Concejal de la Unión Patriótica y fundador del corregimiento de San José de Apartadó, BARTOLOMÉ CATAÑO, “garantía de sabiduría y honestidad”, le diría la Ex Alcaldesa de Apartadó y Ex senadora Gloria Cuartas Montoya al periodista Javier Darío Restrepo que realizaba un amplio reportaje sobre la situación de la zona. “El sicario le disparó tres veces por la espalda y los impactos arrojaron al viejo de bruces sobre el suelo, pero enseguida se incorporó, recogió los papeles que llevaba en la mano, se puso su sombrero de paja, agarró su bastón y echó a andar como si todo se hubiera reducido a un simple tropezón. El asesino asombrado ante el vigor inesperado de este hombre de 74 años, de unos cuantos saltos se le plantó delante y disparó su arma esta vez contra la cara. Cuando cayó desfigurado por su sangre, ya estaba muerto”, relata el periodista en la edición de marzo 15 de 1997 de la desaparecida revista Alternativa.
Con este asesinato, ocurrido en pleno perímetro urbano a la luz del día como tantos otros asesinatos de dirigentes políticos y comunales de izquierda, ocurridos por esos mismos días, a unos 20 kilómetros de su casa en el sector rural de San José de Apartadó, los paramilitares y sus “Comandos Populares” en Apartadó, mandaban un mensaje contundente: estaban adentrándose en las entrañas mismas, en lo más íntimo de este corregimiento bastión de la UP y el Partido Comunista, y corredor estratégico por donde se había movido durante muchos años, el V Frente de las FARC. Zona que hasta ese momento se podría pensar era impenetrable para el paramilitarismo en su proyecto de expansión a Urabá, como génesis del retorno de las bananeros a la región y de los grupos de ultraderecha a las alcaldías de la región, a través del liberalismo y los reinsertados del antiguo grupo guerrillero EPL, organizados en el Movimiento Político Esperanza Paz y Libertad.
El viejo Bartolo como lo denominasen cariñosamente muchos pobladores de Apartadó, era un símbolo para los campesinos de la región y de San José de Apartadó, se resistió a la muerte como toda la vida se había resistido a la violencia, precisamente huyendo de la violencia de los conservadores sobre los liberales de la mitad del siglo XX, Cataño se había refugiado en las montañas de Urabá. En ese entonces, él era liberal de Raca Mandaca, y huyendo de la violencia, participó de la fundación del corregimiento, junto con otras personas que provenían de Peque y Dabeiba. Años después, desencantado del rumbo que tomaría el partido liberal, tanto en la región como en el país, Bartolomé se haría militante de la Unión Patriótica, y desde este movimiento político fue concejal del municipio en varias oportunidades. Como Concejal y líder de su comunidad participó ampliamente del proceso de construcción de varios proyectos cooperativos y modelos de organización comunitaria y sostenible que garantizaban desarrollo y crecimiento productivo para la población de San José de Apartadó. Una población que se constituía por unas 1500 personas dispersas en las diferentes veredas del corregimiento.
A este golpe, se sumó la masacre en que perdieron la vida SAMUEL ARIAS (Presidente de uno de los proyectos cooperativos más exitosos en la región: la Cooperativa Balsamar); GUSTAVO LOAIZA (Presidente de la Junta de Acción Comunal de San José); MARIA EUGENIA USUGA, en ese momento con cuatro meses de embarazo y JUAN GONZALEZ, miembros de la Junta Directiva de la misma Acción Comunal. Con ese asesinato, perpetrado en el mismo territorio que ellos habitaban, se confirmaba el anuncio que hicieran los paramilitares desde el casco urbano de Apartadó, con el asesinato de Bartolomé Cataño.
