¡OH IMPUNIDAD INMARCESIBLE! PARTE 3.

Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos.
Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar

Epílogo: Jaime Garzón en la nostalgia de Sumapaz

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"Nuestros territorio es una herencia ancestral, nosotros hemos vivido aquí, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos; y no queremos dejar nuestro territorio, las comunidades ya hemos entendido que de aquí no nos van a sacar, que aquí seguimos luchando… (…), nosotros hemos entendido que esta es nuestra tierra, nosotros no nos vemos, no nos sentimos viviendo en Bogotá, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí en nuestro ambiente, en nuestro Páramo, en Bogotá allá nos iremos a morir de hambre en Bogotá…” (Elvira Ramírez, grupo de mujeres campesinas de Sumapaz)

Encuentro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con la Comunidad Campesina de Sumapaz.

Luego de su recorrido por el perímetro urbano de Bogotá, que comprendería también varias acciones simbólicas frente a instancias como la Fiscalía (donde se dejarían aproximadamente 200 ataúdes en miniatura, con los nombres de cada una de las victimas inmoladas en la Comunidad de Paz), para hacer un llamado directo al Fiscal Nacional sobre la importancia de que estos casos no queden en la más completa impunidad; la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Peregrinación Grace llegaron a la localidad de Sumapaz, (localidad 20). Única localidad rural de la ciudad capital del país y parte del gran Parque Natural del Páramo de Sumapaz, reserva hídrica mundial por excelencia, donde sus más de 2600 pobladores enfrentan grandes incertidumbres con respecto a su permanencia y tranquilidad en el territorio. Donde acecha la amenaza permanente de la inseguridad y posiblemente se presente un fenómeno tan brutal como los tantos que se han presentado en otras zonas del país que han degenerado no sólo en atropellos contra la población y masacres sino que también con el éxodo masivo, el desarraigo de su gente y el despojamiento de las tierras, toda vez que en los últimos años la zona se encuentra totalmente militarizada y las multinacionales se aprestan a construir varias hidroeléctricas y 9 represas que alterarán la sostenibilidad misma de esta gran reserva natural de Colombia y el mundo.

Una de las grandes preocupaciones de investigadores como Jaime Alonso Herrón del proyecto Asamblea Sur (Foro de Derechos Humanos, 10 de julio de 2010 en la vereda la Unión), es cómo Sumapaz que en 1990 llegó a ser la cuarta potencia mundial en recursos hídricos, y en 1996 había bajado a séptimo lugar, con este tipo de megaproyectos que aceleran el fenómeno de agotamiento hídrico al que están condenadas otras regiones donde hay grandes hidroeléctricas, caso de Chingaza, en la cual se pronostica habrá agua sólo hasta el 2017 o 2020, además de la situación humanitaria y de Derechos Humanos que generarían estos proyectos.

Como territorio bogotano, la localidad se encuentra dividida en tres corregimientos (Nazareth, La Unión y San Juan de Sumapaz), que a su vez están integrados por 28 veredas. A su vez, la gran región del Páramo de Sumapaz comprende tres departamentos Meta, Huila, y Cundinamarca, con 82 veredas distribuidas en dichos departamentos y limita con el Tolima, departamento que ha estado muy ligado a su historia por los procesos de lucha agraria liderados por figuras legendarias como Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, quienes desde los años 20 a los 50s, en el siglo XX, lucharon contra el feudalismo impuesto por grandes hacendados y lograron hacer realidad el sueño de tener tierra propia para los campesinos de la Sociedad Agrícola del Sumapaz.

El pasado.

Gilberto Riveros, viejo sereno de ruana, zurriago y sombrero, tiene 68 años y fue testigo de las luchas de Juan de la Cruz Varela, luego de la muerte de Erasmo Valencia, nos relata en sus palabras lo que ha sido parte de la historia de la localidad y la región en las últimas décadas, luego de escuchar la experiencia relatada por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: “Esa lucha es similar a la que hemos librado nosotros, muy antigua, por ahí desde 1920… yo tengo para contarles que he vivido y que me acuerdo desde 1948 para acá, siendo yo muy joven comenzó aquí la revuelta del conflicto, con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, fue la primer etapa que yo conocí del conflicto del Sumapaz, después vinieron muchas más… en 1952 hubo otra represión contra la población del Sumapaz, donde se comenzaron a apresar a los campesinos, a llevarlos a una base que tenían en Cunday…, a torturarlos, esa era la política partidista entre el partido liberal y el partido conservador, aquí antiguamente era de tendencia liberal. La denominación que se le daba a la gente era chusmero, no era guerrillero ni subversivos ni terroristas como los denominan hoy en día, y a quién señalaran de chusmero, mire: pa’ la cárcel o pa’l otro lado. Ahí hubo una pacificación en 1953, se hizo una amnistía, que duró lo que fue el resto de 1953 y 1954, en 1955 volvió la represión contra el campesinado, ahí no podían salir a los pueblos, o para salir a los pueblos tenían que sacar un salvoconducto que le decían en ese entonces, y el que no tuviera ese salvoconducto, lo retenían, sino lo desaparecían, duraba una cantidad de tiempo en la cárcel cuando él debía traer unas panelas para mantener la familia, y así ha sido la lucha en este territorio. Ahí en 1955 hubo una evacuación, lo que hoy llaman desplazamiento, todas estas veredas de aquí del Sumapaz y unas veredas vecinas del territorio del departamento fue desocupado totalmente, desocupado no se encontraba un habitante hasta que hubo otro tratado de paz nuevamente en 1957, entonces comenzó a venir la gente nuevamente a buscar el territorio, eso era una lucha dura, esto no se encontraba sino pasto en todo este sector, no había cementeras, no había animales, no había nada, la gente volvió empobrecida, algunos volvieron, algotros no volvieron, unos fueron a parar a las cárceles, a otros los asesinaron, mucha trayectoria que ha habido en ese sentido…

“Ese mural que tenemos ahí en ese escenario, muchos de esos dirigentes han sido asesinados vilmente, entonces, de ahí, que con todas esas etapas que han sido las luchas del Sumapaz, hoy en día se nos viene la lucha por el territorio, sopretexto de combatir el terrorismo tenemos las grandes militarizaciones, violando toda clase de los derechos humanos, violando la carta magna de la constitución nacional; precisamente estos días llegaron unos militares a hacerme una encuesta ahí en la casa, yo les decía, esto no hay derecho, se me pusieron bravísimos, que porque no les daba mi identificación para que hicieran la encuesta, no la doy, porque sé que ustedes están violando el derecho internacional humanitario, están violando la constitución nacional, ustedes los mandan aquí para que respeten la vida y honra y bienes de los campesinos ¡que es lo que manda la constitución nacional y ustedes la están violando, están aquí ocupando los predios de los campesinos haciendo toda clase de perjuicios, y es que eso ha sido así desde 1990 para acá, les cuento que ha sido una lucha constante con ese problema… Ahí últimamente han habido muchachos asesinados por parte de la fuerza pública y ahorita nos quieren desplazar del territorio”.

Las luchas de Juan de la Cruz Varela, al contrario del proceso liderado por Erasmo Valencia, incluyeron el levantamiento en armas, en los años 50s, siendo ya militante del Partido Comunista, luego de haber estado en el liberalismo dadas sus simpatías por Jorge Eliecer Gaitán y el ex presidente Alfonso López Pumarejo quien habría simpatizado con las luchas de Varela.

Pero no es gratuita la opción de Varela al asumir la lucha armada, la historia relata que si bien durante el gobierno reformista de López Pumarejo, el campesinado tuvo garantías de hacerse a sus parcelas con el gobierno como intermadiario, el panorama cambió radicalmente con la llegada al poder del conservatismo en cabeza de Mariano Ospina Pérez “La muerte de los líderes liberales era cada vez más frecuentes. Los asesinatos comenzaron en las antiguas zonas de violencia de los años treinta (Santanderes y Boyacá) y se expandió al Sumapaz, Tequendama y Rio Negro en Cundinamarca. Se había iniciado la política de homogenización de pueblos y veredas consistente en la expulsión de los liberales mediante actos de terror colectivo y la práctica del destierro. En el Sumapaz se realizaron hostigamientos y persecuciones contra los pobladores liberales, entre ellas, la masacre de Pueblo Nuevo, donde fueron asesinados más de 90 campesinos y colonos del área rural de Villa Rica y Cunday. Los pobladores rurales se refugiaron en las ciudades de Bogotá, Fusagasugá y Girardot.

“En Cundinamarca especialmente en Sumapaz, se agudizaba el conflicto entre campesinos, colonos y trabajadores de las haciendas cafeteras y los dueños reales o supuestos. Temerosos ante las reformas, cafeteros y terratenientes conformaron ligas de propietarios para atacarlas. Pronto se transformaron en la Asociación Patriótica Económica Nacional, APEN, a la que ingresaron algunos empresarios que veían amenazados sus intereses por las reformas laboral, agraria y tributaría.

