domingo, 28 de octubre de 2018

Ley Naranja JUGO AMARGO PARA EL SECTOR CULTURAL


Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos[1]


¿Qué hay más diverso en el mundo que no sea la cultura? Si hay algo que caracteriza el mundo de la cultura es precisamente su riqueza diversa, su pluralidad, su heterogeneidad. Pretender obviar la multiculturalidad de los pueblos es de tontos y mezquinos. La globalización y la apertura que buscan los Tratados de Libre Comercio han pretendido homogeneizar los sectores culturales del mundo. Los países que se llaman a sí mismos “Estados desarrollados” imponen a los que denominan “Estados subdesarrollados” reglas de juego económicas que más allá de una cuestión colaboracionista de mutuo acuerdo, lo que buscan es precisamente imponer sus propios modelos de vida, negar las particularidades, la identidad y la idiosincrasia (que deben considerar primitiva), de los pueblos  que aún conservan lo que ellos han derrochado en su desmedido afán consumista: la abundante biodiversidad (ambiental, artística y cultural) de países como el colombiano. Y, al tiempo que imponen sus propios modelos de vida sin mayor contenido ético y estético, se roban y patentan usos y costumbres, tradiciones y expresiones creativas de los pueblos y naciones que dominan a partir de su poder económico.

La Ley 1834 de 2017

El 23 de mayo de 2017, el Congreso de Colombia expidió la Ley 1834, más conocida como la Ley Naranja, cuyo objetivo principal es, en términos de la Ley y no de la realidad, “desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas” entendidas estas como  aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual”.

En su artículo segundo la Ley define dichas industrias de la siguiente manera: “Las industrias creativas comprenderán los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. Las industrias creativas comprenderán de forma genérica -pero sin limitarse a-, los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de 'artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de información, y educación creativa”.

Para la implementación de dicha Ley, se propone la creación de unas estructuras físico administrativas en las cuales intervendrán autoridades de diferentes sectores del gobierno nacional con tareas coordinadas que deberán articularse desde un Consejo Nacional para la Economía Nacional (artículo 7). Este Consejo Nacional tendrá la misión de la planeación para el desarrollo “potencial de la Economía Creativa”.  Dicho Consejo alimentará sus políticas con los datos arrojados desde la denominada Cuenta Satelital de Cultura y Economía Naranja desde la cual el DANE construirá de manera permanente estadísticas básicas sobre la economía Naranja. Está será, sin duda alguna la información fundamental para las aplicaciones de viabilidad que se requiere en todo proyecto mercantil cuando el objetivo es el crecimiento económico y material de una sociedad más allá del crecimiento intangible de la misma (su sentido de pertenencia, identidad, tradiciones, resistencia, supervivencia, espiritualidad, entre otros).

De otro lado, la Ley, que es una Ley Marco, y de la cual aún faltan sus consecuentes decretos reglamentarios, traza 7 estrategias que serán la columna vertebral de la mercantilización de las industrias creativas, a las cuales apunta la Economía Naranja. La característica de estas estrategias es que cada una de ellas inicia con la letra i, por lo cual son denominadas las 7i, ellas son: información, instituciones, industria, infraestructura, integración, inclusión, inspiración (Artículo 5). Dentro de estas estrategias, se compromete a entidades como el FINDETER y BALCODEX para los procesos de financiación de infraestructura y desarrollo de proyectos y/o productos culturales. Hasta aquí la Ley parece un gesto muy noble con los sectores culturales del país, los que siempre se han caracterizado por ser los sectores olvidados de la política pública nacional. Cualquier persona del común, sin mayor información, podría afirmar que esta Ley lo único que representa es una gran oportunidad para los creadores (artistas y cultores) del país. Pero la realidad es otra. Esta Ley está más allá de la generosidad de empoderar a los sectores culturales y artísticos del país, por el contrario terminará exprimiéndolos a beneficio del lucro de terceros comerciantes. En las siguientes líneas se expondrá el por qué: 