La comunidad comenzaba un tránsito de orfandad ante la ausencia de sus principales líderes y lo más complicado, un tránsito por el acoso permanente y la barbarie a la cual la someterían, aún hasta el día de hoy, los grupos paramilitares en gran escala y, en menor escala, una fracción de la guerrilla de las FARC, comandada por el desertor y hoy reinsertado alias Samir (Dafnis Daniel Sierra Martínez), quien fungiera los primeros días de su deserción como colaborador en la XVII Brigada Militar de Urabá y hoy se presenta, como pieza clave en la defensa del proceso judicial que se le sigue al, por algunas personas, denominado “carnicero de Urabá”, por otras como el cuestionado ex presidente Álvaro Uribe (también por sus supuestos vínculos con el narcoparamilitarismo), “el pacificador”: General Rito Alejo del Río, por su contubernio con los grupos paramilitares y participación en varios hechos criminales en la región, mientras fue comandante de dicha brigada militar. Defensa desde la cual, tanto los militares como el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, han aprovechado a alias Samir para construir una serie de montajes que no solo afectan a la comunidad de paz, sino que también a líderes como Gloria Cuartas Montoya (ex alcaldesa de Apartadó y ex senadora), y al Padre Javier Giraldo, acompañantes del proceso de la Comunidad de Paz desde su nacimiento en 1977, y a quienes intentan judicializar como aliados estratégicos de la guerrilla en respuesta a su enconado empeño por la defensa de los derechos humanos.
Otros Antecedentes.
Pero dicho tránsito por la orfandad y su situación a merced de los grupos armados no habría empezado con la muerte de Bartolemé Cataño. El Padre Jesuita Javier Giraldo, relata que desde 1977, se habría abierto el ciclo de la barbarie y las desapariciones forzadas en este corregimiento. En esa fecha, entre el 12 y el 19 de julio, tres patrullas militares compuestas por una veintena de militares entre soldados, tenientes, capitanes y dragoneantes (provenientes de la base militar la Maporita en Chigorodó), sometieron a inclementes torturas a campesinos de la vereda Cabecera de Mulatos, unas 30 personas incluyendo niños y mujeres, acusadas de ser guerrilleras y/o colaboradores de la guerrilla. 11 personas de esta comunidad serían asesinadas por los militares. 6 de ellas habrían sido secuestradas por los miembros del ejército, cuando se retiraron de la zona, posteriormente aparecerían muertas y reportadas por los mismos militares como “bajas” por intento de fuga, En algunos casos los cadáveres de los agricultores aparecieron con artefactos de guerra como municiones de alto calibre, seguramente para hacerlos pasar como guerrilleros. Durante la década de los 80s, la comunidad enfrentaría la represión de una fuerza pública que los miraba con desdén y desconfianza por el hecho de que esta zona rural se habría convertido en el enclave perfecto para la guerrilla de las FARC. La década de los 90s, despertaría en San José de Apartadó con una masacre en la vereda de la Unión (17 de mayo de 1992). Mientras un contingente del Ejército se internaba en la Serranía del Abibe y mantenía un combate con el V Frente de las FARC, un segundo contingente militar atropellaba a varios campesinos de la vereda, amarrándolos a un árbol y obligándolos a que acusaran a sus mismos vecinos de guerrilleros. Al no lograr su cometido, terminarían asesinándolos y presentándolos como dados de baja en combate (fusil, o toga, toga y fusil, Javier Giraldo Moreno, D.J, 2010).
La comunidad de paz.
Tampoco terminaría este tránsito de San José de Apartadó por la orfandad y la barbarie con su constitución como Comunidad de Paz, en el año de 1997. Pues a la fecha y después de declararse neutrales ante cualquier grupo armado, como una forma de protegerse y sobrevivir en su territorio sin tener que enfrentarse al desplazamiento forzoso como lo han tenido que hacer casi 4 millones de personas en el país, durante los últimos 20 años; y a pesar del acompañamiento internacional, esta comunidad ha enfrentado casi 200 asesinatos de miembros pertenecientes a su proceso, tanto en asesinatos selectivos como en masacres.