“Juan de la Cruz Varela dirigió la resistencia de las autodefensas contra más de un tercio del Ejército que fue volcado sobre el Sumapaz haciendo fusilamientos masivos, bombardeos a la población civil y creando el primer campo de concentración en Cunday. Allí surgiría la primera columna guerrillera comunista que dio origen a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. El éxodo campesino de la región del Sumapaz significó el abandono de numerosos predios rurales, que generó una crisis en la agricultura y en el mercado de trabajo en la zona” (www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/.../cap8a.htm).

Este proceso de resistencia armada, desde los campesinos, justificaría entonces, los bombardeos dirigidos contra la población de la región, en una política claramente guerrerista contra las denominadas “repúblicas independientes”, como denominara Álvaro Gómez Hurtado a aquellas regiones en donde había focos de resistencia agraria no sólo como respuesta a la explotación y sometimiento a que los grandes terratenientes sometían a colonos y campesinos, sino que también como una respuesta a la hegemonía de la violencia conservadora. Sumapaz sentiría el estruendo de la guerra anti comunista desarrollada por Rojas Pinilla, cuando éste ordenara el bombardeo de la comunidad de Nazaret, hecho que además redujo las formas más tradicionales de economía y por ende, estancaría el desarrollo de dicha comunidad. Tal fue la historia de Marquetalia, donde los bombardeos contra la gente organizada por Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, propiciaron el nacimiento de la guerrilla de las FARC, grupo que vendría a establecer uno de sus frentes en la región, por su posición geoestratégica, luego del abandono de las armas por parte de Juan de la Cruz Varela quien regresó al municipio de Cabrera, desde donde desarrolló su defensa del campesino sumapaceño desde la actividad política, hasta sus últimos años en la década de los 80s.

Contextos actuales.

En la localidad se ha presentado un proceso de militarización que acantona seis batallones con más de seis mil efectivos. Entre dichos batallones se encuentran: Batallón de Alta Montaña No. 1, Batallón de Contraguerrillas No. 13 ”Cacique Timanco”, Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), Batallón de Infantería # 39. “Para el campesinado de Sumapaz, hoy es muy claro que la militarización y la represión que estamos viviendo hace parte de la estrategia del mundo industrializado para adueñarse de nuestros recursos vitales como el agua, que acá aún es abundante con respecto a las reservas de otras naciones, la biodiversidad, el agua y también la riqueza del subsuelo…” (Palabras de delegado de Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz, SINTRAPAZ, en el encuentro con la Comunidad de Paz).

El campesinado de Sumapaz, es consciente de que si bien hubo unos años de relativa tranquilidad, que durante algunas décadas del famoso Frente Nacional o pacto bipartidista para la alternación del poder como salida a la violencia de la mitad de siglo XX, después de los años 90s en el mismo siglo, y con gran ascendencia después del año 2002 y durante el periodo de la “Seguridad Democrática”, volvieron los atropellos, las persecuciones y hasta los asesinatos por móviles políticos y de supuesto combate contra la subversión en la localidad. Así queda en claro, con las muchas denuncias interpuestas por El Comité Local de Derechos Humanos y SINTRAPAZ, en diferentes foros de Derechos Humanos, como el realizado en 10 de julio de 2010, donde tuvimos la oportunidad de hacer presencia y escuchar una declaración de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Granada, donde sus líderes se quejaban de cómo el ejército hace uso indebido de los espacios comunales, contribuye al deterioro ambiental dejando objetos contaminantes como desechables, hace tala de árboles, hurta ganado a los campesinos en veredas como Nazareth, Totuma, Salitre y Duda; y lo más preocupante: agresión a los campesinos reteniéndoles sus herramientas de trabajo, requisas indiscriminadas a campesinos en retenes donde les hacen fotos que luego son utilizadas en la búsqueda de supuestos milicianos y guerrilleros, y hasta operativos con ametrallamiento desde avión en varios sitios como las veredas Totuma Alta y Baja. Tal es la situación de la localidad, que al día de hoy, su propia alcaldesa local, Dra. Reinere de los Ángeles Jaramillo; despacha desde el perímetro urbano de Bogotá y se cuida de ir a la zona por amenazas de grupos armados, contra su vida. Pero más grave aún, la existencia de manifestaciones de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tales como violación a mujeres, menores de edad, retenciones arbitrarias y diferentes asesinatos:

“Tras celebrarse un foro sobre Derechos Humanos este sábado en la vereda La Unión de la región del Sumapaz, campesinos de este sector denuncian que no han podido salir de la zona, toda vez que varios encapuchados, presuntamente subversivos o paramilitares, se encuentran rodeando el lugar, generando zozobra y temor en este lugar al sur de la capital del país. De acuerdo con uno de los campesinos que asistió a este acto en el que participaron cerca de 300 moradores de la región del Sumapaz, los encapuchados se encuentran en inmediaciones de la región rural del municipio de Cabrera, zona del Sumapaz, muy cerca donde se cumplió el foro”. (Boletín de noticias difundido en Radio Santa Fe, el mismo día sábado, 10 de julio de 2010).

En el acta No. 14, correspondiente a la Plenaria de Comisiones de la Junta Administradora Local de Sumapaz, en la fecha del 24 de abril de 2009; se registra lo siguiente: “En nuestro territorio se ha visto una desmedida militarización, el estado y la fuerza pública tiene una función, pero dentro del marco de un mandato constitucional la fuerza pública esta para la garantía de los DH. Hacemos un reconocimiento especial a los jóvenes que fueron asesinados y desaparecidos en el mes de Octubre, la historia de nuestra localidad va ligada a la historia del territorio y las reiteradas violaciones de los DH...

“Hace uso de la palabra el señor Rafael Palacios director de la Agencia Asturiana para la Cooperación del desarrollo: El Gobierno del principado Asturiano acompañado por una representante del Comité de Solidaridad por los Derechos Humanos, tenemos un objetivo que es elaborar un informe sobre Derechos Humanos este se llevará a las Naciones Unidas La OIT, El Parlamento Español Europeo y Asturiano de igual forma a las diferentes autoridades del Gobierno Colombia., En el año 2005 cuando se visitó Sumapaz con el Dr. Mario Upegui se constataron hechos graves como fueron ejecuciones extrajudiciales, contaminación de aguas, atropellos contra las familias campesinas, miedo a que esto se recrudeciera con la instalación del Batallón Alta Montaña y asesores de Estados Unidos; se ha comprobado es que el Ejército Nacional se convierte en ocupación, se acantona en el pueblo, ocupan canchas, convierten la población civil en objetivo militar…”

Las persecuciones y atropellos se justifican, como siempre, con la estrategia legítima que tiene el Estado en la lucha antisubversiva, ahora “antiterrorista”. En este caso se trata de cerrarle el paso a los frentes 51 y 53 de las FARC, en posibles incursiones hacia Bogotá, además de debilitar su presencia en esta región y obligarla al repliegue, como ha sucedido en otras regiones clave para este grupo. Pero en los registros de diferentes medios, tanto masivos como alternativos de comunicación han quedado los registros de cómo esta lucha “antiterrorista”, lo único que viene vulnerando en la zona son los derechos ambientales, de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como lo podemos leer en los archivos de la Agencia Prensa Rural en internet: “El día 21 de septiembre de 2009 en las horas de la mañana, un miembro de la tropa acantonada en una finca de la vereda Chorreras, haciendo uso de su investidura militar, incursionó en la vivienda de una familia y abusó de una menor de nueve años, estudiante del Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, en la sede ubicada en la vereda mencionada”…

Así registró, el periodista Hernán Durango, del Periódico VOZ, el asesinato de dos Ediles en la localidad, en el mes de octubre de 2009: “El domingo 18 de octubre, cuando se realizaba la reunión de la Asociación de Juntas Comunales con los ediles de la localidad de Sumapaz del Distrito Capital, dos sujetos irrumpieron en el sitio del encuentro, escuela de la vereda Ríos, corregimiento de Nazareth, y luego de intimidar a los participantes abrieron fuego contra los ediles liberales María Fanny Torres Ramírez y Fernando Morales, quienes fueron asesinados sin ninguna consideración.

Los asesinos preguntaron por la alcaldesa Reinere Jaramillo, pero como no estaba, abandonaron el lugar llevándose a los ediles Carlos Suárez y Alexánder Guzmán, del Polo Democrático Alternativo; y a Jairo Mujica, asesor de la Alcaldía, quienes fueron dejados en libertad horas más tarde.

