miércoles, 27 de diciembre de 2023

Opinión - Díganle a Santos

Díganle a Santos

Por Luis Carlos Pulgarín Ceballos.

Escrito originalmente para: Periódico El Quijote, edición impresa de diciembre de 2023, ediicón 118.


Díganle que: A quien se abroga, a título personal, un premio Nobel que fue colectivo, no le queda bien maltratar a una mujer…


Una de las realidades más agobiantes para el proceso de Paz de 2016, sin duda alguna, son los graves incumplimientos de su implementación en los periodos de gobierno Santos y Duque. Estos incumplimientos, aunados al alto desconocimiento de los Acuerdos, hace que la ciudadanía en general tenga poca o nula apropiación con lo acordado, incluso, que deslegitime el proceso de los diálogos de paz y casi que esté de acuerdo con la continuidad de la guerra.

Pero vamos por partes. 1. los incumplimientos: El primer incumplimiento en lo acordado, fue la falta de diligencia del gobierno Santos en copar los territorios que tradicionalmente habían estado dominados por las Extintas FARC-EP. El gobierno Santos no llegó a estos lugares ni con políticas públicas, ni siquiera con Fuerza Pública; pareciera que su interés en la apuesta política de su locomotora minera lo hubiera inducido a dejar los territorios despejados para que lo ocuparan grupos paramilitares, que vendrían a cuidar los intereses de las multinacionales. Y este fue el gran primer error, un error criminal en el gobierno de quien firmara el Acuerdo: dejar los territorios a merced de otros grupos ilegales, incluso de poderosas mafias narcotraficantes. Hablar de los incumplimientos en la era de Duque, sería redundancia, bástenos decir que, en este periodo, que fue el periodo de “hacer trizas la paz”, el desfalco de la Paz fue tenebroso. En el periodo de Iván Duque no solo se aumentó el asesinatos de Firmantes de Paz, sino que se hizo fiesta con la plata de la Paz, pues se constituyó un bochornoso sorteo de billonarios contratos con los presupuestos de la paz para alcaldes y contratistas “amigos” del gobierno, a través del Alto Consejero para la Estabilización. Literalmente: se robaron la plata de la Paz.

2. El periodo del Cambio. El mismo Santos, quien pierde la perspectiva por sus cálculos políticos, y llega a maltratar a una mujer comprometida, valiente y valiosa en la historia de las luchas por los Derechos Humanos; desconociendo su liderazgo al frente de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, parece desconocer que en este gobierno y bajo la dirección de la doctora Gloria Cuartas Montoya, los avances son bastantes meritorios. A pesar de que la doctora Cuartas Montoya recibió la tarea de implementar el Acuerdo con cambios que limitarían sus funciones, los avances no se pueden borrar de un solo plumazo como lo pretendieron en el acto organizado -el 24 de noviembre pasado-, en el Centro Distrital de Memoria Histórica, donde en contubernio con la alcaldesa de Bogotá, pretendían darle una encerrona al presidente Gustavo Petro, no sé sabe bien con qué intensiones, o tal vez sí: en busca de mermelada con los presupuestos de la paz.

Así pues, la siguiente es la realidad que encontró Cuarta Montoya en su llegada al gobierno Petro: La antigua Consejería de Estabilización, antes Consejería para el Post Conflicto, que tenía carácter ministerial con recursos y autonomía para ejecución, se convirtió en una Unidad sin presupuestos y sin capacidad de ejecución, solo con misión de articulación. De otro lado, recibió una herencia, en la implementación, con baja o, mejor dicho: nula ejecución de políticas que atendieran los compromisos del Acuerdo; solo ejecuciones en el papel. Esto sin hablar del tema de la corrupción y la irregular asignación de proyectos desde el OCAD-PAZ.

