Por: Luis Carlos Pulgarín Ceballos
¿Qué hay más
diverso en el mundo que no sea la cultura? Si hay algo que caracteriza el mundo
de la cultura es precisamente su riqueza diversa, su pluralidad, su heterogeneidad.
Pretender obviar la multiculturalidad de los pueblos es de tontos y mezquinos.
La globalización y la apertura que buscan los Tratados de Libre Comercio han
pretendido homogeneizar los sectores culturales del mundo. Los países que se
llaman a sí mismos “Estados desarrollados” imponen a los que denominan “Estados
subdesarrollados” reglas de juego económicas que más allá de una cuestión
colaboracionista de mutuo acuerdo, lo que buscan es precisamente imponer sus
propios modelos de vida, negar las particularidades, la identidad y la
idiosincrasia (que deben considerar primitiva), de los pueblos que aún conservan lo que ellos han derrochado
en su desmedido afán consumista: la abundante biodiversidad (ambiental,
artística y cultural) de países como el colombiano. Y, al tiempo que imponen
sus propios modelos de vida sin mayor contenido ético y estético, se roban y
patentan usos y costumbres, tradiciones y expresiones creativas de los pueblos
y naciones que dominan a partir de su poder económico.
La Ley
1834 de 2017
El 23 de mayo de
2017, el Congreso de Colombia expidió la Ley 1834, más conocida como la Ley
Naranja, cuyo objetivo principal es, en términos de la Ley y no de la realidad,
“desarrollar, fomentar, incentivar y
proteger las industrias creativas” entendidas estas como “aquellas
industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se
fundamentan en la propiedad intelectual”.
En su artículo segundo la Ley define
dichas industrias de la siguiente manera: “Las
industrias creativas comprenderán los sectores que conjugan creación,
producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos
intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que generen protección en el
marco de los derechos de autor. Las industrias creativas comprenderán de forma
genérica -pero sin limitarse a-, los sectores editoriales, audiovisuales,
fonográficos, de artes visuales, de 'artes escénicas y espectáculos, de turismo
y patrimonio cultural material e inmaterial, de educación artística y cultural,
de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y
servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de
información, y educación creativa”.
Para la implementación de dicha Ley, se
propone la creación de unas estructuras físico administrativas en las cuales
intervendrán autoridades de diferentes sectores del gobierno nacional con
tareas coordinadas que deberán articularse desde un Consejo Nacional para la
Economía Nacional (artículo 7). Este Consejo Nacional tendrá la misión de la
planeación para el desarrollo “potencial
de la Economía Creativa”. Dicho
Consejo alimentará sus políticas con los datos arrojados desde la denominada
Cuenta Satelital de Cultura y Economía Naranja desde la cual el DANE construirá
de manera permanente estadísticas básicas sobre la economía Naranja. Está será,
sin duda alguna la información fundamental para las aplicaciones de viabilidad
que se requiere en todo proyecto mercantil cuando el objetivo es el crecimiento
económico y material de una sociedad más allá del crecimiento intangible de la
misma (su sentido de pertenencia, identidad, tradiciones, resistencia,
supervivencia, espiritualidad, entre otros).
De otro lado, la Ley, que es una Ley
Marco, y de la cual aún faltan sus consecuentes decretos reglamentarios, traza
7 estrategias que serán la columna vertebral de la mercantilización de las
industrias creativas, a las cuales apunta la Economía Naranja. La
característica de estas estrategias es que cada una de ellas inicia con la
letra i, por lo cual son denominadas las 7i, ellas son: información,
instituciones, industria, infraestructura, integración, inclusión, inspiración
(Artículo 5). Dentro de estas estrategias, se compromete a entidades como el
FINDETER y BALCODEX para los procesos de financiación de infraestructura y
desarrollo de proyectos y/o productos culturales. Hasta aquí la Ley parece un
gesto muy noble con los sectores culturales del país, los que siempre se han
caracterizado por ser los sectores olvidados de la política pública nacional.