“Nosotros también hemos sufrido esa persecución desde el año 77, aún cuando en nuestra región no había presencia guerrillera… En los años 80 ocurrieron varias masacres, asesinatos y señalamientos; a mediados del año 95 es cuando se agudiza por la aparición de los paramilitares, en las distintas regiones, que vienen ya como…, actuando en forma conjunta con los militares y generando desplazamientos… (…) Escuchamos cómo los paramilitares venían actuando, terrible, masacres donde descuartizaban a la gente, que con motosierras, que con las herramientas de los mismos campesinos como los machetes…
Es así que en el año 96 se avecinan ya esas matanzas por los lados de Córdoba, a finales del 96 llegan al corregimiento de San José, donde asesinan a varios líderes… Era un corregimiento con 32 veredas, mucho movimiento, un lugar turístico, con muchas fiestas del aguacate, era muy movido… todas las veredas cubiertas de campesinos… Y ese fue un momento muy duro, por lo que prácticamente asesinan las cabezas visibles, los líderes de este corregimiento… En ese momento, los campesinos que vivíamos allí, comenzamos a mirar, a ir llamando a las ONGs para que nos ayudaran a ver como buscábamos una estrategia de poder resistir ahí y evitar el desplazamiento, evitar que mataran al campesino y es así como entonces fuimos armando la propuesta de una neutralidad en la región, de mantenerla con los diferentes actores armados… Y mientras estábamos preparando esa propuesta, estábamos en el año 97, se da una segunda masacre en San José, ahí acabaron de arrasar el resto de líderes que quedaban y nos dieron dos días de plazo para que la gente abandonara el caserío… inmediatamente el caserío de San José quedó completamente desocupado… y aun quedamos, pues familias de algunas veredas, de 32 veredas quedábamos familias como de 8, que seguíamos con la necedad de hacer como ese acuerdo de firmar esa declaración… (Testimonio de un miembro del Consejo Directivo de la Comunidad de Paz en la localidad de Sumapaz).
“El 23 de marzo de 1997, Domingo de Ramos en el calendario católico, se llevó a cabo la ceremonia de oficialización de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El Obispo de Apartadó, Monseñor Tulio Duque Gutiérrez, así como un grupo de parlamentarios de Holanda y delegados de diversas organizaciones nacionales y regionales, asistieron al evento. Habían precedido muchos meses de discusión del texto de la DECLARACIÓN, en el cual se recogía el espíritu de los Convenios de ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario, afirmando los derechos de la población civil en medio del conflicto armado. (…) La idea original la había lanzado el primer Obispo católico de Apartadó, Monseñor Isaías Duarte Cansino, quien ya para entonces había sido trasladado a Cali donde fue asesinado en 2003…” (Padre Javier Giraldo S.J. en Fusil o Toga, Toga o Fusil, 2010).
Luego de la firma del acuerdo como comunidad de paz, entre marzo de 1997 y abril de 1998, en su primer año de acuerdo, los campesinos sufrieron 26 acciones de agresión por parte de los grupos armados, sobretodo de los grupos paramilitares en contubernio con militares. Agresiones que implicaron terribles masacres y asesinatos con un saldo de unas 40 víctimas. La barbarie persistiría, año tras año, con un aumento escabroso en el año 2000 y luego en el 2002, sin detenerse en ningún momento hasta el actual 2010, durante la era de la “seguridad democrática”, a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, principal contradictor de esta experiencia de resistencia y paz que obtendría en reconocimiento a su persistencia pacífica, el Premio Internacional de Paz Aquisgran, Alemania; en el año 2007.
Nota. San José de Apartadó es uno de los tres corregimientos del municipio de Apartadó en la denominada zona del eje bananero en la región del Urabá antioqueño, al noroccidente de Colombia. Este corregimiento estaba integrado en 1997, por 32 veredas. Unos 12 kilómetros de camino separan el perímetro urbano del municipio y el lugar donde se ha concentrado, desde 1997, la población rural. A su vez, la región de Urabá (integrada por 20 municipios de Córdoba, Chocó y Antioquia -11 municipios pertenecen a este último departamento-), limita con Panamá y el Océano Atlántico (Golfo de Urabá). Según Andrés Fernando Suárez en el libro Identidades políticas y exterminio recíproco, masacre y guerra en Urabá, entre 1991 y 2001, en el Urabá antioqueño, se registraron 97 masacres. 43 de éstas, se registraron en el eje bananero, entre los años 1995 y 1997, año en que naciera la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Próxima entrega: La Masacre de 2005 y el caso de los falsos positivos de Soacha.
La impunidad y el olvido: Común denominador en procesos de justicia colombiana ante casos de violación de Derechos Humanos.