Díganle a Santos, que sí hay quien lidere la implementación del Acuerdo así el trate de invisibilizar sus avances. Que, no obstante, las profundas limitantes con las que se trabaja en la Unidad de Implementación del Acuerdo, se han realizado acciones que buscan la dignidad perdida del Acuerdo de Paz, casi que, desde su firma, en su periodo de gobierno. Una de las acciones más trascendentales en esta dignificación fue modificar los procedimientos corruptos con los cuales desde el OCAD-PAZ se tiraban al aire millonarios contratos para que cayeran ¡oh sorpresa!, en las alcaldías de los corruptos amigos del gobierno nacional; esta bolsa de recursos, tal vez la más importante para la implementación del Acuerdo y sacar los municipios PDET de la marginalidad y la pobreza; cuentan con una nueva metodología que busca más equidad y transparencia a la hora de asignar recursos. Así, de los 274 millones de pesos, que corresponde a 98 proyectos asignados por el gobierno Petro y de los cuales ya muchos están en ejecución, llegará más dinero a las regiones menos favorecidas hasta el momento, priorizando iniciativas que apuntan a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Díganle a Santos, recuérdenle, informenle por si no lo sabe, que este proceso es liderado por la persona que él invisibiliza cuando afirma -a micrófono abierto- que no hay quien lidere la implementación del Acuerdo (en el OCAD Paz durante el Gobierno del Cambio se han aprobado 98 proyectos por $274 mil millones, de estos 23 proyectos se encuentran localizados en 19 municipios PDET de 10 departamentos, con una inversión por más de $77 mil millones de pesos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima).

Díganle a Santos, que a pesar de su “no hay quien lidere la Implementación del Acuerdo”, la doctora Cuartas Montoya ha logrado un importante convenio con el Hospital Militar, la Agencia de Reincorporación y Normalización, el Ministerio de Salud y el Fondo Colombia en Paz, para atender a personas en condición de discapacidad por razones del conflicto social y armado, como firmantes de paz, miembros de la fuerza pública y víctimas del conflicto (este convenio permitirá que la atención integral a esta población inicie con más de 50 millones de pesos que se invertirán en prótesis y rehabilitación de personas en condición de discapacidad por razones del conflicto social y armado. Falta decir que, este convenio fue construido de manera participativa con la Asociación CONELAEC, de firmantes de paz en condición de discapacidad y bajo el liderazgo de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz).

Díganle, enúncienle, tal solo algunos logros desde la Unidad de Implementación, entre ellos: I. La construcción y aprobación del Plan Estratégico de seguridad y Protección para firmantes de paz en proceso de reincorporación. II. la suscripción de un convenio interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, para democratizar la información catastral y buscar la transparencia en las inversiones. III. La instalación de una Instancia Permanente de articulación con la JEP para trazar la hoja de ruta que permitirá la puesta en marcha de la articulación necesaria para la implementación de Sanciones Propias, TOAR y Medidas de contribución a la reparación. IV. la constitución de una mesa de instancias de acompañamiento internacional a la implementación del Acuerdo de Paz (contemplada en el punto 6.4.2.) y olvidada desde su gobierno, durante el cual se firmó el Acuerdo de Paz.

No le digan eso si de la aprobación de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, ni los avances de sustitución de cultivos ilícitos y la política de tratamiento al tema de las drogas y el narcotráfico, porque de pronto a sus amigos uribistas les da por salir a las calles y protestar porque les estamos acabando su narco Estado; tampoco le informen sobre las más de 61.255 hectáreas compradas para campesinos, indígenas, comunidades negras, población víctima y en reincorporación y la gestión de más de 621.207 hectáreas de tierras, para seguir dando continuidad a la Reforma Rural Integral (Punto 1 del Acuerdo), porque se despelucan  sus amigos terratenientes, enemigos de cualquier reforma agraria y de la dignidad del campesinado al que siempre han violentado.

