Crónica.
Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos.
Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos.
Director: Canal 3 Sistema en Línea
Comunicador Social/periodista, escritor, abogado y activista de DDHH.
Al municipio de Turbo, en Urabá, llegaban los enviados del paramilitarismo portando en su mochila algunos fajos de billetes para amedrentar al indefenso campesino con un “o nos vende su tierra o negociamos con su viuda”.
Esto en algunos casos, porque
desafortunadamente para el desastre humanitario que ha representado esta
guerra, en la mayoría de las ocasiones, llegaban los paramilitares directamente
ofreciendo plomo sin cuartel. En Apartadó, Carepa, Chigorodó, Necoclí y el
mismo Turbo, apoyados en algunos casos por los Comandos Populares de Esperanza
Paz y Libertad; asesinando, masacrando, torturando, sembrando el terror para
que los campesinos salieran despavoridos en éxodo y, así, despejar el campo que
luego repoblarían con población funcional al narco paramilitarismo o para destinar
las tierras a la ganadería, esa sería entre otra las funciones de algunos
reinsertados del EPL y de Sor Teresa Gómez, hermana de los Castaño y directora
de la fundación FUNPAZCOR a través de la cual se robaron miles y miles de
hectáreas de tierra en Antioquia y Córdoba.
En el
periodo obscuro de gobierno presidencial del terrateniente promotor de narco
paramilitares, Álvaro Uribe Vélez, la estrategia fue nombrar cientos de
notarios en las regiones para que expidieran paz y salvo al despojo de tierras.
De esta manera, se firmaron escrituras públicas sobre lo robado a los nuevos
propietarios, que hoy tratan de pasar como “tenedores de buena fe”: magistrados
tipo Pretelt de la Vega, varios socios del Periódico El Colombiano, firmas
agroindustriales -que tuvieron su mayor expansión precisamente durante el
gobierno Uribe Vélez, ganaderos, terratenientes, narcos, parapolíticos entre
otras elites mafiosas beneficiarias de la guerra y el despojo de más de siete
millones de hectáreas a las víctimas del conflicto en los últimos 30 años.
Sobredespojo de tierras por socios del periódico El Colombiano, leer las siguientes notas:http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/reclaman-tierras-de-los-hernandez-de-cuesta-articulo-554456
y http://www.semana.com/opinion/articulo/jonathan-bock-censura-libertad-de-expresion-el-periodico-el-colombiano/426353-3
Acompañado
de varias ONGs nacionales e internacionales, incluso del reportero Juan Carlos Pérez
Salazar (entonces reportero de las páginas de DDHH de El Colombiano y hoy
exiliado en Europa); en 1995 coordiné la misión investigativa del informe Urabá el mayor éxodo de los últimos años
en la cual se reportaban más de 20 mil personas desplazadas entre Montería
(Córdoba) y Mutatá (Antioquia), en menos de cinco años, y se configuraba el primer
mapa de victimarios de lo que a renglón seguido sería la operación de
exterminio contra la Unión Patriótica en la región.
El informe
presentado en la sala de la Diócesis de Apartadó, cuando entonces estaba en
cabeza del obispo Isaías Duarte Cansino (quien después sería relacionado con el paramilitarismo); fue rechazado de manera vehemente por
la mayoría de líderes del llamado "Consenso político de Apartado" y, para mí muy doloroso en dicho momento, también por la alcaldesa de Apartadó, la doctora Gloria Cuartas Montoya; pues –a decir
de ella- el informe estaría en contra del Consenso Político que la habría
llevado a la Alcaldía y del cual yo había renunciado hacía unos meses, al
señalar directamente la existencia de los Comandos Populares de Esperanza Paz y
Libertad como elementos principales de los procesos de despojo y la ofensiva
criminal en el eje bananero. Bastarían tan solo unas semanas para que de manera valerosa, y sin asomo de cobardía como
es conocido internacionalmente, la misma ex alcaldesa Cuartas Montoya nos diera la razón cuando tuviera que acudir, sin descanso
alguno, a recoger los cadáveres de cientos de militantes de izquierda, líderes
campesinos y defensores de DDHH, condenados a muerte por los Comandos Populares,
el general “carnicero de Urabá” Rito Alejo del Río, Las Convivir Papagayo
lideradas por el ex alcalde de Carepa, Arnulfo Peñuela Marín (http://caracol.com.co/radio/2008/03/31/judicial/1206977760_570527.html) y por su relacionista público Alberto
Osorio, quienes facilitarían la expansión paramilitar de Freddy Rendón “el
alemán” y Carlos Castaño por toda Urabá.