En diferentes diarios de circulación nacional, entre ellos el Periódico El Colombiano de Medellín, se publicaba, los primeros días del mes de agosto de 2010, sobre la exoneración en primera instancia de los militares involucrados en la masacre de varias personas de la comunidad de paz, entre ellas varios niños de tan solo 11, 5 y 2 años; masacre que conmovería la opinión internacional más que la nacional por la gran dosis de barbarie con la cual se cometió y en la que actuarían fuerzas conjuntas de la XVII Brigada Militar de Urabá y varios paramilitares, “Según este fallo, de primera instancia, proferido el pasado jueves, no se pudo comprobar la responsabilidad de diez oficiales y suboficiales de la Brigada XVII, en la muerte de estas personas, las cuales fueron descuartizadas.” (diario el Colombiano, 6 de agosto de 2010).
Dos semanas después, el 19 de agosto, El diario El espectador, daría cuenta de la recuperación de la libertad de los responsables de los autodenominados “falsos positivos”, en palabras del Fiscal general de la Nación, porque “hay un desenfoque en las decisiones de los jueces de garantías en el caso de las ejecuciones extrajudiciales”, según el mismo fiscal “Hay muchísimos casos que están en juicio y procesados que aunque hayan quedado en libertad no significa que estén libres; que hayan salido del problema, eso ha sido por vencimiento de términos y por desenfoque de los jueces”; Según la tesis del Fiscal, el desenfoque de los jueces se debería a que no entendieron que los vencimientos de términos de los procesos se deben a las estrategias dilatorias de la defensa de los militares procesados por casi 2 mil asesinatos extrajudiciales de jóvenes de extracción humilde, por lo general, a quienes harían pasar como subversivos dados de baja en supuestas confrontaciones militares.
De otro lado, si de algo están seguros los campesinos y habitantes de la región del Sumapaz, en Bogotá y Cundinamarca, es que las autoridades encargadas de administrar justicia, no han dado la importancia debida a los diferentes casos denunciados por atropellos militares, que van desde asesinatos, robo de ganado y mercados, y que se vienen sucediendo de manera sistemática en los últimos años, luego de que se anunciara el diseño de un mega proyecto que comprende la construcción de dos hidroeléctricas y nueve represas en este Páramo reserva natural del mundo, donde se anuncia desde ya el desplazamiento de los cientos de familias que tradicionalmente han habitado dicho territorio.
Estos párrafos de entrada, son el inicio de un recorrido periodístico por tres casos de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano, aparentemente diferentes, pero que tienen como puntos de encuentro o hilo conductor la misma gravedad de los hechos de vulneración a los derechos y garantías de justicia, dignidad y vida de los colombianos, así como un desenlace común en la mayoría de las investigaciones y preocupaciones de los gobernantes y administradores de justicia colombianos: la impunidad y el olvido.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó en peregrinación por Cundinamarca y Bogotá.
Se denominó la Peregrinación Grace 2010. Liderada por la Comunidad de Tamera de Portugal, comunidad que se ha declarado pueblo hermano de San José de Apartadó, y el padre jesuita Javier Giraldo, quien ha dedicado toda su energía al acompañamiento a la comunidad de paz.
Como punto de partida de la peregrinación por el centro de Cundinamarca y Bogotá, se eligió el municipio de Facatativá. El domingo 31 de octubre, se encontrarían en este municipio una delegación de aproximadamente 80 extranjeros y unos 70 miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó. El autor del presente documento periodístico acompañó los nueve días de recorrido de la peregrinación que terminaría con un encuentro de intercambio de experiencias en resistencia y defensa del territorio en Sumapaz, localidad 20 de Bogotá, luego de atravesar varias localidades de la capital colombiana, llegar hasta Cazucá en Soacha (municipio donde se abriera, en 2008, el escándalo de los denominados “falsos positivos”); y de realizar varios actos simbólicos y de memoria frente a instancias públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Vicepresidencia y el Congreso Nacional de la República.