Díganle a Santos que no le queda bien el negacionismo, el maltrato a una mujer: Negar los méritos y liderazgos de una mujer, invisibilizarla a pesar de tenerla al frente, en el auditorio donde criticaba a este gobierno que, en un solo año, está haciendo mucho más de lo que el hizo con la implementación del Acuerdo en sus dos años finales de gobierno, es una forma de maltrato. Ah, y por último: el premio Nobel no se lo dieron porque fuera Juan Manuel Santos, el premio se lo asignaron a él en representación de las víctimas del conflicto armado, y porque la coyuntura del país después de la pérdida de su errático plebiscito necesitaba una muestra de apoyo internacional para que siguiéramos persistiendo en la paz, así actúa el Comité Nobel Noruego, dando espaldarazos que considera oportunos en contextos difíciles, por ello el Premio Nobel de Santos no fue a título personal sino del colectivo colombiano, ponderando a las víctimas del conflicto. Díganselo.

Opinión personal. No compromete línea editorial del periódico El Quijote, tampoco de ninguna institución de gobierno. 

Para conocer más avances de la Implementación del Acuerdo: www.portalparalapaz.gov.co

sábado, 8 de julio de 2023

Opinión. La Constitución colombiana más revolucionaria del siglo XIX fue federalista

 Opinión

La Constitución colombiana más revolucionaria del siglo XIX, fue federalista

Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos*


 Aunque la historia reconoce a Tomas Cipriano de Mosquera como el precursor de la Constitución más avanzada del siglo XIX, debemos ser justos y afirmar que muy seguramente esta Constitución, o no hubiere existido o, se hubiere tardado un poco más en existir sin la acción valiente de Juan José Nieto, primer y único presidente afrodescendiente de Colombia (1861). Nieto (además primer novelista colombiano), fue en realidad quién se adelantó en darle un golpe de Estado al gobierno del conservador Mariano Ospina Rodríguez, proclamándose presidente de la Confederación Granadina en su calidad de Gobernador y presidente del Estado Soberano de Bolívar, para luego cederle el solio presidencial a Mosquera.

La historia suele decir que, de un solo tajo Mosquera pasó de ser gobernador rebelde del Cauca a ser presidente de Colombia, pero esta es una verdad a medias, pues en este trayecto fue invaluable la acción decidida y cómplice que Juan José Nieto le prodigara en su empeño rebelde y sin la cual, seguramente, el líder caucano hubiera podido fracasar en su ambición golpista y, por ende, no hubiese sido posible la Constitución de Río Negro (1863). La verdad sea dicha.

Pero bueno, estos contextos los abordaremos en otros escritos, por ahora vamos al grano: La Constitución de 1863.

Como todas las constituciones de dicho siglo, producto de una guerra civil (Guerra Magna, 1860 a 1862), que como ya lo expresamos concluyó con un golpe de estado a un gobierno conservador. Una guerra civil donde las insurgencias de la época, guerrillas -en este caso liberales-, salieron triunfantes y se hicieron al poder. Estas guerras civiles se presentaban, entre otros motivos porque: Las guerras mismas se habían convertido en un medio para ascender y/o conquistar el poder político; también por la existencia de la injusticia social y política; así como la carencia de desarrollo de industrias en un país gobernado por militares terratenientes y finqueros en alianza con la iglesia católica que se negaban a la modernización del país, al desarrollo de nuevas formas de intercambio comercial, igualmente porque su poder político -y poder religioso en el caso de la iglesia católica-, dependía de la especulación que hacían con los conflictos sociales y las necesidades básicas de los más pobres o clases menos favorecidas (tal cual sigue siendo ahora).

Frente a este panorama, entonces, tras cada guerra civil, los vencedores tendían a cambiar de Constitución para imponer una propia, lo cual no siempre significaba un cambio democrático y/o un avance hacía la equidad y la justicia social, por el contrario podían ser constituciones retardatarias, autoritarias y presentar criminales retrocesos para las libertades y la democracia del país, tal y como sucedió con la Constitución de 1886 que nos significó vivir en el represivo medio evo, un oscurantismo político, religioso, social y económica por más de 105 años, hasta 1991. 