El periodo
de gobierno que enfrentó Gloria Cuartas en Apartadó, 1995 a 1997, se caracterizaría por
ser uno de los periodos más violentos en Urabá. Entre 1994 y 1997,
precisamente, caerían asesinados de manera selectiva o en masacres los líderes
más representativos de la UP y el Partido Comunista. Así, a pesar de la oposición
vehemente de la alcaldesa, la derecha regional y departamental logró
por la violencia lo que en las urnas no había podido: sacar del juego lectoral y de la
vida política cualquier expresión de izquierda en la región, menos al
movimiento reinsertado EPL al cual le pagarían los favores recibidos, a través
de sus Comandos Populares, con varias curules en los Concejos municipales y
varios periodos como titulares en las alcaldías de Apartadó y Carepa,
principalmente. La ex alcaldesa acudiría a recoger decenas de cadáveres que produjo
esta alianza criminal de derecha –monitoreada desde la gobernación de Antioquia,
la XVII Brigada Militar en cabeza de Rito Alejo del Río y la oficina de la
Convivir Papagayo-, abandonados en canales de veredas, caminos y áreas rurales
donde ni la fiscalía ni la iglesia misma
se atrevían a entrar a hacer los levantamientos de los difuntos. Cadáveres de
una estela de impunidad en un periodo de terror en el que se empezó a gestar el
proyecto criminal que permitiría al narcoparamilitarismo tener su propio
presidente de la República (precisamente el gobernador de Antioquia de la
época); y la toma de más del 35% del Congreso Nacional, para legalizar, entre
tantos de sus crímenes, el despojo de tierras a millones de campesinos.
La tierra es
el asunto central del conflicto colombiano, lo ha sido así a lo largo de más de
200 años. En 1960 un grupo de 40
familias campesinas, cansadas de la violencia bipartidista de los años 40s y
los 50s, se asentaron con sus proyectos agrícolas en Río Chiquito, Guayabero,
El Pato y Marquetalia. Desgastados por la guerra, desplazados unos, ex
combatientes liberales otros, desencantados por los incumplimientos del
gobierno, pacientes y esperanzados de un futuro en paz, no obstante el
asesinato de dos de sus principales líderes (Guadalupe Salcedo y Jacobo Frías
Alape -El Charro negro-, ex guerrilleros reinsertados gracias a la supuesta
amnistía ofrecida por el dictador Rojas Pinilla), se decidieron por construir
una propuesta de reservas campesinas con elementos de gobierno autónomo. Esto
no le gustó a los terratenientes del país, entre ellos los del departamento del
Cauca, que ya le habían echado el ojo a las tierras productivas que tenían los
campesinos de Río Chiquito y querían hacerse a ellas a como diera lugar. Movieron
sus nefastas maquinarias en el congreso: aliados los Valencia, los Iragorry,
los Mosquera Chaux con el extremo derechista Álvaro Gómez Hurtado, los
condenaron al bombardeo inefable. Bombardeo que con gusto debió comandar el ex
presidente Guillermo León Valencia (abuelo de la infame Paloma Valencia del Centro
Democrático), dados los intereses familiares sobre las tierras “liberadas” del
influjo comunista como las denominará Gómez Hurtado en el Senado al referirse
al proyecto campesino como un proyecto de “Repúblicas independientes” e instar
por su destrucción.
De este suceso
histórico, nacerían las FARC-EP. Pues sus fundadores fueron víctimas de la
persecución criminal que sobre ellos desplegaran los miserables gobernantes del
Frente Nacional: Guillermo León Valencia, el general Matallana, el conservador
Gómez Hurtado, entre otros, que hoy por
hoy deben ostentar algunas propiedades en dichos territorios.
No es
gratuito pues, que el primer punto de agenda en las conversaciones de paz (iniciado
en la Habana, Cuba, en el año 2012 y firmado en el Teatro Colón de Bogotá, en
noviembre de 2016), entre el gobierno y las FARC-EP, sea el asunto agrario. No
es extraño tampoco que las FARC-EP se reclamen víctimas del conflicto, es
entendible desde esta perspectiva histórica.
El robo de
tierras en Colombia es un hecho histórico: Los conquistadores españoles dieron
inicio a este hábito criminal, ser poseedores de tierras en América era signo
de gran prestigio en Europa y de poder entre la clase española y sus herederos
criollos en este “nuevo mundo”. La figura de la Encomienda empezaría a
legalizar el despojo y la esclavitud de los indígenas. Los criollos, hijos de
españoles, siempre miraron con desdén a los campesinos mestizos y se aseguraron
mantener el poder feudal sobre las tierras de los indígenas. Bolívar –finalmente criollo y terrateniente- no
hizo gran cosa por cambiar la realidad de las inmensas mayorías: mestizos, indios,
esclavos. Poblaciones indefensas de los territorios recién liberados del yugo
español, pero sometidos a una nueva clase dominante de terratenientes y
feudalistas. Tanto sabían los sectores pobres de las colonias sur americanas
que Bolívar no representaba más que la independencia de las élites criollas,
que por ello muchos de ellos no participaron de sus ejércitos y a éste le tocó luchar con un montón de
mercenarios ingleses. Bolívar se murió debiendo la libertad a los esclavos y
dejando unas disposiciones de ley que fragmentaron los resguardos indígenas, lo
cual se la hizo fácil a los terratenientes criollos que aprovecharon para
quedarse con las tierras que históricamente era de los primeros pobladores
americanos: los indígenas.
