Parte 2.
Las niñas mártires de la Virgen de la Roca -
Comunidad de Paz de San José de Apartadó -
Falsos Positivos de Soacha -
Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar
Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos.
http://opiblogalternativo.blogspot.com/2010/11/oh-impunidad-inmarcesible.html
Un recorrido periodístico por varios casos de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano, aparentemente diferentes, pero que tienen como puntos de encuentro o hilo conductor la misma gravedad de los hechos de vulneración a los derechos y garantías de justicia, dignidad y vida de los colombianos, así como un desenlace común en la mayoría de las investigaciones y preocupaciones de los gobernantes y administradores de justicia colombianos: la impunidad y el olvido.
La masacre del año 2005
La barbarie ha extendido su manto por todos los rincones de Colombia, los crímenes de lesa humanidad ya no son noticias de asombro para un país acostumbrado a las jamás impensables atrocidades cometidas por psicópatas asesinos, primero llamados pájaros (en la violencia desencadenada desde la década de los 40s a los 60s); y luego, en nuestra época, paramilitares de motosierra, machete y garrote.
La cabeza del niño había rodado unos metros más allá del tronco de su cuerpo, él tan solo tenía 11 años; la pierna de la niña había sido cercenada de un tajo, a ella, de tan solo 17 años también le habrían abierto el vientre antes de matarla; cerca había un garrote y un machete con los cuales los mataron, ella estaba de bruces, inclinada sobre el cuerpo de Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes históricos de la Comunidad de Paz. El machete, cuentan los campesinos que venciendo todo temor se dieron la tarea de buscar los cuerpos inmolados del líder y su familia para darles cristiana sepultura (hecho prohibido por los victimarios y que puede costar la vida), fue manipulado por un soldado que llegó con una patrulla de la Brigada 33 (misma de donde salieron los militares cómplices de este crimen), pues no sólo lavó en el agua del río la hoja de metal que tenía cúmulos de sangre de los difuntos, y el mango donde podrían estar las huellas del emisario de la muerte encargado de la tortura y la sevicia con que se actuó, sino que además le sacó filo en una piedra.
El año 2005, significó para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la pérdida de una veintena de sus miembros, en seis acciones violentas del paramilitarismo y el ejército. Sin duda alguna el golpe más duro lo padece la comunidad con la masacre del 21 de febrero, en los entornos de la vereda Mulatos, donde además de Luis Eduardo Guerra, Bellanira Areiza, su compañera sentimental de 17 años y su hijo Deiner Andrés de 11 años; también fueron asesinados en la vereda la Resbalosa, Alejandro Pérez Castaño (un ex miliciano que enfrentó la patrulla criminal), Alfonso Bolívar Graciano (coordinador de la zona humanitaria de la Comunidad) que habría intentado huir con algunos trabajadores de su parcela, pero se devolvió porque en la casa aún estaban su mujer y dos hijos. Sandra Milena Muñoz Posso, la mujer de Graciano, ya habría sido asesinada en la cocina de su vivienda, cuando éste regresó a encontrarse con la tragedia y su propia muerte. Frente al hombre degollaron y desmembraron a sus hijos Natalia Andrea de 6 años y Santiago de 18 meses, luego repitieron la acción sobre él.
Estos escabrosos hechos habrían dado inicio el día anterior, el 20 de febrero en la vereda las Nieves, donde la patrulla criminal emboscó al miliciano Marcelino Morelos, quien estaría visitando a su hija Diana Marcela Guzmán en casa de la madre de ésta. El miliciano intentaría enfrentar a la tropa militar y paramilitar, hiriendo un soldado, pero pronto lo vencieron en una acción donde la niña resultó herida. Los últimos momentos de vida de Marcelino serían transitados por la tortura, su cadáver tendría signos de tortura y sevicia, según relatase después Gladys Guzmán, madre de la niña, a quien aislaron para que no presenciara dichos últimos momentos de vida del miliciano.