Esta Constitución de 1886, redactada a cuatro manos, entre Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, a conveniencia conservadora, nos servirá entonces para ilustrarnos sobre los avances y postulados nobles de la Constitución federalista de 1863 (Constitución para “ángeles” opinaría el novelista francés Víctor Hugo, exaltándola como una carta magna generosa e ideal para los colombianos).

La Constitución de 1863, empecemos por su parte dogmática, se erigió como una bitácora nacional laica, no fue redactada en “el nombre de Dios”, como lo habían sido las anteriores y como volvería a redactarse la de 1886 desde el fuero religioso godo de Miguel Antonio Caro y los compromisos adquiridos por Núñez con el Vaticano, a razón de que le tramitarán un divorcio para él poder llevar como primera dama de su gobierno, a la cartagenera Soledad Román, quien hasta entonces habría sido su amante (esto último lo digo pero no lo sostengo). 

Desde su precepto laico, en el nombre del pueblo, la Constitución de 1863 le quitó bastantes poderes a la iglesia católica que se erigía como la única institución con autoridad y/o derecho para administrar la fe y la espiritualidad en la nación y abrió la puerta para la aceptación y la práctica de otros credos, tal y como debe ser en una democracia.

Igualmente, expropió a dicha iglesia (con inmenso poder terratenientes en esa época), de grandes propiedades -muebles, inmuebles, semovientes- y latifundios, llamados para entonces “bienes de manos muertas”, y se subastaron entre más de 4 mil nuevos propietarios. Se puede presumir que muchas personas a quienes la iglesia habría embargado por deudas, recuperaron sus propiedades. Hasta esa fecha, pues, la iglesia católica tuvo poder de banco y usurero prestamista. También perdería poder, la iglesia, en los predios de la educación donde imperaba con su filosofía doctrinal y doctrinante, al menos por los 28 años que duró dicha Constitución, hasta 1886, la educación pasaría a ser laica, basada en las ciencias modernas y no desde la dogmática bíblica.

Veamos, desde la visión de Salomón Kalmanovitz una síntesis de los aspectos más relevantes de dicha Constitución: “Se abolió la pena de muerte, se establecieron los jurados de conciencia y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos. Se consolidó la separación de Iglesia y Estado, cuando ya se habían confiscado los bienes de manos muertas que poseía el clero, explotados por siervos de la gleba; estos bienes se subastaron, obteniéndose cuantiosos recursos que fortalecieron al gobierno central.

El librecambio produjo excelentes resultados: las exportaciones pasaron de 3 millones de dólares anuales en 1850 a 20 millones en la década de 1870, diversificándose crecientemente: tabaco, añil, palo del Brasil, quina, cueros y el café que se cultivaba en Pamplona y salía por Cúcuta hacia el lago de Maracaibo. La mayor parte de las exportaciones se comportó de manera volátil; algunas fueron desplazadas por la química moderna y otras se acabaron porque el país era feudal, su productividad baja y la calidad de sus productos deficiente”.

 

Estado Federal

Pero, sin duda alguna el centro de dicha Constitución fue la del establecimiento, en su parte orgánica, de un Estado Federado, y así lo relata Juan Carlos Henao: “Los Estados Unidos de Colombia, como se llamó el país a partir de 1863, establecieron una confederación de nueve Estados soberanos con una gran autonomía en la cual pocas funciones correspondían al Gobierno Central y las demás a los Estados que integraban la federación. Cada Estado tenía rentas, potestad legislativa y gobierno propio debiendo ser, eso sí, “popular, electivo, representativo, alternativo y responsable”. Los nombramientos de los secretarios de Estado (hoy ministros), de los agentes diplomáticos y de los jefes militares se sometían a la aprobación del Senado, que también elaboraba una lista de candidatos para que el Presidente eligiera el General en Jefe del Ejército nacional. En un tema que es de vital importancia en nuestros días, los Estados tenían a su cargo la conservación de la paz en sus territorios, y para ello podían tener fuerza pública, permitiéndose la existencia de políticas regionales de paz, lo cual en estos momentos parece impensable, incluso subversivo”.