Desde este recorrido, con la comunidad misma y apoyado en algunos documentos de bibliografía existentes, se hace la presente reconstrucción de la coyuntura e impunidad vivida por estas comunidades que han sido sometidas al dolor y el duelo permanente por la pérdida de sus familiares en manos de los grupos armados del conflicto colombiano, en especial por los grupos paramilitares en alianza con la fuerza pública colombiana, aunque en el caso de San José de Apartadó hay que sumar algunos casos de violencia perpetrados por la guerrilla de las FARC. “... Entonces comenzamos a resistir y a organizarnos, a rechazar la presencia de la fuerza pública en el corregimiento por el mismo compromiso que habíamos hecho de la neutralidad… y como decía el compañero en la ponencia, a finales del año 97, fue la guerrilla que nos asesinó tres líderes muy importantes, un golpe muy duro… la guerrilla veía como que nosotros éramos como una amenaza para ellos, porque no les prestábamos auxilio a ellos, no les vendíamos, no les dábamos información… entonces teníamos el atropello de todos los grupos armados…” (Testimonio de un miembro del Consejo Directivo de la Comunidad de Paz en la localidad de Sumapaz).
El caso de las niñas mártires de la Virgen de la Roca en Facatativá: “El olvido como bálsamo para el dolor en las víctimas, una estrategia de impunidad en los victimarios”.
La peregrinación de paz con la comunidad de San José de Apartadó, da inicio con una visita al lugar “La Virgen de la Roca” en la periferia de Facatativá, municipio del departamento de Cundinamarca. Allí, un caserío de cartón, tablas y plásticos, algunas carpas donadas por la comunidad. Residen unas 80 personas que mal viven del reciclaje y por temporadas de la industria de las flores, de resto, del rebusque, oficios varios mal pagos y no estables.
La presión para que las familias ubicadas allí, desde la Alcaldía misma y otros sectores pudientes del municipio, ha llegado al extremo de, en contubernio con la fuerza pública, incendiar el rancherío, como sucedió en el año de 2008 cuando desde un helicóptero militar les arrojaron elementos incendiarios que no solo acabó con las pocas pertenencias de los recicladores sino que también terminó con la vida de dos niñas de tan solo 8 y 16 años. Hechos por los cuales, aún no hay responsables judicializados.
Cuando entrevisto a la madre de las niñas muertas en dicho holocausto, la mujer tartamudea, el dolor, a pesar del tiempo transcurrido parece ahogarle las palabras, “es que uno ya ni quiere acordarse de eso, para qué… ya lo que pasó…”; una tía de las niñas interrumpe a la madre para aseverar “Todo fue tan rápido que uno no sabe ni cómo fue… Estábamos, como a eso de las 10 de la noche, arreglando unas gallinas de una contrata que tenemos, cuando se vino todo…”. Será doña Rosa, la abuela de las niñas, quien nos relate los hechos en los cuales no sólo aparece este funesto episodio, sino también otra serie de hostigamientos del gobierno local y la fuerza pública para que desalojen su territorio.
“Uno quisiera olvidar”, afirma una víctima del desplazamiento en algún documento que he leído con anterioridad. Dicha afirmación sumada a las afirmaciones iníciales de los familiares de Karen y Lorena, las niñas sacrificadas en la Virgen de la Roca en Facatativá, nos llevaría a la fácil conclusión de que a las víctimas del conflicto de este país, país sin asombros donde durante casi ocho años el 84% de la población se declaró afecta a las políticas de guerra y del terrorismo de Estado propugnado desde la Casa de Nariño, las ha golpeado tanto la indiferencia y la indolencia que ese 84%, ha demostrado ante la barbarie, que muchos de ellos, victimas, son los primeros en querer olvidar los trágicos sucesos que les ha humillado y sacrificado su garantía a la vida y la dignidad. Allí los veremos por largo tiempo, abandonados por esta sociedad que les ha dado la espalda, tirados a su suerte en las calles, plantados ante un semáforo en las grandes urbes colombianas con la mendicidad como única alternativa posible, sin más derecho al resarcimiento de sus derechos vulnerados, queriendo enterrar cualquier posibilidad de reconstrucción de memoria y con esto el allanamiento del camino hacia la verdad y la justicia.
San José de Apartadó.