Aunque este operativo se habría diseñado para encontrar milicianos de las Farc, que por la forma de proceder de los militares y paramilitares se demuestra que no era precisamente para capturarlos -todo indica que la acción era la tortura y el asesinato premeditado-, cobró la vida de seis civiles, incluyendo cuatro niños que igual que sus padres nada tenían que ver dentro del conflicto armado. “Los mismos acusados explicaron que el 21 de febrero, mientras el Ejército protegía la retaguardia, un grupo de paramilitares asesinó a golpes y machetazos, para evitar ser descubiertos, a Luis Eduardo Guerra, de 35 años; a su compañera, Bellanira Areiza, de 17, y a su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11. Los campesinos que vieron los cuerpos afirmaron que “no presentaban ningún impacto de bala y sí mostraban claramente que habían sido fuertemente golpeados y finalmente degollados”. A una hora de camino del lugar del crimen, otro escuadrón en el que se mezclaban paramilitares y militares, llegó a una pequeña vivienda donde estaba una pareja de campesinos, sus dos hijos y un hombre que les ayudaba en el campo. Mataron, también a machetazos, a los tres adultos, Alfonso Bolívar Tuberquia, 30 años; Sandra Milena Muñoz, 24, y Alejandro Pérez, 30. “Sólo sobrevivieron dos niños, de 3 ó 4 años, que estaban llorando al ver a sus padres muertos”, aseguró un paramilitar a la Fiscalía. Pero, poco después, un capitán ordenó degollar a Natalia Andrea Tuberquia, de 6 años, y Santiago Tuberquia, de 2. El oficial no tuvo misericordia a pesar de que le “propuse que yo me hacía cargo de los niños (…). El señor del Ejército le dijo a otro comandante que no lo podía aceptar porque la niña estaba grandecita y ella se daba cuenta de lo que estaba pasando”, según consta en la declaración de otro paramilitar ante la Fiscalía”. (http://www.diagonalperiodico.net/San-Jose-de-Apartado-modelo-de.html).
“La primera mentira estatal corrió por cuenta de un “ex guerrillero” de las Farc, quien en amplias declaraciones dadas a la prensa y divulgadas en la primera semana de marzo de 2005, señaló a las Farc como responsable de la masacre porque tenía información de que algunas de las víctimas iban a abandonar la comunidad. “La guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan”, dijo este supuesto insurgente, quien recibía protección del Gobierno nacional.
“Lo grave de esta falsa versión es que comenzó a ser reproducida por el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Así quedó demostrado el domingo 20 de marzo de 2005. Ese día, al finalizar un consejo de seguridad realizado en Apartadó, el Presidente leyó un comunicado en el cual afirmó que “en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.
“Uno de los aspectos de los autores de la masacre aún no ha sido dimensionado en sus justas proporciones. De acuerdo con las versiones de los excombatientes de las Auc, el bloque paramilitar que participó en la incursión fue el Héroes de Tolová, estructura que estaba al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien para esa época hacía parte del Estado Mayor de las Auc y cuyos compromisos de desmovilización incluían el cese de operaciones.
“De acuerdo con las indagaciones del padre Giraldo, que obran en los expedientes del proceso que adelanta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que miembros del Ejército llamaron a los comandantes de este bloque de las Auc para perpetrar la incursión de manera conjunta, acción que revela la relación sistemática de los paramilitares con las fuerzas armadas constitucionales, la cual venía de tiempo atrás, cuando el grupo armado ilegal estableció su base de operaciones en el poblado Nueva Antioquia, en Turbo, y permaneció allí por más de una década.
Los resultados de la investigación sobre estos atroces hechos permite establecer que las autoridades, desde el más alto nivel, mintieron de manera premeditada y construyeron una mentira a conciencia. Las falsas versiones, tanto de la Presidencia de la República como las del Ministerio de Defensa, la Comandancia del Ejército y de la Fiscalía Regional de Antioquia, divulgadas ampliamente por los medios de comunicación, reclaman, además de una retractación pública, la acción de la justicia, pues tal manipulación de la verdad lo único que refleja es complicidad. (Juan Diego Restrepo E., Editor Agencia de Prensa IPC Medellín, Colombia - www.ipc.org.co -).
Aunque el presidente Uribe, fuera el primer instigador de la mentira que buscaba desviar el cauce de las investigaciones sobre este hecho para amparar ante la justicia a los militares de la brigada XVII -fiel a una política fijada por él desde sus tiempos de gobernador de Antioquia cuando actuara de manera conjunta con el hoy procesado ex general Rito Alejo del Río, por su contubernio con el paramilitarismo-; las investigaciones pronto dieron el viraje necesario para desmentir no solo al ex presidente, sino que también a los mandos militares, al Fiscal Regional de Antioquia, para ese entonces el Sr. Francisco Galvis Ramos (quien asegurara que “la Comunidad de Paz era un veraneadero de las FARC”), y a los mismos medios de comunicación que como El Colombiano de Medellín, hicieron eco de las palabras de Uribe Vélez y acomodaron los móviles del crimen a, según las palabras del entonces ministro de defensa Jorge Alberto Uribe “en ocasiones estas agrupaciones han utilizado dichas comunidades como refugio para sus actividades delictivas. La Comunidad de San José de Apartadó no ha sido la excepción”; es decir, se seguían las directrices del “patrón”, quien fungiera como Presidente de la República en un recreo de ocho años, mientras volvía a sus quehaceres terratenientes en su finca el Ubérrimo.