Nichos de negocios diseñados desde el BID

La Ley es el resultado de una imposición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que desde hace una década inició a estudiar posibles nichos de negocios que ayuden a superar la crisis económica que desde 2008 ha golpeado a diferentes estados de Latinoamérica. En esa búsqueda, el BID hizo estudios en 11 países latinoamericanos, siendo Colombia uno de ellos. En nuestro país, el BID no sólo encontró una gran posibilidad económica en esta economía (los sectores industriales culturales en el país representan entre el 1,5 y el 3,0% del PIB: más de seis billones de pesos se mueven en torno a este sector), sino que encontró los personajes funcionales perfectos a sus intenciones: políticos de oficio que dadas sus aspiraciones desmedidas de poder y su aceptación al neoliberalismo cabalgante que se desarrolla desde los diferentes Tratados de Libre Comercio, le ayudarían a introducir sus pretensiones en el país, entre ellos el actual presidente de Colombia Iván Duque, quién siendo asesor del BID empezó a interesarse por el tema hasta llevarlo como iniciativa de Ley al Congreso de la República (siendo Senador), y luego hacerlo uno de los caballitos de batalla en su campaña a la presidencia. 

En este sentido, la intención primaria del proyecto de economía naranja no es el fortalecimiento de las “industrias culturales” como denominan a los procesos culturales, artísticos y creativos, sino que su centro es el fortalecimiento de la economía del país a partir de la instrumentalización económica de la cultura, como dice el artículo 1 de dicha Ley: aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual. Una cosa es trabajar por el crecimiento y bienestar de los sectores creativos (los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual) y otra muy diferente el pensar en el crecimiento económico del país a partir de la explotación de los primeros.

Miremos aspectos que nos sirven para argumentar la anterior tesis:

1.      El proceso de desarrollo (construcción, debates y aprobación de la Ley), nunca se le participó a los sectores culturales y creativos del país, es decir, su voz no contó para ser tenida en cuenta en la expedición de una Ley tan trascendental para dichos sectores. 
2.      En el pretendido Consejo Nacional de Cultura y Economía Naranja no hay una sola silla para los representantes del sector artístico y cultural (ni para creadores ni para terceros gestores, productores y reproductores culturales), es solo una mesa en la cual estarán los burócratas de alto nivel del gobierno. Pensemos también que desde 1997, con la creación del Ministerio de Cultura, ya existe un Consejo Nacional de Cultura –que no sabemos para qué ha funcionado, pero que existiendo ¿por qué no se planteó la inclusión de este ente en el nuevo Consejo?
3.      No hay incentivos reales para la creación intelectual y la producción cultural, un sector que tradicionalmente adolece de recursos económicos para su desarrollo y al cual le disminuyen presupuestos cada vez más. Con este gobierno -de la Ley Naranja-, contradictoriamente ya se han  hecho anuncios de aumentar billonarias asignaciones para para la guerra (Ministerio de Defensa), mientras al Ministerio de Cultura le bajan presupuestos.  
4.      La Ley lo que promueve el endeudamiento del sector a través de líneas de crédito, desde Bancoldex, que se manejarán, muy seguramente, desde políticas bancarías y poco solidarias o cooperativas con el sector creativo: “el Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior (Bancoldex) estará encargado de crear mecanismos de financiación para emprendimientos creativos, a través de los instrumentos y vehículos que dicha entidad determine según su objeto y competencia” (art. 11). La pregunta es: ¿qué viabilidad de aprobación de crédito se le dará a proyectos culturales como la Filarmónica de Bogotá que, según varios estudios, gasta en un solo concierto más de 300 millones de pesos, mientras  su recaudo en taquilla es inferior a los 10 millones de pesos?.
5.      Como si fuera poco, la misma Ley promueve el endeudamiento de los entes territoriales, los cuales tienen la responsabilidad de garantizar los escenarios culturales para el desarrollo de la mercantilización propuesta en la misma. Para esto la instrucción de la Ley es directa: “El Gobierno nacional a través de la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), creará líneas de crédito y cooperación técnica para el impulso a la construcción de infraestructura cultural y creativa en los entes territoriales” (artículo 9).
6.      Educación en jornada única ¿educación para la mercadotecnia y la productividad o educación para la construcción ética y creativa de las nuevas generaciones? Una vez más nuestros gobernantes  manifiestan su predisposición contra una pedagogía humanista, una educación que siembre pensamiento crítico y que fundamente en la mente de jóvenes y niños alternativas creativas, inteligentes y plurales de solución a los problemas de la vida diaria. En su artículo 10, la Ley induce, que desde el SENA (Servicio Nacional para el Aprendizaje) caracterizado por formar entes productivos, calificación de mano de obra y avance en habilidades tecnológicas para la competitividad mercantil, sea la institución encargada de imponer la idea de la economía y el progreso material que promueve la Ley Naranja.