El 16 de agosto de 1996, fue asesinado, en la terminal de transporte de Apartadó, el Concejal de la Unión Patriótica y fundador del corregimiento de San José de Apartadó, BARTOLOMÉ CATAÑO, “garantía de sabiduría y honestidad”, le diría la Ex Alcaldesa de Apartadó y Ex senadora Gloria Cuartas Montoya al periodista Javier Darío Restrepo que realizaba un amplio reportaje sobre la situación de la zona. “El sicario le disparó tres veces por la espalda y los impactos arrojaron al viejo de bruces sobre el suelo, pero enseguida se incorporó, recogió los papeles que llevaba en la mano, se puso su sombrero de paja, agarró su bastón y echó a andar como si todo se hubiera reducido a un simple tropezón. El asesino asombrado ante el vigor inesperado de este hombre de 74 años, de unos cuantos saltos se le plantó delante y disparó su arma esta vez contra la cara. Cuando cayó desfigurado por su sangre, ya estaba muerto”, relata el periodista en la edición de marzo 15 de 1997 de la desaparecida revista Alternativa.
Con este asesinato, ocurrido en pleno perímetro urbano a la luz del día como tantos otros asesinatos de dirigentes políticos y comunales de izquierda, ocurridos por esos mismos días, a unos 20 kilómetros de su casa en el sector rural de San José de Apartadó, los paramilitares y sus “Comandos Populares” en Apartadó, mandaban un mensaje contundente: estaban adentrándose en las entrañas mismas, en lo más íntimo de este corregimiento bastión de la UP y el Partido Comunista, y corredor estratégico por donde se había movido durante muchos años, el V Frente de las FARC. Zona que hasta ese momento se podría pensar era impenetrable para el paramilitarismo en su proyecto de expansión a Urabá, como génesis del retorno de las bananeros a la región y de los grupos de ultraderecha a las alcaldías de la región, a través del liberalismo y los reinsertados del antiguo grupo guerrillero EPL, organizados en el Movimiento Político Esperanza Paz y Libertad.
El viejo Bartolo como lo denominasen cariñosamente muchos pobladores de Apartadó, era un símbolo para los campesinos de la región y de San José de Apartadó, se resistió a la muerte como toda la vida se había resistido a la violencia, precisamente huyendo de la violencia de los conservadores sobre los liberales de la mitad del siglo XX, Cataño se había refugiado en las montañas de Urabá. En ese entonces, él era liberal de Raca Mandaca, y huyendo de la violencia, participó de la fundación del corregimiento, junto con otras personas que provenían de Peque y Dabeiba. Años después, desencantado del rumbo que tomaría el partido liberal, tanto en la región como en el país, Bartolomé se haría militante de la Unión Patriótica, y desde este movimiento político fue concejal del municipio en varias oportunidades. Como Concejal y líder de su comunidad participó ampliamente del proceso de construcción de varios proyectos cooperativos y modelos de organización comunitaria y sostenible que garantizaban desarrollo y crecimiento productivo para la población de San José de Apartadó. Una población que se constituía por unas 1500 personas dispersas en las diferentes veredas del corregimiento.
A este golpe, se sumó la masacre en que perdieron la vida SAMUEL ARIAS (Presidente de uno de los proyectos cooperativos más exitosos en la región: la Cooperativa Balsamar); GUSTAVO LOAIZA (Presidente de la Junta de Acción Comunal de San José); MARIA EUGENIA USUGA, en ese momento con cuatro meses de embarazo y JUAN GONZALEZ, miembros de la Junta Directiva de la misma Acción Comunal. Con ese asesinato, perpetrado en el mismo territorio que ellos habitaban, se confirmaba el anuncio que hicieran los paramilitares desde el casco urbano de Apartadó, con el asesinato de Bartolomé Cataño.