Los medios masivos de comunicación, sin dudar de estas fuentes oficiales, sin tener en cuenta la versión de las víctimas y otras voces que pudieran equilibrar o al menos dar el principio de oportunidad y de defensa a quienes de por sí ya no podrían defenderse (las siete personas inmoladas en los hechos); reprodujeron dichas versiones y sentaron postura desde sendos editoriales donde contribuían al estigma que de por sí llevan a cuestas los miembros de la Comunidad de Paz. El gobierno capitalizó su habilidad de manipulación de todas las estructuras de poder, incluyendo los “medios de comunicación” a su disposición para crear una mentira propagandística y cerrarle, más aún, los espacios de búsqueda de paz a las víctimas.
Tal fue la situación manejada por los medios, que dicha mentira publicitaria del gobierno, cinco años después de los hechos y con la continuidad de hechos violentos y de perpetración de crímenes en la Comunidad, que el Padre Gabriel Giraldo S.J.; se vio obligado, moral y políticamente (dado su compromiso de fe con este proceso) a enviar una carta a la directora del periódico El Colombiano, Dra. Ana Mercedes Gómez Martínez, en la cual dejaba planteadas algunas reflexiones y quejas, entre ellas: “Uno se pregunta, nuevamente, si las preferencias políticas de un diario que se dice de “información” masiva, puede pasar por encima de la Constitución y de los Derechos Humanos universales. ¿Dónde queda el Derecho a la Verdad? ¿Dónde queda el derecho de los ciudadanos a una Información Veraz y Confiable? ¿Autorizan las adhesiones políticas partidistas y personalistas a una complicidad con el delito?.
“Fue repulsivo, por ejemplo, el tratamiento que su diario le dio a la masacre del 21 de febrero de 2005, en su mismo editorial (Editorial del viernes 4 de marzo de 2005), en el cual no sólo critica a quienes denuncian a los verdaderos autores del crimen sino que acusa a los denunciantes de querer entorpecer la reelección del Presidente Uribe y aboga por la presencia de la fuerza pública en el caserío, a pesar de los graves señalamientos de ser los autores de la barbarie. Igualmente repulsiva fue la acogida que su diario le dio al falso testigo que los militares buscaron para engañar a la opinión pública (artículo: “Delación, única pista de masacre”, 4 de marzo de 2005, pág. 3 a), tomando sus mentiras como la verdadera versión de los hechos y divulgándolas masivamente sin discernimiento alguno” (Bogotá, octubre 27 de 2010).
Por su parte, Amnistía Internacional, dejó en claro que “Acusar a los miembros de la Comunidad de Paz de colaborar con grupos guerrilleros coloca a esta comunidad en una situación de mayor riesgo frente a la posibilidad de ataques lanzados por paramilitares respaldados por el ejército. Las declaraciones del presidente, así como los comentarios formulados por el ministro de Defensa negando toda responsabilidad del ejército en la matanza de febrero, también suscitan el temor de que el carácter exhaustivo e imparcial que debe tener cualquier investigación de los hechos en torno a esta matanza se vea gravemente vulnerado”
En su carta a la directora de El Colombiano de Medellín, el Padre Giraldo se permitía recordar lo siguiente: “La sentencia de la Corte Constitucional (T- 1191/04) deja muy en claro que el Presidente estaba cometiendo allí un delito que debía recibir tratamiento penal, disciplinario, de control político, de Acción de Tutela y de justicia internacional y que estaba violando de manera flagrante artículos neurálgicos de la Constitución Nacional. La denuncia de la Comunidad trasegó durante 5 años por la Cámara de Representantes y altos tribunales, hasta ser objeto de archivo por la Plenaria de la Cámara el pasado mes de agosto, sin haber investigado nada y con argumentos tan vergonzosos que llevaron a un grupo de congresistas a remitir el caso a la Corte Penal Internacional”.