Otras informaciones de la Agencia Prensa Rural dan cuenta de los siguientes hechos: “El miércoles 16 de junio en la vereda Buenas Tardes del municipio de Pasca (Cundinamarca), aproximadamente a las 5:30 am, miembros de la Policía judicial (Sijín) irrumpieron violentamente en tres viviendas, haciendo en una de ellas, la de la familia Villalba, disparos al aire para alertar su llegada, la ocuparon y procedieron hacer el allanamiento, ultrajando y maltratando física y moralmente a sus moradores. Luego de varias llamadas y al percatarse que ninguna de esas viviendas era a la que iba dirigido el operativo, se dirigieron a la vivienda de los padres del señor Táutiva donde fue detenido sin oponer resistencia. Desde el día de su detención medios de comunicación locales y nacionales han dado un amplio despliegue a la noticia de la captura de un presunto integrante del frente 51 de las FARC”. Todo lo anterior sin detallar más casos de tipo “falsos positivos” (donde ya hay militares involucrados), detenciones, torturas y asesinatos de familiares e hijos de líderes comunales como una estrategia para generar terror, entre muchos otros delitos de lesa humanidad.

En un documento de llamamiento nacional e internacional, “S.O.S. por el Sumapaz” de Luz Marina López Espinosa, difundido por Agencia Prensa Rural, podemos resumir la gran verdad de la sentiencia que se ha decretado sobre el Sumapaz: “Lo de la lucha contra el terrorismo, lo de la "seguridad democrática" aplicada en ese territorio, lo de la necesidad de “taponar” a Bogotá por ese lado de la inminente toma por las FARC, lo de que “ni un metro cuadrado del territorio patrio vedado a la Fuerza Pública” y demás imposturas del discurso que esconde lo inconfesable: que Sumapaz ya está entregado, Sumapaz ya está vendido, Sumapaz va a ser un gran negocio de empresas multinacionales con cuya agua se enriquecerán y también -en menor grado- unos pocos socios nacionales.

“Sólo falta sacar a su gente, “y ya lo estamos haciendo” se dice en los conciliábulos del poder económico y militar encargado de la tarea, el Ministerio de Agricultura, del Medio Ambiente –sobre todo éste, ¡ver para creer!-, el nefando Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el Ministerio de Defensa, la Brigada 13 del Ejército. Cómo será ello, lo dice con enormes letras de espanto la historia de oprobio de Colombia de los últimos 60 años, o si se quiere, la más cercana y que vivimos, la de los últimos 30 años.

“¿Qué fue la historia de horror del Urabá sino la de la necesidad de despojar de sus tierras a esos colonos e infelices que se asentaron allá huyendo de ancestrales violencias, todo en aras de hacer los grandes emprendimientos agroindustriales de la palma aceitera y del banano con la tenebrosa Chiquita Brands a la cabeza? ¿Y qué fue la “gloriosa” pacificación de Arias Cabrales y Rito Alejo del Río sino la coronación del propósito de obtener la tierra a toda costa, llámese esta costa baño de sangre o el piadoso “simple” desplazamiento?

“Y qué fue la historia del Cacarica en el Chocó y de los territorios ancestrales con título colectivo de origen constitucional de las cuencas del ríos Curvaradó y Jiguamiandó? Idéntica. No hay que volver a contarla. Tierra para las transnacionales, tierra para los grandes emprendimientos agroindustriales exportadores, mineros y energéticos que diseñó el Banco Mundial como fórmula “para que salgamos del subdesarrollo”. Es decir, además nos hacen un favor. Claro, hay algunos sacrificados, algunos desplazados, algunos asesinatos, algunas masacres, pero bueno…”

Epílogo: En su memoria, el Colegio ubicado en la vereda de Nazaret lleva el nombre “Colegio Campestre Jaime Garzón I.E.D.”. Muchos campesinos de San Juan de Sumapaz, donde se centra todo el ejercicio administrativo del gobierno local, con una alcaldesa en la distancia, registran aún las sonoras carcajadas y el desparpajo de un alcalde local que en un solo año de mandato, logró la pavimentación de la única calle de la vereda, construyó un puesto de salud y mejoró la escuela. Recuerdan también su compromiso político con las actividades humanitarias, como cuando, en respuesta al general Jorge Enrique Mora Rangel que pedía se investigara a Jaime Garzón por su participación en la liberación de 9 secuestrados de las FARC en 1998, y ante la negativa del mismo general de recibirlo directamente, le enviara un telegrama donde le decía “General, no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que lucha usted". Pero sobretodo recuerdan su manera irreverente y mamagallista hasta para con sus jefes de gobierno, como cuando, aún siendo alcalde local, en respuesta a una petición del gobierno Distrital para que hiciera registro de las casas de lenocinio que hubieren en Sumapaz, entre ellas una supuesta casa de lenocinio abierta por el mismo alcalde local, éste respondiera: "Después de una inspección visual, informo que aquí las únicas putas, son las putas FARC", hecho que le valiera la destitución firmada por el entonces secretario de gobierno, Volmar Pérez Ortiz, quien actuaba bajo las órdenes del alcalde distrital, en ese entonces, Andrés Pastrana Arango.

Jaime Garzón fue asesinado por el paramilitarismo, supuestamente por orden directa de Carlos Castaño, el 13 de agosto de 1999, en hechos y responsabilidades que a la fecha no son claros para la justicia colombiana. Los colombianos, como los campesinos de Sumapaz, aún recordamos la sentida despedida que su colega César Augusto Londoño (presentador de deportes de noticias CM&), en plena emisión, al terminar su sección por aquel día: "...Y hasta aquí los deportes, ¡país de mierda!".

Fotos: Luis Carlos Pulgarín Ceballos, Aleida Prada G. y Oscar Salazar.

Agradecimientos:

Padre Javier Giraldo S.J.

Gloria Cuartas Montoya – Ex senadora y Ex Alcaldesa de Apartadó

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Campesinos y campesinas de Sumapaz

Fundación Grace de Tamera, Portugal.

Oscar Salazar T.

Luz Aleida Prada Guevara

Felipe Pineda

www.deracamandaca.org

Agencia Prensa Rural

¡Oh Impunidad Inmarcesible!

Parte 2.

Las niñas mártires de la Virgen de la Roca -

Comunidad de Paz de San José de Apartadó -

Falsos Positivos de Soacha -

Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar

Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos.

Leer la Primera entrega en: http://luiscarlospulgarinceballos.blogspot.com/2010_11_14_archive.html -

www.deracamandaca.org

http://opiblogalternativo.blogspot.com/2010/11/oh-impunidad-inmarcesible.html

Un recorrido periodístico por varios casos de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano, aparentemente diferentes, pero que tienen como puntos de encuentro o hilo conductor la misma gravedad de los hechos de vulneración a los derechos y garantías de justicia, dignidad y vida de los colombianos, así como un desenlace común en la mayoría de las investigaciones y preocupaciones de los gobernantes y administradores de justicia colombianos: la impunidad y el olvido.

La masacre del año 2005

La barbarie ha extendido su manto por todos los rincones de Colombia, los crímenes de lesa humanidad ya no son noticias de asombro para un país acostumbrado a las jamás impensables atrocidades cometidas por psicópatas asesinos, primero llamados pájaros (en la violencia desencadenada desde la década de los 40s a los 60s); y luego, en nuestra época, paramilitares de motosierra, machete y garrote.

La cabeza del niño había rodado unos metros más allá del tronco de su cuerpo, él tan solo tenía 11 años; la pierna de la niña había sido cercenada de un tajo, a ella, de tan solo 17 años también le habrían abierto el vientre antes de matarla; cerca había un garrote y un machete con los cuales los mataron, ella estaba de bruces, inclinada sobre el cuerpo de Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes históricos de la Comunidad de Paz. El machete, cuentan los campesinos que venciendo todo temor se dieron la tarea de buscar los cuerpos inmolados del líder y su familia para darles cristiana sepultura (hecho prohibido por los victimarios y que puede costar la vida), fue manipulado por un soldado que llegó con una patrulla de la Brigada 33 (misma de donde salieron los militares cómplices de este crimen), pues no sólo lavó en el agua del río la hoja de metal que tenía cúmulos de sangre de los difuntos, y el mango donde podrían estar las huellas del emisario de la muerte encargado de la tortura y la sevicia con que se actuó, sino que además le sacó filo en una piedra.

El año 2005, significó para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la pérdida de una veintena de sus miembros, en seis acciones violentas del paramilitarismo y el ejército. Sin duda alguna el golpe más duro lo padece la comunidad con la masacre del 21 de febrero, en los entornos de la vereda Mulatos, donde además de Luis Eduardo Guerra, Bellanira Areiza, su compañera sentimental de 17 años y su hijo Deiner Andrés de 11 años; también fueron asesinados en la vereda la Resbalosa, Alejandro Pérez Castaño (un ex miliciano que enfrentó la patrulla criminal), Alfonso Bolívar Graciano (coordinador de la zona humanitaria de la Comunidad) que habría intentado huir con algunos trabajadores de su parcela, pero se devolvió porque en la casa aún estaban su mujer y dos hijos. Sandra Milena Muñoz Posso, la mujer de Graciano, ya habría sido asesinada en la cocina de su vivienda, cuando éste regresó a encontrarse con la tragedia y su propia muerte. Frente al hombre degollaron y desmembraron a sus hijos Natalia Andrea de 6 años y Santiago de 18 meses, luego repitieron la acción sobre él.