La comunidad comenzaba un tránsito de orfandad ante la ausencia de sus principales líderes y lo más complicado, un tránsito por el acoso permanente y la barbarie a la cual la someterían, aún hasta el día de hoy, los grupos paramilitares en gran escala y, en menor escala, una fracción de la guerrilla de las FARC, comandada por el desertor y hoy reinsertado alias Samir (Dafnis Daniel Sierra Martínez), quien fungiera los primeros días de su deserción como colaborador en la XVII Brigada Militar de Urabá y hoy se presenta, como pieza clave en la defensa del proceso judicial que se le sigue al, por algunas personas, denominado “carnicero de Urabá”, por otras como el cuestionado ex presidente Álvaro Uribe (también por sus supuestos vínculos con el narcoparamilitarismo), “el pacificador”: General Rito Alejo del Río, por su contubernio con los grupos paramilitares y participación en varios hechos criminales en la región, mientras fue comandante de dicha brigada militar. Defensa desde la cual, tanto los militares como el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, han aprovechado a alias Samir para construir una serie de montajes que no solo afectan a la comunidad de paz, sino que también a líderes como Gloria Cuartas Montoya (ex alcaldesa de Apartadó y ex senadora), y al Padre Javier Giraldo, acompañantes del proceso de la Comunidad de Paz desde su nacimiento en 1977, y a quienes intentan judicializar como aliados estratégicos de la guerrilla en respuesta a su enconado empeño por la defensa de los derechos humanos.
Otros Antecedentes.
Pero dicho tránsito por la orfandad y su situación a merced de los grupos armados no habría empezado con la muerte de Bartolemé Cataño. El Padre Jesuita Javier Giraldo, relata que desde 1977, se habría abierto el ciclo de la barbarie y las desapariciones forzadas en este corregimiento. En esa fecha, entre el 12 y el 19 de julio, tres patrullas militares compuestas por una veintena de militares entre soldados, tenientes, capitanes y dragoneantes (provenientes de la base militar la Maporita en Chigorodó), sometieron a inclementes torturas a campesinos de la vereda Cabecera de Mulatos, unas 30 personas incluyendo niños y mujeres, acusadas de ser guerrilleras y/o colaboradores de la guerrilla. 11 personas de esta comunidad serían asesinadas por los militares. 6 de ellas habrían sido secuestradas por los miembros del ejército, cuando se retiraron de la zona, posteriormente aparecerían muertas y reportadas por los mismos militares como “bajas” por intento de fuga, En algunos casos los cadáveres de los agricultores aparecieron con artefactos de guerra como municiones de alto calibre, seguramente para hacerlos pasar como guerrilleros. Durante la década de los 80s, la comunidad enfrentaría la represión de una fuerza pública que los miraba con desdén y desconfianza por el hecho de que esta zona rural se habría convertido en el enclave perfecto para la guerrilla de las FARC. La década de los 90s, despertaría en San José de Apartadó con una masacre en la vereda de la Unión (17 de mayo de 1992). Mientras un contingente del Ejército se internaba en la Serranía del Abibe y mantenía un combate con el V Frente de las FARC, un segundo contingente militar atropellaba a varios campesinos de la vereda, amarrándolos a un árbol y obligándolos a que acusaran a sus mismos vecinos de guerrilleros. Al no lograr su cometido, terminarían asesinándolos y presentándolos como dados de baja en combate (fusil, o toga, toga y fusil, Javier Giraldo Moreno, D.J, 2010).
La comunidad de paz.
Tampoco terminaría este tránsito de San José de Apartadó por la orfandad y la barbarie con su constitución como Comunidad de Paz, en el año de 1997. Pues a la fecha y después de declararse neutrales ante cualquier grupo armado, como una forma de protegerse y sobrevivir en su territorio sin tener que enfrentarse al desplazamiento forzoso como lo han tenido que hacer casi 4 millones de personas en el país, durante los últimos 20 años; y a pesar del acompañamiento internacional, esta comunidad ha enfrentado casi 200 asesinatos de miembros pertenecientes a su proceso, tanto en asesinatos selectivos como en masacres.