En Agosto de 2004, en casa de Luis Eduardo Guerra, explotó un artefacto abandonado por el ejército en un campo de cultivo de la vereda la Unión. Artefacto que según los mismos miembros del ejército, sólo produciría humo al explotar, ya que era un artefacto usado para llamar la atención de los helicópteros cuando iban a recoger las tropas, según respondieron cuando la comunidad misma y la Defensoría del Pueblo pidió que dicho artefacto fuera recogido de la vereda. Este suceso causó graves heridas a Luz Enit Tuberquia, esposa de Luis Eduardo, Luz Helena Torres de 16 años; William Ortiz, un vecino que estaba cerca del sitio y Deiner Andrés Guerra (en ese entonces con 10 años de edad) quien terminó con una pierna destrozada. Las dos mujeres murieron en el Hospital San Vicente de Paul en Medellín a consecuencia de estos hechos.
Para Febrero de 2005, fecha de la masacre que le costó la vida a él y su familia, la única intención que motivaba la llegada de Luis Eduardo Guerra a donde sus familiares en la vereda Mulatos, era recoger una cosecha de cacao para financiar su viaje a Medellín, donde su hijo tenía cita médica de revisión de la pierna que había resultado afectada por la explosión de 2004. Luis Eduardo Guerra quien habría sido retenido por los militares el 12 de diciembre de 2004, donde además de interrogarlo le intimidarían con afirmaciones como “usted es una persona sospechosa”, afirmaría, un mes antes de morir, lo siguiente: “A pesar de mantener una posición neutral frente a la insurgencia, dicen que nosotros recibimos órdenes directas de ésta para desprestigiar al Estado y decir que es el único que viola los derechos humanos. Eso es una mentira a todas luces porque hemos dicho públicamente que dentro de estos asesinatos (sufridos por la comunidad) la subversión también tiene una gran participación, más de 20 casos”.
“vemos que nos están acorralando con las masacres, con los tiros, con los asesinatos selectivos, con el desprestigio, porque sabemos que el mismo gobierno tiene funcionarios haciendo un desprestigio desinformativo a nivel internacional, a nivel incluso de las mismas embajadas, diciendo que ellos tienen toda la voluntad y que son las comunidades las que se oponen a que el gobierno haga presencia cuando es una total mentira, y que ellos no son los violadores de los derechos humanos, que los violadores de los derechos humanos son la insurgencia, cuando hemos dicho que hay un ejemplo muy claro: ¿cuántos muertos tenemos? ¿En cuántos han participado las fuerzas militares? ¿Toda la estructura paramilitar que hay en Urabá por quién está apoyada? Creo que es una situación difícil en estos momentos, porque económica y políticamente el gobierno está haciendo un trabajo muy fuerte contra las comunidades, sobre todo contra San José de Apartadó.
El caso de los falsos positivos de Soacha.
En San José de Apartado, “el 27 de marzo de 1997, integrantes del ejército acompañados de paramilitares detuvieron al joven JOSÉ HELIBERTO GUERRA DAVID, discapacitado mental, en la vereda La Unión, mientras sembraba yuca en la parcela de su familia. Luego apareció asesinado en la morgue de Apartadó vestido de uniforme de camuflaje y presentado como “guerrillero muerto en combate” (…) Muchos años después, la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos (Rad: 1637) ubicó a uno de los soldados que habían participado en el falso combate, le recibió la declaración y se esclareció que se trataba de un ejecución extrajudicial con modalidad de “falso positivo”. La Fiscalía aún no ha judicializado a los demás participantes en el crimen ni a sus líneas de mando” (Fusil o Toga, Toga y Fusil, Javier Giraldo Moreno S.J., pág. 37).
A la luz de los antecedentes de la situación padecida por la comunidad de paz de San José de Apartadó, se puede interpretar cómo la práctica de los asesinatos extrajudiciales, cometidos por miembros de la fuerza pública colombiana, para luego hacer pasar a las víctimas de estos mismos crímenes, como guerrilleros dados de baja en combate, es una práctica permanente y de muchos años en el país. Prácticas que en regiones como la del Urabá antioqueño, ya eran pan da cada día. Pan amasado con el dolor de las madres, esposas, hijos e hijas de cientos de víctimas que cayeron tan solo por el hecho de vivir en un territorio en disputa tanto por los actores armados del conflicto, como por los intereses de empresarios, políticos regionales, narcotraficantes, grupos económicos y multinacionales que operan sus proyectos en dichos lugares, en últimas, autores ideológicos y financiadores del paramilitarismo.