Estos escabrosos hechos habrían dado inicio el día anterior, el 20 de febrero en la vereda las Nieves, donde la patrulla criminal emboscó al miliciano Marcelino Morelos, quien estaría visitando a su hija Diana Marcela Guzmán en casa de la madre de ésta. El miliciano intentaría enfrentar a la tropa militar y paramilitar, hiriendo un soldado, pero pronto lo vencieron en una acción donde la niña resultó herida. Los últimos momentos de vida de Marcelino serían transitados por la tortura, su cadáver tendría signos de tortura y sevicia, según relatase después Gladys Guzmán, madre de la niña, a quien aislaron para que no presenciara dichos últimos momentos de vida del miliciano.

Aunque este operativo se habría diseñado para encontrar milicianos de las Farc, que por la forma de proceder de los militares y paramilitares se demuestra que no era precisamente para capturarlos -todo indica que la acción era la tortura y el asesinato premeditado-, cobró la vida de seis civiles, incluyendo cuatro niños que igual que sus padres nada tenían que ver dentro del conflicto armado. “Los mismos acusados explicaron que el 21 de febrero, mientras el Ejército protegía la retaguardia, un grupo de paramilitares asesinó a golpes y machetazos, para evitar ser descubiertos, a Luis Eduardo Guerra, de 35 años; a su compañera, Bellanira Areiza, de 17, y a su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11. Los campesinos que vieron los cuerpos afirmaron que “no presentaban ningún impacto de bala y sí mostraban claramente que habían sido fuertemente golpeados y finalmente degollados”. A una hora de camino del lugar del crimen, otro escuadrón en el que se mezclaban paramilitares y militares, llegó a una pequeña vivienda donde estaba una pareja de campesinos, sus dos hijos y un hombre que les ayudaba en el campo. Mataron, también a machetazos, a los tres adultos, Alfonso Bolívar Tuberquia, 30 años; Sandra Milena Muñoz, 24, y Alejandro Pérez, 30. “Sólo sobrevivieron dos niños, de 3 ó 4 años, que estaban llorando al ver a sus padres muertos”, aseguró un paramilitar a la Fiscalía. Pero, poco después, un capitán ordenó degollar a Natalia Andrea Tuberquia, de 6 años, y Santiago Tuberquia, de 2. El oficial no tuvo misericordia a pesar de que le “propuse que yo me hacía cargo de los niños (…). El señor del Ejército le dijo a otro comandante que no lo podía aceptar porque la niña estaba grandecita y ella se daba cuenta de lo que estaba pasando”, según consta en la declaración de otro paramilitar ante la Fiscalía”. (http://www.diagonalperiodico.net/San-Jose-de-Apartado-modelo-de.html).

“La primera mentira estatal corrió por cuenta de un “ex guerrillero” de las Farc, quien en amplias declaraciones dadas a la prensa y divulgadas en la primera semana de marzo de 2005, señaló a las Farc como responsable de la masacre porque tenía información de que algunas de las víctimas iban a abandonar la comunidad. “La guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan”, dijo este supuesto insurgente, quien recibía protección del Gobierno nacional.

“Lo grave de esta falsa versión es que comenzó a ser reproducida por el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Así quedó demostrado el domingo 20 de marzo de 2005. Ese día, al finalizar un consejo de seguridad realizado en Apartadó, el Presidente leyó un comunicado en el cual afirmó que “en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.

“Uno de los aspectos de los autores de la masacre aún no ha sido dimensionado en sus justas proporciones. De acuerdo con las versiones de los excombatientes de las Auc, el bloque paramilitar que participó en la incursión fue el Héroes de Tolová, estructura que estaba al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien para esa época hacía parte del Estado Mayor de las Auc y cuyos compromisos de desmovilización incluían el cese de operaciones.

“De acuerdo con las indagaciones del padre Giraldo, que obran en los expedientes del proceso que adelanta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que miembros del Ejército llamaron a los comandantes de este bloque de las Auc para perpetrar la incursión de manera conjunta, acción que revela la relación sistemática de los paramilitares con las fuerzas armadas constitucionales, la cual venía de tiempo atrás, cuando el grupo armado ilegal estableció su base de operaciones en el poblado Nueva Antioquia, en Turbo, y permaneció allí por más de una década.

Los resultados de la investigación sobre estos atroces hechos permite establecer que las autoridades, desde el más alto nivel, mintieron de manera premeditada y construyeron una mentira a conciencia. Las falsas versiones, tanto de la Presidencia de la República como las del Ministerio de Defensa, la Comandancia del Ejército y de la Fiscalía Regional de Antioquia, divulgadas ampliamente por los medios de comunicación, reclaman, además de una retractación pública, la acción de la justicia, pues tal manipulación de la verdad lo único que refleja es complicidad. (Juan Diego Restrepo E., Editor Agencia de Prensa IPC Medellín, Colombia - www.ipc.org.co -).

Aunque el presidente Uribe, fuera el primer instigador de la mentira que buscaba desviar el cauce de las investigaciones sobre este hecho para amparar ante la justicia a los militares de la brigada XVII -fiel a una política fijada por él desde sus tiempos de gobernador de Antioquia cuando actuara de manera conjunta con el hoy procesado ex general Rito Alejo del Río, por su contubernio con el paramilitarismo-; las investigaciones pronto dieron el viraje necesario para desmentir no solo al ex presidente, sino que también a los mandos militares, al Fiscal Regional de Antioquia, para ese entonces el Sr. Francisco Galvis Ramos (quien asegurara que “la Comunidad de Paz era un veraneadero de las FARC”), y a los mismos medios de comunicación que como El Colombiano de Medellín, hicieron eco de las palabras de Uribe Vélez y acomodaron los móviles del crimen a, según las palabras del entonces ministro de defensa Jorge Alberto Uribe “en ocasiones estas agrupaciones han utilizado dichas comunidades como refugio para sus actividades delictivas. La Comunidad de San José de Apartadó no ha sido la excepción”; es decir, se seguían las directrices del “patrón”, quien fungiera como Presidente de la República en un recreo de ocho años, mientras volvía a sus quehaceres terratenientes en su finca el Ubérrimo.

Los medios masivos de comunicación, sin dudar de estas fuentes oficiales, sin tener en cuenta la versión de las víctimas y otras voces que pudieran equilibrar o al menos dar el principio de oportunidad y de defensa a quienes de por sí ya no podrían defenderse (las siete personas inmoladas en los hechos); reprodujeron dichas versiones y sentaron postura desde sendos editoriales donde contribuían al estigma que de por sí llevan a cuestas los miembros de la Comunidad de Paz. El gobierno capitalizó su habilidad de manipulación de todas las estructuras de poder, incluyendo los “medios de comunicación” a su disposición para crear una mentira propagandística y cerrarle, más aún, los espacios de búsqueda de paz a las víctimas.

Tal fue la situación manejada por los medios, que dicha mentira publicitaria del gobierno, cinco años después de los hechos y con la continuidad de hechos violentos y de perpetración de crímenes en la Comunidad, que el Padre Gabriel Giraldo S.J.; se vio obligado, moral y políticamente (dado su compromiso de fe con este proceso) a enviar una carta a la directora del periódico El Colombiano, Dra. Ana Mercedes Gómez Martínez, en la cual dejaba planteadas algunas reflexiones y quejas, entre ellas: “Uno se pregunta, nuevamente, si las preferencias políticas de un diario que se dice de “información” masiva, puede pasar por encima de la Constitución y de los Derechos Humanos universales. ¿Dónde queda el Derecho a la Verdad? ¿Dónde queda el derecho de los ciudadanos a una Información Veraz y Confiable? ¿Autorizan las adhesiones políticas partidistas y personalistas a una complicidad con el delito?.

“Fue repulsivo, por ejemplo, el tratamiento que su diario le dio a la masacre del 21 de febrero de 2005, en su mismo editorial (Editorial del viernes 4 de marzo de 2005), en el cual no sólo critica a quienes denuncian a los verdaderos autores del crimen sino que acusa a los denunciantes de querer entorpecer la reelección del Presidente Uribe y aboga por la presencia de la fuerza pública en el caserío, a pesar de los graves señalamientos de ser los autores de la barbarie. Igualmente repulsiva fue la acogida que su diario le dio al falso testigo que los militares buscaron para engañar a la opinión pública (artículo: “Delación, única pista de masacre”, 4 de marzo de 2005, pág. 3 a), tomando sus mentiras como la verdadera versión de los hechos y divulgándolas masivamente sin discernimiento alguno” (Bogotá, octubre 27 de 2010).