La peor
desgracia de los campesinos pobres, colonos que empezaron a derribar montañas y
sembrar en territorios baldíos olvidados por
el Estado, es que lugar donde ponían el azadón y el machete, lugar que
se convertía en tierra productiva. Lugar también que se convertía –de inmediato-
en objeto de ambición por parte de los terratenientes. Terratenientes que muy
pronto desencadenarían todo tipo de persecución violenta contra esos colonos,
sin importarles que eran esos colonos y no ellos, los que se habían partido la
espalda recuperando dichos territorios. Paradojas de la vida: en muchos
espacios geográficos de Colombia, los indígenas eran también víctimas de los
colonos, que en su afán colonizador llegaban a invadir sus territorios. Los
unos víctimas de los otros: indígenas de los colonos, los colonos de los
terratenientes, pero estos últimos con todo el poder del aparato político para
imponerse sobre los otros.
La Ley 200 de
1936, con la cual el presidente Liberal Alfonso López Pumarejo pretendió hacer
una reforma agraria, le representó a la clase campesina más muertos que
hectáreas de tierras recuperadas o tituladas. Pues donde las maquinarias
terratenientes no lograron hacerse a las escrituras de la tierra bajo el amparo
de dicha ley, desencadenaron una contra reforma armada que daría inicio al
desangre de la llamada violencia política de los años 40s y 50s y que tendría
su punto clímax en el año de 1948 con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán.
Igual sucede hoy con la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del
gobierno del “Nobel” Juan Manuel Santos, pues está significando la muerte de decenas
de campesinos, líderes reclamantes de tierra. Es mayor el terror impuesto por
los grupos de poder en las regiones y más el número de víctimas que siguen
poniendo los sectores populares y agrarios que el número de hectáreas en
restitución.
Más de siete
millones de hectáreas de tierra robada, más de 8 millones de víctimas en los
últimos 30 años. El proceso de paz con las FARC-EP será un proceso incompleto
si en la nueva Jurisdicción Especial
para la Paz, sus jueces y/o magistrados no crean una Comisión de la Verdad Jurídica
dedicada exclusivamente al tema de las tierras. Esta Comisión deberá,
entonces, propender por revelar lo que tanto temor le da a las élites narco
paramilitares que se han apoderado de la tercera parte de Colombia,
consolidándose como una élite emergente, con tanto poder como para poner su
propio presidente (para que les legalizara el despojo a esos millones de víctimas),
lo cual sucedió por un periodo de 8 años en el país: 2002 a 2010.
La Comisión
de verdad jurídica sobre el asunto de tierras en el conflicto es una necesidad
para que logremos entender la magnitud del conflicto, para que entendamos
también quienes son los ideólogos de la guerra. Dicha Comisión muy seguramente
hará temblar el Establecimiento, pues de una vez por todas confirmará lo que
tantas veces hemos repetido quienes desde hace más de 20 años venimos
estudiando las causas del conflicto: que la guerra a lo largo de la historia ha
ido un jugoso negocio, no tanto para la subversión colombiana e incluso para
los mismos paramilitares, como sí para las mafias políticas, militares y
económicas que enquistadas en el poder hace más de dos siglos no han tenido
escrúpulo alguno en aliarse con poderosos gamonales narcotraficantes que han
escalado al poder político nacional gracias a su acción criminal en los últimos
30 años.
Que se venga
pues esta Comisión para que nos expliquemos cómo es que han acrecentado sus
fortunas y preservado su poder económico y terrateniente los Valencia, los Iragorry,
los Araujo, los Santo Domingo, los Lloreda, los Ardila Lulle, los Gómez
Martínez, los Valencia Cossio, los Pacho Santos; y de cómo han escalado las
élites criminales emergentes encabezadas por los Uribe Vélez, los Obdulios
Gavirias, entre otros. Y por último, que se nos explique el papel de los
Estados Unidos en este proceso de guerra, no sólo a través de su intervención
militar, sino que también a través de
las miles de iglesias evangélicas que, en regiones como Urabá, se iban
construyendo sobre las cenizas de los pueblos devastados por la barbarie
paramilitar.
He dicho.
P.D. Que no
olvide la Fiscalía que a la investigación contra Uribe Vélez por la masacre de
El Aro, en Ituango, Antioquia, debe sumar la investigación del asesinato del
abogado defensor de Derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había
denunciado la participación de Uribe en dicha masacre tan sólo uso días antes.
También el asesinato de Francisco Villalba y los otros tantos testigos que han
testimoniado contra Uribe en los diferentes procesos criminales en los que se
relaciona al nefasto ex presidente.
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