En dicho Estado federado “se estableció un catálogo de libertades individuales que situó a Colombia a la vanguardia jurídica y política de la época en donde, por ejemplo, se consagró la libertad de palabra, la libertad “absoluta” de prensa, la de pensamiento; se incorporó el derecho de gentes a la legislación nacional para poner término a las guerras civiles por medio de tratados entre los beligerantes –no se les llamaba delincuentes o enemigos–, con la advertencia de que “deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas y civilizadas”; se eliminaron privilegios y distinciones como la del fuero para los sacerdotes” también, “se contempló la abolición de monopolios y se instauró el libre cambio económico”.

Todo esto se perdería con la llegada de la dictadura de Núñez y su predecesor Caro, en palabras de Juan Carlos Henao: “La Constitución de 1886, cuyos padres fueron Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, trajo a nuestro país los principios del Movimiento de la Regeneración: un Estado centralista, autoritario, vinculado orgánicamente con la Iglesia católica y restrictivo de las libertades públicas”.

Y para Kalmanovitz: “Todos estos avances en democracia, en economía y en educación fueron borrados con sangre por la Constitución de 1886, cuya implantación provocó tres guerras civiles. Su redactor fue Miguel Antonio Caro, hombre tan pío como despótico. El gobierno central se tornó autoritario, basado en una presidencia imperial con período de seis años, elegida de manera indirecta. El Legislativo surgía también de convenciones cerradas de delegados, todos conservadores. Los estados soberanos fueron robados de su autonomía y recursos fiscales que fueron gastados arbitrariamente, desconociendo las necesidades de los municipios y de las regiones. Gobernadores y alcaldes eran nombrados a dedo por el poder central. La economía se resintió con las guerras, la inflación desaforada y la persecución contra los empresarios, generalmente liberales.

La educación fue impartida bajo la dirección de la Iglesia, que prohibió la enseñanza de la ciencia y desarrolló el aprendizaje basado en la memorización, la represión y la obediencia ciega. Así, el país retornó a la Edad Media”.

No es descabellado, entonces, que en Colombia haya una amplia franja política considerando la posibilidad de volver a ser un Estado Federado que libere al país del déspota centralismo con el cual se castigan las regiones y departamentos más alejados, dejándolos en el más completo abandono, y a pesar de que estos le renten cuantiosas sumas al presupuesto de la nación. Una franja política que piense en superar el autoritarismo y el presidencialismo que ha asfixiado al país durante más de 135 años (desde 1886). Y que esta franja política esté En Marcha, pensándose muy bien cuáles serían los límites de ese país federado que promueven, con un claro “manual de funciones” que asignarían derechos de autonomía administrativa a los departamentos pero también limites o responsabilidades, dejando potestades administrativas nacionales al presidente del país -por ejemplo: el manejo de la seguridad nacional-; también respetando la acción legislativa del Congreso como órgano articulador de toda norma nacional y, sobre todo, respetando la majestad de la justicia.

Fuentes importantes:

“El ideario de la Constitución de 1863 no ha muerto”, Juan Carlos Henao, en Periódico El Tiempo. (Archivos Internet)

“La Constitución de Rionegro”, Salomón Kalmanovitz en Periódico El Espectador. (Archivos Internet)

*Luis Carlos Pulgarín Ceballos. Nombrado Embajador del idioma español, por La Fundación César Egido Serrano y el Museo de la Palabra en sesión plenaria, Madrid, España, febrero de 2018. Comunicador Social (egresado UNAD); Abogado (egresado IUC). Defensor de Derechos Humanos, Periodista y escritor de oficio.  Diplomado en: MASC, Conciliación en Derecho y Amigable Composición; Acción para la Paz CAPAZ (ESAP); Justicia Transicional (IUC); Gerencia Cultural (Fundación Universitaria JFKennedy), y Liderazgo Social y Político (U. Autónoma de Colombia). Estudios de Conciliación en Equidad (Min Interior Colombia); Resolución Pacífica de Conflictos (Robert Fisher de la U, de Harvard); Dramaturgia Cinematográfica (U. Latina de Panamá); entre otros estudios de Derechos Humanos, periodismo radial, teatro, literatura, libretos para cine y televisión.