Por su parte, Amnistía Internacional, dejó en claro que “Acusar a los miembros de la Comunidad de Paz de colaborar con grupos guerrilleros coloca a esta comunidad en una situación de mayor riesgo frente a la posibilidad de ataques lanzados por paramilitares respaldados por el ejército. Las declaraciones del presidente, así como los comentarios formulados por el ministro de Defensa negando toda responsabilidad del ejército en la matanza de febrero, también suscitan el temor de que el carácter exhaustivo e imparcial que debe tener cualquier investigación de los hechos en torno a esta matanza se vea gravemente vulnerado”

En su carta a la directora de El Colombiano de Medellín, el Padre Giraldo se permitía recordar lo siguiente: “La sentencia de la Corte Constitucional (T- 1191/04) deja muy en claro que el Presidente estaba cometiendo allí un delito que debía recibir tratamiento penal, disciplinario, de control político, de Acción de Tutela y de justicia internacional y que estaba violando de manera flagrante artículos neurálgicos de la Constitución Nacional. La denuncia de la Comunidad trasegó durante 5 años por la Cámara de Representantes y altos tribunales, hasta ser objeto de archivo por la Plenaria de la Cámara el pasado mes de agosto, sin haber investigado nada y con argumentos tan vergonzosos que llevaron a un grupo de congresistas a remitir el caso a la Corte Penal Internacional”.

En Agosto de 2004, en casa de Luis Eduardo Guerra, explotó un artefacto abandonado por el ejército en un campo de cultivo de la vereda la Unión. Artefacto que según los mismos miembros del ejército, sólo produciría humo al explotar, ya que era un artefacto usado para llamar la atención de los helicópteros cuando iban a recoger las tropas, según respondieron cuando la comunidad misma y la Defensoría del Pueblo pidió que dicho artefacto fuera recogido de la vereda. Este suceso causó graves heridas a Luz Enit Tuberquia, esposa de Luis Eduardo, Luz Helena Torres de 16 años; William Ortiz, un vecino que estaba cerca del sitio y Deiner Andrés Guerra (en ese entonces con 10 años de edad) quien terminó con una pierna destrozada. Las dos mujeres murieron en el Hospital San Vicente de Paul en Medellín a consecuencia de estos hechos.

Para Febrero de 2005, fecha de la masacre que le costó la vida a él y su familia, la única intención que motivaba la llegada de Luis Eduardo Guerra a donde sus familiares en la vereda Mulatos, era recoger una cosecha de cacao para financiar su viaje a Medellín, donde su hijo tenía cita médica de revisión de la pierna que había resultado afectada por la explosión de 2004. Luis Eduardo Guerra quien habría sido retenido por los militares el 12 de diciembre de 2004, donde además de interrogarlo le intimidarían con afirmaciones como “usted es una persona sospechosa”, afirmaría, un mes antes de morir, lo siguiente: “A pesar de mantener una posición neutral frente a la insurgencia, dicen que nosotros recibimos órdenes directas de ésta para desprestigiar al Estado y decir que es el único que viola los derechos humanos. Eso es una mentira a todas luces porque hemos dicho públicamente que dentro de estos asesinatos (sufridos por la comunidad) la subversión también tiene una gran participación, más de 20 casos”.

“vemos que nos están acorralando con las masacres, con los tiros, con los asesinatos selectivos, con el desprestigio, porque sabemos que el mismo gobierno tiene funcionarios haciendo un desprestigio desinformativo a nivel internacional, a nivel incluso de las mismas embajadas, diciendo que ellos tienen toda la voluntad y que son las comunidades las que se oponen a que el gobierno haga presencia cuando es una total mentira, y que ellos no son los violadores de los derechos humanos, que los violadores de los derechos humanos son la insurgencia, cuando hemos dicho que hay un ejemplo muy claro: ¿cuántos muertos tenemos? ¿En cuántos han participado las fuerzas militares? ¿Toda la estructura paramilitar que hay en Urabá por quién está apoyada? Creo que es una situación difícil en estos momentos, porque económica y políticamente el gobierno está haciendo un trabajo muy fuerte contra las comunidades, sobre todo contra San José de Apartadó.

“Nosotros siempre hemos dicho, y en eso somos claros, que nuestro proyecto es seguir resistiendo y defendiendo nuestros derechos. No sabemos hasta cuándo, porque lo que hemos vivido durante toda la historia es que hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos. Que hoy estamos en San José de Apartadó, pero mañana puede estar la mayoría de la gente desplazada porque puede haber una masacre de 20 o 30 personas, eso no es algo imposible. Aquí en esta región todo es posible. Pero mientras estemos, nuestros proyectos de vida siguen y es como defender a la población civil. (Entrevista realizada a Luis Eduardo Guerra, por la televisión valenciana –España-, el 15 de enero del 2005. Tomada de la Revista Número, edición 44).

El caso de los falsos positivos de Soacha.

La Barbarie no respeta víctimas, cualquier persona, sin importar su estado es vulnerada y sacrificada en aras de mostrar efectividad y resultados en una sociedad donde el soborno de las recompensas es la única meta, el fin justifica los medios, sin importar la ética y en menoscabo de lo políticamente correcto, es el mensaje que se interpretaba del ex presidente Álvaro Uribe Vélez cuando éste, conminaba a los congresistas enjuiciados por el proceso de la parapolítica, a que votaran las leyes que él y su modelo de gobierno propuesto necesitaba, mientras no estuvieran en la cárcel.

En San José de Apartado, “el 27 de marzo de 1997, integrantes del ejército acompañados de paramilitares detuvieron al joven JOSÉ HELIBERTO GUERRA DAVID, discapacitado mental, en la vereda La Unión, mientras sembraba yuca en la parcela de su familia. Luego apareció asesinado en la morgue de Apartadó vestido de uniforme de camuflaje y presentado como “guerrillero muerto en combate” (…) Muchos años después, la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos (Rad: 1637) ubicó a uno de los soldados que habían participado en el falso combate, le recibió la declaración y se esclareció que se trataba de un ejecución extrajudicial con modalidad de “falso positivo”. La Fiscalía aún no ha judicializado a los demás participantes en el crimen ni a sus líneas de mando” (Fusil o Toga, Toga y Fusil, Javier Giraldo Moreno S.J., pág. 37).

A la luz de los antecedentes de la situación padecida por la comunidad de paz de San José de Apartadó, se puede interpretar cómo la práctica de los asesinatos extrajudiciales, cometidos por miembros de la fuerza pública colombiana, para luego hacer pasar a las víctimas de estos mismos crímenes, como guerrilleros dados de baja en combate, es una práctica permanente y de muchos años en el país. Prácticas que en regiones como la del Urabá antioqueño, ya eran pan da cada día. Pan amasado con el dolor de las madres, esposas, hijos e hijas de cientos de víctimas que cayeron tan solo por el hecho de vivir en un territorio en disputa tanto por los actores armados del conflicto, como por los intereses de empresarios, políticos regionales, narcotraficantes, grupos económicos y multinacionales que operan sus proyectos en dichos lugares, en últimas, autores ideológicos y financiadores del paramilitarismo.

La peregrinación de Paz, con la comunidad de San José de Apartadó, cruzó la zona marginal de Soacha, por el barrio Casa Loma, desde donde se divisan la mayoría de los 32 barrios que integran esta zona denominada la Comuna 4 de este municipio, asentamiento de familias humildes, muchas de ellas desplazadas de la violencia en los últimos 10 años, lugares de donde saldrían camino de la desaparición inicial algunos de los 16 jóvenes residentes de Soacha, que darían lugar a la develación de la existencia de una práctica generalizada en las filas del ejército colombiano, y que tendría un aumento escabroso en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez: la desaparición de jóvenes humildes e inocentes, la ejecución de asesinatos extrajudiciales sobre su humanidad y la posterior farsa de hacerlos pasar como subversivos dados de baja para mostrar resultados “efectivos” en la lucha contra la subversión, merecer ascensos militares o cobrar recompensas.

La diferencia en el modus operandi de estos casos revelados a partir de las desapariciones en Soacha, que serían sólo “la punta del iceberg” en un caso que sumaría más de tres mil asesinatos de jóvenes de todo el país, tal y como lo registrara en su informe preliminar, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, Sr. Philip Alston; era la forma de abordaje de las víctimas: reclutamientos engañosos de personas civiles comisionadas para ello, y a las cuales les pagaban hasta 200 mil pesos por persona reclutada, con ofrecimientos de trabajo en otras partes de su lugar de residencia.