Experiencias de referencia negativa

A los anteriores comentarios para promover el debate, tendríamos que agregar otros aspectos, resultado de la realidad colombiana, que nos advierten del riesgo de la implementación de una Ley que sólo busca factorías o facturación a partir de la cultura, el arte y en general los sectores creativos del país. Bástenos mirar la industria editorial e indagar si con la transnacionalización de las artes literarias se ha beneficiado la pluralidad de escritores colombianos o tan sólo se siguen enriqueciendo las editoriales extranjeras y/o a aquellas editoriales colombianas que cada vez publican más títulos de autores que ya están en el dominio público (con derechos patrimoniales de autor libres), que a autores vivos.  Otro ejemplo claro es la transnacionalización de la televisión colombiana a partir de la existencia de dos canales privados que, con los atributos del monopolio que se les ha asignado, llevaron a la desaparición a una pluralidad de productoras de televisión que en los años 80s y 90s fueron signo de calidad y garantía de identidad nacional a partir de sus series y telenovelas y que hoy solo se dedican a mexicanizar y “traquetizar la identidad colombiana” para “poder vender” en el exterior. Irónico que, cuándo en el pasado lo que nos llevó al reconocimiento de calidad audiovisual internacional eran nuestras propias historias regionales, ricas en diversidad, con actores de carácter y no con estrellitas salidas de reinados de belleza y pasarelas de moda, hoy dichos “actores y actrices” de Colombia deben viajar a México o Miami a hacer cursos de dicción a lo mexicano para poder escalar en el mundo de la fama.

Un ejemplo más triste: el de ciertas corporaciones culturales apadrinadas por personajes que hacen carrera en la política nacional; personajes aparentemente con raíz en procesos comunitarios, que una vez elegidos en cargos de elección popular se dedican a legislar y direccionar la contratación a beneficio de sus propias corporaciones (endosadas a terceros), llevando al borde de la quiebra y la desaparición a los grupos de su misma especie, un claro ejemplo de como en el mundo de la competitividad mercantil el pez más grande se come al más chico, sin ningún atisbo de solidaridad y sí con mucha sospecha de alta corrupción. Este ejemplo, sin decir nombres propios, se ha presentado en Bogotá, y muchos sabrán a quienes hacemos referencia.

En esta Ley no cabemos todos

La parte más aberrante de la Ley es la ignorancia de la heterogeneidad del sector y su interés    fundamental en convertir en industria unas manifestaciones cuya propiedad y origen son precisamente los valores intangibles o inmateriales.