Premio Nacional de Dramaturgia Para Niños 2001. Premio Nacional “Poesía Capital”, Casa de Poesía Silva, 2005. Beca IDCT Creación en Teatro 2002. Premio (compartido) en concurso nacional de proyectos para televisión “No se le arrugue” de Producciones PUNCH, año 2000. Creativo y Libretista programa Planeta Niños, nominado por el periódico El Tiempo, como mejor programa infantil, de la televisión colombiana en 2004. Segundo Lugar III Concurso de Cuento Eutiquio Leal – U. Autónoma de Colombia y Taller de Escritores Gabriel García Márquez, Bogotá 2012. Ganador del Concurso Tertulias a la Francesa con el proyecto “las bodas de Fígaro”;  Fundalectura y Embajada de Francia, 2006. Invitado especial de la 3ª. Feria Internacional del Libro del Zócalo, México D.F., en el marco del proyecto “Bogotá suena – ciudad invitada de honor”, año 2003.

viernes, 24 de febrero de 2023

Novela "Las Putas Nunca Mueren en Domingo" retoma crimen de monja en Bogotá, acontecido en 1999.

La tesis del crimen de la religiosa, en la nueva novela publicada por DeRacaMandaca Editores SAS, es que la monja fue asesinada por autoridades civiles y policiales dadas sus denuncias ante la Fiscalía por el exterminio de prostitutas que estaba llevando a cabo un grupo de operación de limpieza en el centro de Bogotá. Esta hipótesis desmiente la tesis presentada por la Fiscalia, en el año 2001, año del juicio de acusación; tesis en la cual Sor Amparo Granada habría sido asesinada por una monja de su misma comunidad en el barrio histórico La Candelaria.

La novela, igualmente, plantea la hipótesis de que la operación de exterminio que cobró la vida de una cuarentena de prostitutas en menos de tres meses, se desató luego de que el alcalde mayor de Bogotá, en dicho año de 1999, lanzara su política pública de recuperación del espacio público en en centro de Bogotá.

Ela rgumento de la novela es el siguiente:

Marcela es una joven que llega a la Bogotá de 1999 con el sueño de ser estrella de televisión, pero termina estrellada en la realidad de la prostitución. Ella vivirá la zozobra permanente de ser la próxima víctima de una serie de asesinatos de prostitutas que se están presentando en el centro de la ciudad, donde ejercen este oficio miles de mujeres y travestis. Los asesinos están dispuestos a torturar y matar a todo aquel que se interponga en sus planes de instaurar el terror, incluyendo una religiosa que será la única que intentará proteger a las prostitutas.

La novela revive el caso de una religiosa de la Comunidad de las Adoratrices asesinada en 1999, supuestamente por otra religiosa, y pretende en sus páginas finales convencer al lector sobre el por qué esto no fue así como lo informaron los medios y autoridades en su momento, no obstante queden dudas sobre la complicidad de la otra religiosa en el horrendo crimen. 

 Lea aquí las primeras páginas de la novela: https://drive.google.com/file/d/1tgPXZEyglPOKmPin11L-4L9Qbar_lJml/view





 


ABCdario del Infierno: algunos poemas del nuevo libro de Luis Carlos Pulgarín Ceballos

«ABCdario del Infierno»: algunos poemas del nuevo libro de 

Luis Carlos Pulgarín Ceballos

Por Samuel Solórzano Cisery

Tomado de: https://lachachara.org/