Luz Marina Bernal, madre de un chico de condición especial, víctima de los “falsos positivos” en Soacha, relata que su hijo nacido a los seis meses, y debido a un accidente que ella tuvo durante el embarazo, a los cinco meses y tras el atropello de un carro, hizo que se le desprendiera parte del cerebro a su niño, que nació sufriendo meningitis, y presentó discapacidad con dificultad de aprendizaje, “era un niño de 9 años, neurológicamente,” a pesar de sus 23 años de edad. No obstante, estas condiciones especiales del joven (como sucediera en marzo de 1997, en San José de Apartadó, con el joven en condición de discapacidad JOSÉ HELIBERTO GUERRA DAVID), no detuvieron ni a los reclutadores ni a los militares involucrados en esta política criminal para mostrar avances en la lucha contra la subversión en el periodo de la “seguridad democrática”, liderada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

“Él estaba en la casa cuando lo llamaron por celular, y el salió a cumplirle la cita a la persona que lo llamó…”... “Él estaba haciendo sexto, ya entraba a séptimo… Pero el me había dicho… mamita mire que están ofreciendo empleos en tierra caliente… para cuidar fincas, para cuidar café…”; Me enteré que la señora Erley fue la última persona que lo vio a las 10 de la noche, cuando ella llegó de Pereira y mi hijo muy amablemente le ayudó a traer las maletas hasta la casa y ella sacó 2 mil pesos para pagarle el favor y él no se los quiso recibir, y ella le dijo papito golpéele a su mami que está ahí en la sala y él le contestó no porque mi mami no me deja volver a salir y yo tengo que hacer un viaje con un amigo…”; son los testimonios entregados a los realizadores del video No Más Falsos Positivos de la Fundación FEDES en 2009; en los cuales se confirma el procedimiento engañoso que utilizaban los reclutadores de los jóvenes a los cuales, una vez sacados de su territorio eran llevados a otros lugares, en este caso Ocaña en Santander, donde eran entregados a militares del abrigada 15, quienes luego los ejecutaban, disfrazaban con prendas militares, ponían armas en las manos, alterando en todo momento el escenario del crimen, para luego reportarlos como guerrilleros.

Aladino Ríos, un joven campesino que se salvó de ser un “falso positivo” contó al Diario Miami Herald que el 14 de agosto de 2007, el señor Alfredo Muñoz Botina (uno de tres reclutadores que lo abordaron), le ofreció trabajó en una finca. Ese mismo día en las primeras horas de la noche lo recogieron en un campero junto con otros cuatro compañeros para ser trasladados a la supuesta finca, pero unos 50 kilómetros más adelante, en un lugar conocido como la Media Luna: “fuimos interceptados por el ejército nacional, Batallón Magdalena (con sede en Pitalito), fuimos atrapados, cogidos por la fuerza, nos bajaron del vehículo, nos colocaron boca abajo, alumbrándonos la cara con los celulares, decían éste es. Éste no es; otro decía parecen ser campesinos”.

Este caso dado a conocer en Colombia por Noticias Uno, revela que dos horas después, a los cinco hombres los han separado y Aladino sólo queda en compañía de un joven llamado Albeiro, él pregunta por el comandante “y habla un cabo conmigo, yo le pregunto que qué va a pasar con nosotros, él dice que no va a pasar nada, que va a traer una señora para un reconocimiento, y que si nosotros intentamos volarnos, nos dan gatillo”, posteriormente serían llevados hasta un barranco donde les disparan, él es herido en el hombro “caigo al piso y desde el piso le digo, señor, por qué me va a matar si yo no le debo nada, y él se queda pensativo, al pie mío, está muy cerca de mí, el soldado que está al frente pienso yo que me quería disparar nuevamente”, por esa vez, Aladino se escapa de la muerte, huyendo por el barranco y escondiéndose en una cuneta, por más de dos horas, de los soldados que lo perseguían.

Suerte que no tendrían 3.796 personas que fueron víctimas de este patrón generalizado y sistemático de comisión de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares, de acuerdo a los casos documentados por la Mesa de Trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos da cuenta de ese fenómeno (Soacha: Falsos Positivos e Impunidad, La Punta del Iceberg’, Fundación FEDES, 2009).

Hoy, el dolor de las madres y familiares de estos jóvenes, no sólo se enmarca en la impunidad que campea en el proceso judicial y de criminalización de los militares involucrados en el caso, también en el recuerdo de un Primer Mandatario que siempre le dio el espaldarazo a los victimarios y degradó la imagen de las víctimas y sus familiares, “el señor Presidente se llena la boca diciendo de que era que esos muchachos eran unos maleantes, que se iban a delinquir” (madre de uno de los jóvenes); “El propio presidente Uribe sostuvo que, si bien la Fiscalía no había establecido si la muerte de los jóvenes se dio efectivamente en un enfrentamiento, con seguridad fueron reclutados con fines criminales y “no salieron con el propósito de trabajar o recoger café” (Editorial del diario El Espectador, 28 de octubre de 2008).

Esta actitud del presidente de la república, frente a las víctimas de los “falsos positivos”, demostraba una actitud muy similar a la que mostró en sus primeras declaraciones cuando el país conoció la terrible masacre cometida por ejército y paramilitares en el año 2005, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; una práctica reiterada en su habitual manera de manejar el gobierno desde su época de gobernador de Antioquia, cuando bajo la anuencia del gobierno de Samper Pizano y con Horacio Serpa como garante desde el Ministerio del Interior, propiciaría el fortalecimiento desbordado del aparato criminal de las mal llamadas autodefensas, gracias a la creación de las Cooperativas de Seguridad Convivir, las cuales degeneraron en lo que siempre fueron: grupos paramilitares.

Próxima entrega: Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar.

¡OH IMPUNIDAD INMARCESIBLE!

Primera entrega.

Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos.

• Las niñas mártires de la Vírgen de la Roca • Comunidad de Paz de San José de Apartadó • Falsos Positivos de Soacha • Sumapaz, Páramo en la encrucijada militar.

Un recorrido periodístico por varios casos de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano, aparentemente diferentes, pero que tienen como puntos de encuentro o hilo conductor la misma gravedad de los hechos de vulneración a los derechos y garantías de justicia, dignidad y vida de los colombianos, así como un desenlace común en la mayoría de las investigaciones y preocupaciones de los gobernantes y administradores de justicia colombianos: la impunidad y el olvido.

La impunidad y el olvido: Común denominador en procesos de justicia colombiana ante casos de violación de Derechos Humanos.

En diferentes diarios de circulación nacional, entre ellos el Periódico El Colombiano de Medellín, se publicaba, los primeros días del mes de agosto de 2010, sobre la exoneración en primera instancia de los militares involucrados en la masacre de varias personas de la comunidad de paz, entre ellas varios niños de tan solo 11, 5 y 2 años; masacre que conmovería la opinión internacional más que la nacional por la gran dosis de barbarie con la cual se cometió y en la que actuarían fuerzas conjuntas de la XVII Brigada Militar de Urabá y varios paramilitares, “Según este fallo, de primera instancia, proferido el pasado jueves, no se pudo comprobar la responsabilidad de diez oficiales y suboficiales de la Brigada XVII, en la muerte de estas personas, las cuales fueron descuartizadas.” (diario el Colombiano, 6 de agosto de 2010).
Dos semanas después, el 19 de agosto, El diario El espectador, daría cuenta de la recuperación de la libertad de los responsables de los autodenominados “falsos positivos”, en palabras del Fiscal general de la Nación, porque “hay un desenfoque en las decisiones de los jueces de garantías en el caso de las ejecuciones extrajudiciales”, según el mismo fiscal “Hay muchísimos casos que están en juicio y procesados que aunque hayan quedado en libertad no significa que estén libres; que hayan salido del problema, eso ha sido por vencimiento de términos y por desenfoque de los jueces”; Según la tesis del Fiscal, el desenfoque de los jueces se debería a que no entendieron que los vencimientos de términos de los procesos se deben a las estrategias dilatorias de la defensa de los militares procesados por casi 2 mil asesinatos extrajudiciales de jóvenes de extracción humilde, por lo general, a quienes harían pasar como subversivos dados de baja en supuestas confrontaciones militares.

De otro lado, si de algo están seguros los campesinos y habitantes de la región del Sumapaz, en Bogotá y Cundinamarca, es que las autoridades encargadas de administrar justicia, no han dado la importancia debida a los diferentes casos denunciados por atropellos militares, que van desde asesinatos, robo de ganado y mercados, y que se vienen sucediendo de manera sistemática en los últimos años, luego de que se anunciara el diseño de un mega proyecto que comprende la construcción de dos hidroeléctricas y nueve represas en este Páramo reserva natural del mundo, donde se anuncia desde ya el desplazamiento de los cientos de familias que tradicionalmente han habitado dicho territorio.

Estos párrafos de entrada, son el inicio de un recorrido periodístico por tres casos de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano, aparentemente diferentes, pero que tienen como puntos de encuentro o hilo conductor la misma gravedad de los hechos de vulneración a los derechos y garantías de justicia, dignidad y vida de los colombianos, así como un desenlace común en la mayoría de las investigaciones y preocupaciones de los gobernantes y administradores de justicia colombianos: la impunidad y el olvido.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó en peregrinación por Cundinamarca y Bogotá.