“Nosotros también hemos sufrido esa persecución desde el año 77, aún cuando en nuestra región no había presencia guerrillera… En los años 80 ocurrieron varias masacres, asesinatos y señalamientos; a mediados del año 95 es cuando se agudiza por la aparición de los paramilitares, en las distintas regiones, que vienen ya como…, actuando en forma conjunta con los militares y generando desplazamientos… (…) Escuchamos cómo los paramilitares venían actuando, terrible, masacres donde descuartizaban a la gente, que con motosierras, que con las herramientas de los mismos campesinos como los machetes…
Es así que en el año 96 se avecinan ya esas matanzas por los lados de Córdoba, a finales del 96 llegan al corregimiento de San José, donde asesinan a varios líderes… Era un corregimiento con 32 veredas, mucho movimiento, un lugar turístico, con muchas fiestas del aguacate, era muy movido… todas las veredas cubiertas de campesinos… Y ese fue un momento muy duro, por lo que prácticamente asesinan las cabezas visibles, los líderes de este corregimiento… En ese momento, los campesinos que vivíamos allí, comenzamos a mirar, a ir llamando a las ONGs para que nos ayudaran a ver como buscábamos una estrategia de poder resistir ahí y evitar el desplazamiento, evitar que mataran al campesino y es así como entonces fuimos armando la propuesta de una neutralidad en la región, de mantenerla con los diferentes actores armados… Y mientras estábamos preparando esa propuesta, estábamos en el año 97, se da una segunda masacre en San José, ahí acabaron de arrasar el resto de líderes que quedaban y nos dieron dos días de plazo para que la gente abandonara el caserío… inmediatamente el caserío de San José quedó completamente desocupado… y aun quedamos, pues familias de algunas veredas, de 32 veredas quedábamos familias como de 8, que seguíamos con la necedad de hacer como ese acuerdo de firmar esa declaración… (Testimonio de un miembro del Consejo Directivo de la Comunidad de Paz en la localidad de Sumapaz).
“El 23 de marzo de 1997, Domingo de Ramos en el calendario católico, se llevó a cabo la ceremonia de oficialización de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El Obispo de Apartadó, Monseñor Tulio Duque Gutiérrez, así como un grupo de parlamentarios de Holanda y delegados de diversas organizaciones nacionales y regionales, asistieron al evento. Habían precedido muchos meses de discusión del texto de la DECLARACIÓN, en el cual se recogía el espíritu de los Convenios de ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario, afirmando los derechos de la población civil en medio del conflicto armado. (…) La idea original la había lanzado el primer Obispo católico de Apartadó, Monseñor Isaías Duarte Cansino, quien ya para entonces había sido trasladado a Cali donde fue asesinado en 2003…” (Padre Javier Giraldo S.J. en Fusil o Toga, Toga o Fusil, 2010).
Luego de la firma del acuerdo como comunidad de paz, entre marzo de 1997 y abril de 1998, en su primer año de acuerdo, los campesinos sufrieron 26 acciones de agresión por parte de los grupos armados, sobretodo de los grupos paramilitares en contubernio con militares. Agresiones que implicaron terribles masacres y asesinatos con un saldo de unas 40 víctimas. La barbarie persistiría, año tras año, con un aumento escabroso en el año 2000 y luego en el 2002, sin detenerse en ningún momento hasta el actual 2010, durante la era de la “seguridad democrática”, a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, principal contradictor de esta experiencia de resistencia y paz que obtendría en reconocimiento a su persistencia pacífica, el Premio Internacional de Paz Aquisgran, Alemania; en el año 2007.
Nota. San José de Apartadó es uno de los tres corregimientos del municipio de Apartadó en la denominada zona del eje bananero en la región del Urabá antioqueño, al noroccidente de Colombia. Este corregimiento estaba integrado en 1997, por 32 veredas. Unos 12 kilómetros de camino separan el perímetro urbano del municipio y el lugar donde se ha concentrado, desde 1997, la población rural. A su vez, la región de Urabá (integrada por 20 municipios de Córdoba, Chocó y Antioquia -11 municipios pertenecen a este último departamento-), limita con Panamá y el Océano Atlántico (Golfo de Urabá). Según Andrés Fernando Suárez en el libro Identidades políticas y exterminio recíproco, masacre y guerra en Urabá, entre 1991 y 2001, en el Urabá antioqueño, se registraron 97 masacres. 43 de éstas, se registraron en el eje bananero, entre los años 1995 y 1997, año en que naciera la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Próxima entrega: La Masacre de 2005 y el caso de los falsos positivos de Soacha.
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