En nuestro territorio podríamos clasificar, de alguna manera, los diferentes sectores culturales y artísticos que desde diferentes perspectivas le apuestan a sus proyectos creativos:

a.       Grupos de resistencia cultural: aquellos grupos originarios de sectores minoritarios (étnicos y populares), que su mayor interés es la pervivencia de su identidad, de sus tradiciones y arraigos, de sus valores y pertenencias ancestrales. Grupos afrocolombianos, indígenas, de comunidades rom, entre otros, que están lejos de la contaminación consumista y capitalista que pretende la misma Ley.

b.      Grupos de resistencia política: grupos culturales que generan obras artísticas  de contra discurso al discurso de poder y de legitimación de gobiernos tradicionalmente ineptos y corruptos, violadores de los derechos humanos en todas sus expresiones. Grupos culturales que se erigen como la memora histórica cuando los historiadores del sistema pretenden tergiversar o negar los verdaderos hechos y causas del conflicto colombiano, grupos que de alguna manera su valor es intangible, pues se erigen como la columna vertebral de la consciencia y la moral del país.
c.       Grupos o empresas “culturales y educativas” que desarrollan sus procesos de capacitación y de pedagogía instrumentalizando el arte  y la cultura, no menos creativos que los grupos anteriores, pero su centro no es el arte y la cultura como tal sino la capacitación, publicidad y propaganda de grupos sociales y empresariales en cuestiones políticas como la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo social, entre otros; y de cuestiones empresariales como las denominadas pausas activas en las empresas y estrategias de publicidad BTL en promoción de productos y servicios comerciales.
d.      Sectores artísticos de entretenimiento (ni tan siquiera culturales), pertenecientes a los mercados de los grandes espectáculos con artistas de renombradas marcas o artistas que son renombradas marcas, cuyo mayor valor es la fama y su pertenencia a las élites de la farándula televisiva y demás industrias que generan altos impactos de consumo en las masas.

Si la Ley Naranja se implementará tal y como es la intención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); hecho al cual le juega el actual presidente de Colombia y su Ministra de Cultura, los grupos de la clasificación a y b (los de resistencia cultural y política), desaparecerían con nefatas consecuencias para la identidad cultural y democrática del país, sucumbirían estos grupos ante los grupos y sectores mercantiles de las clasificaciones c y d, pues son los más afines a los proceso de emprendimiento mercantil y que, sin duda alguna y sin mayores reparos se alinearían en dicho propósito de industrialización del arte y la cultura. Es decir, los grupos pertenecientes a los sectores que aquí clasificamos como del a y el b, siendo muy importantes para la identidad, la convivencia y el desarrollo ético y democrático del país serían inviables económicamente hablando (en este caso para Bancoldex, entidad responsable de los financiamientos crediticios para la industria cultural), pues siempre necesitarán de algún subsidio, nunca recogerán por taquilla la totalidad de lo que se invierte en sus creaciones. No obstante, dichos grupos o sectores (a y b), igual que la Filarmónica de Bogotá son tan trascendentales para la identidad y la democracia colombiana que deben ser protegidos en cumplimiento constitucional de los artículos 1 (dignidad integral, pluralidad, participación, solidaridad y prevalencia del interés común), 7 (protección y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural), 8 (protección de riqueza cultural y natural del país), 20 (libre expresión), 25 (derecho al trabajo digno), 61 (protección a la propiedad intelectual) y los artículos 70, 71 y 72 que desde la Carta Magna de 1991 garantizan la protección, promoción y fomento de las manifestaciones culturales en igualdad de condiciones.

En conclusión.

Es urgente una revisión integral a la Ley Marco de la llamada Economía Naranja para que no sea un trago amargo para amplios sectores artísticos, culturales y creativos. Las políticas creativas y/o intelectuales del país no pueden depender de la viabilidad del comercio de las denominadas industrias y/o emprendimientos culturales, en los cuales siempre habrá un tercero distribuidor, vendedor o representante que termina con mayores beneficios que el autor intelectual  o productor original de las obras y proyectos artísticos. Cosa diferente a las leyes del mercado son los procesos culturales llenos de valor inmaterial, pero tan necesarios para la construcción de la identidad, el sentido de pertenencia y la ética democrática del país.    

Octubre 1 de 2018



[1] Comunicador Social, Abogado, Artista, Catedrático en las facultades de Derecho y Comunicación Social en Institución Universitaria de Colombia.