Se denominó la Peregrinación Grace 2010. Liderada por la Comunidad de Tamera de Portugal, comunidad que se ha declarado pueblo hermano de San José de Apartadó, y el padre jesuita Javier Giraldo, quien ha dedicado toda su energía al acompañamiento a la comunidad de paz.
Como punto de partida de la peregrinación por el centro de Cundinamarca y Bogotá, se eligió el municipio de Facatativá. El domingo 31 de octubre, se encontrarían en este municipio una delegación de aproximadamente 80 extranjeros y unos 70 miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó. El autor del presente documento periodístico acompañó los nueve días de recorrido de la peregrinación que terminaría con un encuentro de intercambio de experiencias en resistencia y defensa del territorio en Sumapaz, localidad 20 de Bogotá, luego de atravesar varias localidades de la capital colombiana, llegar hasta Cazucá en Soacha (municipio donde se abriera, en 2008, el escándalo de los denominados “falsos positivos”); y de realizar varios actos simbólicos y de memoria frente a instancias públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Vicepresidencia y el Congreso Nacional de la República.

Desde este recorrido, con la comunidad misma y apoyado en algunos documentos de bibliografía existentes, se hace la presente reconstrucción de la coyuntura e impunidad vivida por estas comunidades que han sido sometidas al dolor y el duelo permanente por la pérdida de sus familiares en manos de los grupos armados del conflicto colombiano, en especial por los grupos paramilitares en alianza con la fuerza pública colombiana, aunque en el caso de San José de Apartadó hay que sumar algunos casos de violencia perpetrados por la guerrilla de las FARC. “... Entonces comenzamos a resistir y a organizarnos, a rechazar la presencia de la fuerza pública en el corregimiento por el mismo compromiso que habíamos hecho de la neutralidad… y como decía el compañero en la ponencia, a finales del año 97, fue la guerrilla que nos asesinó tres líderes muy importantes, un golpe muy duro… la guerrilla veía como que nosotros éramos como una amenaza para ellos, porque no les prestábamos auxilio a ellos, no les vendíamos, no les dábamos información… entonces teníamos el atropello de todos los grupos armados…” (Testimonio de un miembro del Consejo Directivo de la Comunidad de Paz en la localidad de Sumapaz).

El caso de las niñas mártires de la Virgen de la Roca en Facatativá: “El olvido como bálsamo para el dolor en las víctimas, una estrategia de impunidad en los victimarios”.

La peregrinación de paz con la comunidad de San José de Apartadó, da inicio con una visita al lugar “La Virgen de la Roca” en la periferia de Facatativá, municipio del departamento de Cundinamarca. Allí, un caserío de cartón, tablas y plásticos, algunas carpas donadas por la comunidad. Residen unas 80 personas que mal viven del reciclaje y por temporadas de la industria de las flores, de resto, del rebusque, oficios varios mal pagos y no estables.

La presión para que las familias ubicadas allí, desde la Alcaldía misma y otros sectores pudientes del municipio, ha llegado al extremo de, en contubernio con la fuerza pública, incendiar el rancherío, como sucedió en el año de 2008 cuando desde un helicóptero militar les arrojaron elementos incendiarios que no solo acabó con las pocas pertenencias de los recicladores sino que también terminó con la vida de dos niñas de tan solo 8 y 16 años. Hechos por los cuales, aún no hay responsables judicializados.

Cuando entrevisto a la madre de las niñas muertas en dicho holocausto, la mujer tartamudea, el dolor, a pesar del tiempo transcurrido parece ahogarle las palabras, “es que uno ya ni quiere acordarse de eso, para qué… ya lo que pasó…”; una tía de las niñas interrumpe a la madre para aseverar “Todo fue tan rápido que uno no sabe ni cómo fue… Estábamos, como a eso de las 10 de la noche, arreglando unas gallinas de una contrata que tenemos, cuando se vino todo…”. Será doña Rosa, la abuela de las niñas, quien nos relate los hechos en los cuales no sólo aparece este funesto episodio, sino también otra serie de hostigamientos del gobierno local y la fuerza pública para que desalojen su territorio.

“Uno quisiera olvidar”, afirma una víctima del desplazamiento en algún documento que he leído con anterioridad. Dicha afirmación sumada a las afirmaciones iníciales de los familiares de Karen y Lorena, las niñas sacrificadas en la Virgen de la Roca en Facatativá, nos llevaría a la fácil conclusión de que a las víctimas del conflicto de este país, país sin asombros donde durante casi ocho años el 84% de la población se declaró afecta a las políticas de guerra y del terrorismo de Estado propugnado desde la Casa de Nariño, las ha golpeado tanto la indiferencia y la indolencia que ese 84%, ha demostrado ante la barbarie, que muchos de ellos, victimas, son los primeros en querer olvidar los trágicos sucesos que les ha humillado y sacrificado su garantía a la vida y la dignidad. Allí los veremos por largo tiempo, abandonados por esta sociedad que les ha dado la espalda, tirados a su suerte en las calles, plantados ante un semáforo en las grandes urbes colombianas con la mendicidad como única alternativa posible, sin más derecho al resarcimiento de sus derechos vulnerados, queriendo enterrar cualquier posibilidad de reconstrucción de memoria y con esto el allanamiento del camino hacia la verdad y la justicia.

San José de Apartadó.

El 16 de agosto de 1996, fue asesinado, en la terminal de transporte de Apartadó, el Concejal de la Unión Patriótica y fundador del corregimiento de San José de Apartadó, BARTOLOMÉ CATAÑO, “garantía de sabiduría y honestidad”, le diría la Ex Alcaldesa de Apartadó y Ex senadora Gloria Cuartas Montoya al periodista Javier Darío Restrepo que realizaba un amplio reportaje sobre la situación de la zona. “El sicario le disparó tres veces por la espalda y los impactos arrojaron al viejo de bruces sobre el suelo, pero enseguida se incorporó, recogió los papeles que llevaba en la mano, se puso su sombrero de paja, agarró su bastón y echó a andar como si todo se hubiera reducido a un simple tropezón. El asesino asombrado ante el vigor inesperado de este hombre de 74 años, de unos cuantos saltos se le plantó delante y disparó su arma esta vez contra la cara. Cuando cayó desfigurado por su sangre, ya estaba muerto”, relata el periodista en la edición de marzo 15 de 1997 de la desaparecida revista Alternativa.

Con este asesinato, ocurrido en pleno perímetro urbano a la luz del día como tantos otros asesinatos de dirigentes políticos y comunales de izquierda, ocurridos por esos mismos días, a unos 20 kilómetros de su casa en el sector rural de San José de Apartadó, los paramilitares y sus “Comandos Populares” en Apartadó, mandaban un mensaje contundente: estaban adentrándose en las entrañas mismas, en lo más íntimo de este corregimiento bastión de la UP y el Partido Comunista, y corredor estratégico por donde se había movido durante muchos años, el V Frente de las FARC. Zona que hasta ese momento se podría pensar era impenetrable para el paramilitarismo en su proyecto de expansión a Urabá, como génesis del retorno de las bananeros a la región y de los grupos de ultraderecha a las alcaldías de la región, a través del liberalismo y los reinsertados del antiguo grupo guerrillero EPL, organizados en el Movimiento Político Esperanza Paz y Libertad.

El viejo Bartolo como lo denominasen cariñosamente muchos pobladores de Apartadó, era un símbolo para los campesinos de la región y de San José de Apartadó, se resistió a la muerte como toda la vida se había resistido a la violencia, precisamente huyendo de la violencia de los conservadores sobre los liberales de la mitad del siglo XX, Cataño se había refugiado en las montañas de Urabá. En ese entonces, él era liberal de Raca Mandaca, y huyendo de la violencia, participó de la fundación del corregimiento, junto con otras personas que provenían de Peque y Dabeiba. Años después, desencantado del rumbo que tomaría el partido liberal, tanto en la región como en el país, Bartolomé se haría militante de la Unión Patriótica, y desde este movimiento político fue concejal del municipio en varias oportunidades. Como Concejal y líder de su comunidad participó ampliamente del proceso de construcción de varios proyectos cooperativos y modelos de organización comunitaria y sostenible que garantizaban desarrollo y crecimiento productivo para la población de San José de Apartadó. Una población que se constituía por unas 1500 personas dispersas en las diferentes veredas del corregimiento.

A este golpe, se sumó la masacre en que perdieron la vida SAMUEL ARIAS (Presidente de uno de los proyectos cooperativos más exitosos en la región: la Cooperativa Balsamar); GUSTAVO LOAIZA (Presidente de la Junta de Acción Comunal de San José); MARIA EUGENIA USUGA, en ese momento con cuatro meses de embarazo y JUAN GONZALEZ, miembros de la Junta Directiva de la misma Acción Comunal. Con ese asesinato, perpetrado en el mismo territorio que ellos habitaban, se confirmaba el anuncio que hicieran los paramilitares desde el casco urbano de Apartadó, con el asesinato de Bartolomé Cataño.