La diferencia en el modus operandi de estos casos revelados a partir de las desapariciones en Soacha, que serían sólo “la punta del iceberg” en un caso que sumaría más de tres mil asesinatos de jóvenes de todo el país, tal y como lo registrara en su informe preliminar, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, Sr. Philip Alston; era la forma de abordaje de las víctimas: reclutamientos engañosos de personas civiles comisionadas para ello, y a las cuales les pagaban hasta 200 mil pesos por persona reclutada, con ofrecimientos de trabajo en otras partes de su lugar de residencia.
Luz Marina Bernal, madre de un chico de condición especial, víctima de los “falsos positivos” en Soacha, relata que su hijo nacido a los seis meses, y debido a un accidente que ella tuvo durante el embarazo, a los cinco meses y tras el atropello de un carro, hizo que se le desprendiera parte del cerebro a su niño, que nació sufriendo meningitis, y presentó discapacidad con dificultad de aprendizaje, “era un niño de 9 años, neurológicamente,” a pesar de sus 23 años de edad. No obstante, estas condiciones especiales del joven (como sucediera en marzo de 1997, en San José de Apartadó, con el joven en condición de discapacidad JOSÉ HELIBERTO GUERRA DAVID), no detuvieron ni a los reclutadores ni a los militares involucrados en esta política criminal para mostrar avances en la lucha contra la subversión en el periodo de la “seguridad democrática”, liderada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Este caso dado a conocer en Colombia por Noticias Uno, revela que dos horas después, a los cinco hombres los han separado y Aladino sólo queda en compañía de un joven llamado Albeiro, él pregunta por el comandante “y habla un cabo conmigo, yo le pregunto que qué va a pasar con nosotros, él dice que no va a pasar nada, que va a traer una señora para un reconocimiento, y que si nosotros intentamos volarnos, nos dan gatillo”, posteriormente serían llevados hasta un barranco donde les disparan, él es herido en el hombro “caigo al piso y desde el piso le digo, señor, por qué me va a matar si yo no le debo nada, y él se queda pensativo, al pie mío, está muy cerca de mí, el soldado que está al frente pienso yo que me quería disparar nuevamente”, por esa vez, Aladino se escapa de la muerte, huyendo por el barranco y escondiéndose en una cuneta, por más de dos horas, de los soldados que lo perseguían.
Suerte que no tendrían 3.796 personas que fueron víctimas de este patrón generalizado y sistemático de comisión de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares, de acuerdo a los casos documentados por la Mesa de Trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos da cuenta de ese fenómeno (Soacha: Falsos Positivos e Impunidad, La Punta del Iceberg’, Fundación FEDES, 2009).
Hoy, el dolor de las madres y familiares de estos jóvenes, no sólo se enmarca en la impunidad que campea en el proceso judicial y de criminalización de los militares involucrados en el caso, también en el recuerdo de un Primer Mandatario que siempre le dio el espaldarazo a los victimarios y degradó la imagen de las víctimas y sus familiares, “el señor Presidente se llena la boca diciendo de que era que esos muchachos eran unos maleantes, que se iban a delinquir” (madre de uno de los jóvenes); “El propio presidente Uribe sostuvo que, si bien la Fiscalía no había establecido si la muerte de los jóvenes se dio efectivamente en un enfrentamiento, con seguridad fueron reclutados con fines criminales y “no salieron con el propósito de trabajar o recoger café” (Editorial del diario El Espectador, 28 de octubre de 2008).
Esta actitud del presidente de la república, frente a las víctimas de los “falsos positivos”, demostraba una actitud muy similar a la que mostró en sus primeras declaraciones cuando el país conoció la terrible masacre cometida por ejército y paramilitares en el año 2005, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; una práctica reiterada en su habitual manera de manejar el gobierno desde su época de gobernador de Antioquia, cuando bajo la anuencia del gobierno de Samper Pizano y con Horacio Serpa como garante desde el Ministerio del Interior, propiciaría el fortalecimiento desbordado del aparato criminal de las mal llamadas autodefensas, gracias a la creación de las Cooperativas de Seguridad Convivir, las cuales degeneraron en lo que siempre fueron: grupos paramilitares.
Próxima entrega: Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar.
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