La comunidad comenzaba un tránsito de orfandad ante la ausencia de sus principales líderes y lo más complicado, un tránsito por el acoso permanente y la barbarie a la cual la someterían, aún hasta el día de hoy, los grupos paramilitares en gran escala y, en menor escala, una fracción de la guerrilla de las FARC, comandada por el desertor y hoy reinsertado alias Samir (Dafnis Daniel Sierra Martínez), quien fungiera los primeros días de su deserción como colaborador en la XVII Brigada Militar de Urabá y hoy se presenta, como pieza clave en la defensa del proceso judicial que se le sigue al, por algunas personas, denominado “carnicero de Urabá”, por otras como el cuestionado ex presidente Álvaro Uribe (también por sus supuestos vínculos con el narcoparamilitarismo), “el pacificador”: General Rito Alejo del Río, por su contubernio con los grupos paramilitares y participación en varios hechos criminales en la región, mientras fue comandante de dicha brigada militar. Defensa desde la cual, tanto los militares como el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, han aprovechado a alias Samir para construir una serie de montajes que no solo afectan a la comunidad de paz, sino que también a líderes como Gloria Cuartas Montoya (ex alcaldesa de Apartadó y ex senadora), y al Padre Javier Giraldo, acompañantes del proceso de la Comunidad de Paz desde su nacimiento en 1977, y a quienes intentan judicializar como aliados estratégicos de la guerrilla en respuesta a su enconado empeño por la defensa de los derechos humanos.

Otros Antecedentes.

Pero dicho tránsito por la orfandad y su situación a merced de los grupos armados no habría empezado con la muerte de Bartolemé Cataño. El Padre Jesuita Javier Giraldo, relata que desde 1977, se habría abierto el ciclo de la barbarie y las desapariciones forzadas en este corregimiento. En esa fecha, entre el 12 y el 19 de julio, tres patrullas militares compuestas por una veintena de militares entre soldados, tenientes, capitanes y dragoneantes (provenientes de la base militar la Maporita en Chigorodó), sometieron a inclementes torturas a campesinos de la vereda Cabecera de Mulatos, unas 30 personas incluyendo niños y mujeres, acusadas de ser guerrilleras y/o colaboradores de la guerrilla. 11 personas de esta comunidad serían asesinadas por los militares. 6 de ellas habrían sido secuestradas por los miembros del ejército, cuando se retiraron de la zona, posteriormente aparecerían muertas y reportadas por los mismos militares como “bajas” por intento de fuga, En algunos casos los cadáveres de los agricultores aparecieron con artefactos de guerra como municiones de alto calibre, seguramente para hacerlos pasar como guerrilleros. Durante la década de los 80s, la comunidad enfrentaría la represión de una fuerza pública que los miraba con desdén y desconfianza por el hecho de que esta zona rural se habría convertido en el enclave perfecto para la guerrilla de las FARC. La década de los 90s, despertaría en San José de Apartadó con una masacre en la vereda de la Unión (17 de mayo de 1992). Mientras un contingente del Ejército se internaba en la Serranía del Abibe y mantenía un combate con el V Frente de las FARC, un segundo contingente militar atropellaba a varios campesinos de la vereda, amarrándolos a un árbol y obligándolos a que acusaran a sus mismos vecinos de guerrilleros. Al no lograr su cometido, terminarían asesinándolos y presentándolos como dados de baja en combate (fusil, o toga, toga y fusil, Javier Giraldo Moreno, D.J, 2010).

La comunidad de paz.

Tampoco terminaría este tránsito de San José de Apartadó por la orfandad y la barbarie con su constitución como Comunidad de Paz, en el año de 1997. Pues a la fecha y después de declararse neutrales ante cualquier grupo armado, como una forma de protegerse y sobrevivir en su territorio sin tener que enfrentarse al desplazamiento forzoso como lo han tenido que hacer casi 4 millones de personas en el país, durante los últimos 20 años; y a pesar del acompañamiento internacional, esta comunidad ha enfrentado casi 200 asesinatos de miembros pertenecientes a su proceso, tanto en asesinatos selectivos como en masacres.

“Nosotros también hemos sufrido esa persecución desde el año 77, aún cuando en nuestra región no había presencia guerrillera… En los años 80 ocurrieron varias masacres, asesinatos y señalamientos; a mediados del año 95 es cuando se agudiza por la aparición de los paramilitares, en las distintas regiones, que vienen ya como…, actuando en forma conjunta con los militares y generando desplazamientos… (…) Escuchamos cómo los paramilitares venían actuando, terrible, masacres donde descuartizaban a la gente, que con motosierras, que con las herramientas de los mismos campesinos como los machetes…

Es así que en el año 96 se avecinan ya esas matanzas por los lados de Córdoba, a finales del 96 llegan al corregimiento de San José, donde asesinan a varios líderes… Era un corregimiento con 32 veredas, mucho movimiento, un lugar turístico, con muchas fiestas del aguacate, era muy movido… todas las veredas cubiertas de campesinos… Y ese fue un momento muy duro, por lo que prácticamente asesinan las cabezas visibles, los líderes de este corregimiento… En ese momento, los campesinos que vivíamos allí, comenzamos a mirar, a ir llamando a las ONGs para que nos ayudaran a ver como buscábamos una estrategia de poder resistir ahí y evitar el desplazamiento, evitar que mataran al campesino y es así como entonces fuimos armando la propuesta de una neutralidad en la región, de mantenerla con los diferentes actores armados… Y mientras estábamos preparando esa propuesta, estábamos en el año 97, se da una segunda masacre en San José, ahí acabaron de arrasar el resto de líderes que quedaban y nos dieron dos días de plazo para que la gente abandonara el caserío… inmediatamente el caserío de San José quedó completamente desocupado… y aun quedamos, pues familias de algunas veredas, de 32 veredas quedábamos familias como de 8, que seguíamos con la necedad de hacer como ese acuerdo de firmar esa declaración… (Testimonio de un miembro del Consejo Directivo de la Comunidad de Paz en la localidad de Sumapaz).

“El 23 de marzo de 1997, Domingo de Ramos en el calendario católico, se llevó a cabo la ceremonia de oficialización de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El Obispo de Apartadó, Monseñor Tulio Duque Gutiérrez, así como un grupo de parlamentarios de Holanda y delegados de diversas organizaciones nacionales y regionales, asistieron al evento. Habían precedido muchos meses de discusión del texto de la DECLARACIÓN, en el cual se recogía el espíritu de los Convenios de ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario, afirmando los derechos de la población civil en medio del conflicto armado. (…) La idea original la había lanzado el primer Obispo católico de Apartadó, Monseñor Isaías Duarte Cansino, quien ya para entonces había sido trasladado a Cali donde fue asesinado en 2003…” (Padre Javier Giraldo S.J. en Fusil o Toga, Toga o Fusil, 2010).

Luego de la firma del acuerdo como comunidad de paz, entre marzo de 1997 y abril de 1998, en su primer año de acuerdo, los campesinos sufrieron 26 acciones de agresión por parte de los grupos armados, sobretodo de los grupos paramilitares en contubernio con militares. Agresiones que implicaron terribles masacres y asesinatos con un saldo de unas 40 víctimas. La barbarie persistiría, año tras año, con un aumento escabroso en el año 2000 y luego en el 2002, sin detenerse en ningún momento hasta el actual 2010, durante la era de la “seguridad democrática”, a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, principal contradictor de esta experiencia de resistencia y paz que obtendría en reconocimiento a su persistencia pacífica, el Premio Internacional de Paz Aquisgran, Alemania; en el año 2007.

Nota. San José de Apartadó es uno de los tres corregimientos del municipio de Apartadó en la denominada zona del eje bananero en la región del Urabá antioqueño, al noroccidente de Colombia. Este corregimiento estaba integrado en 1997, por 32 veredas. Unos 12 kilómetros de camino separan el perímetro urbano del municipio y el lugar donde se ha concentrado, desde 1997, la población rural. A su vez, la región de Urabá (integrada por 20 municipios de Córdoba, Chocó y Antioquia -11 municipios pertenecen a este último departamento-), limita con Panamá y el Océano Atlántico (Golfo de Urabá). Según Andrés Fernando Suárez en el libro Identidades políticas y exterminio recíproco, masacre y guerra en Urabá, entre 1991 y 2001, en el Urabá antioqueño, se registraron 97 masacres. 43 de éstas, se registraron en el eje bananero, entre los años 1995 y 1997, año en que naciera la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Próxima entrega: La Masacre de 2005 y el caso de los falsos positivos de Soacha.