Cualquier persona del común, sin mayor información, podría afirmar que esta Ley
lo único que representa es una gran oportunidad para los creadores (artistas y
cultores) del país. Pero la realidad es otra. Esta Ley está más allá de la
generosidad de empoderar a los sectores culturales y artísticos del país, por
el contrario terminará exprimiéndolos a beneficio del lucro de terceros
comerciantes. En las siguientes líneas se expondrá el por qué:
Nichos
de negocios diseñados desde el BID
La Ley es el
resultado de una imposición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
desde hace una década inició a estudiar posibles nichos de negocios que ayuden
a superar la crisis económica que desde 2008 ha golpeado a diferentes estados
de Latinoamérica. En esa búsqueda, el BID hizo estudios en 11 países
latinoamericanos, siendo Colombia uno de ellos. En nuestro país, el BID no sólo
encontró una gran posibilidad económica en esta economía (los sectores
industriales culturales en el país representan entre el 1,5 y el 3,0% del PIB:
más de seis billones de pesos se mueven en torno a este sector), sino que encontró
los personajes funcionales perfectos a sus intenciones: políticos de oficio que
dadas sus aspiraciones desmedidas de poder y su aceptación al neoliberalismo
cabalgante que se desarrolla desde los diferentes Tratados de Libre Comercio,
le ayudarían a introducir sus pretensiones en el país, entre ellos el actual
presidente de Colombia Iván Duque, quién siendo asesor del BID empezó a
interesarse por el tema hasta llevarlo como iniciativa de Ley al Congreso de la
República (siendo Senador), y luego hacerlo uno de los caballitos de batalla en
su campaña a la presidencia.
En este sentido, la intención primaria del
proyecto de economía naranja no es el fortalecimiento de las “industrias culturales” como denominan a los procesos culturales, artísticos y
creativos, sino que su centro es el fortalecimiento de la economía del país a
partir de la instrumentalización económica de la cultura, como dice el artículo
1 de dicha Ley: aquellas industrias que
generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en
la propiedad intelectual. Una cosa es trabajar por el crecimiento y
bienestar de los sectores creativos (los
cuales se fundamentan en la propiedad intelectual) y otra muy diferente el
pensar en el crecimiento económico del país a partir de la explotación de los
primeros.
Miremos aspectos que nos sirven para
argumentar la anterior tesis:
1.
El
proceso de desarrollo (construcción, debates y aprobación de la Ley), nunca se
le participó a los sectores culturales y creativos del país, es decir, su voz
no contó para ser tenida en cuenta en la expedición de una Ley tan
trascendental para dichos sectores.
2.
En
el pretendido Consejo Nacional de Cultura y Economía Naranja no hay una sola
silla para los representantes del sector artístico y cultural (ni para
creadores ni para terceros gestores, productores y reproductores culturales),
es solo una mesa en la cual estarán los burócratas de alto nivel del gobierno.
Pensemos también que desde 1997, con la creación del Ministerio de Cultura, ya
existe un Consejo Nacional de Cultura –que no sabemos para qué ha funcionado,
pero que existiendo ¿por qué no se planteó la inclusión de este ente en el
nuevo Consejo?
3.
No
hay incentivos reales para la creación intelectual y la producción cultural, un
sector que tradicionalmente adolece de recursos económicos para su desarrollo y
al cual le disminuyen presupuestos cada vez más. Con este gobierno -de la Ley
Naranja-, contradictoriamente ya se han
hecho anuncios de aumentar billonarias asignaciones para para la guerra
(Ministerio de Defensa), mientras al Ministerio de Cultura le bajan
presupuestos.
4.
La
Ley lo que promueve el endeudamiento del sector a través de líneas de crédito,
desde Bancoldex, que se manejarán, muy seguramente, desde políticas bancarías y
poco solidarias o cooperativas con el sector creativo: “el Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior (Bancoldex)
estará encargado de crear mecanismos de financiación para emprendimientos
creativos, a través de los instrumentos y vehículos que dicha entidad determine
según su objeto y competencia” (art. 11). La pregunta es: ¿qué viabilidad
de aprobación de crédito se le dará a proyectos culturales como la Filarmónica
de Bogotá que, según varios estudios, gasta en un solo concierto más de 300
millones de pesos, mientras su recaudo
en taquilla es inferior a los 10 millones de pesos?.
5.
Como
si fuera poco, la misma Ley promueve el endeudamiento de los entes
territoriales, los cuales tienen la responsabilidad de garantizar los
escenarios culturales para el desarrollo de la mercantilización propuesta en la
misma. Para esto la instrucción de la Ley es directa: “El Gobierno nacional a través de la Financiera del Desarrollo
Territorial (Findeter), creará líneas de crédito y cooperación técnica para el
impulso a la construcción de infraestructura cultural y creativa en los entes
territoriales” (artículo 9).
6.
Educación
en jornada única ¿educación para la mercadotecnia y la productividad o educación
para la construcción ética y creativa de las nuevas generaciones? Una vez más
nuestros gobernantes manifiestan su
predisposición contra una pedagogía humanista, una educación que siembre
pensamiento crítico y que fundamente en la mente de jóvenes y niños
alternativas creativas, inteligentes y plurales de solución a los problemas de
la vida diaria. En su artículo 10, la Ley induce, que desde el SENA (Servicio
Nacional para el Aprendizaje) caracterizado por formar entes productivos,
calificación de mano de obra y avance en habilidades tecnológicas para la
competitividad mercantil, sea la institución encargada de imponer la idea de la
economía y el progreso material que promueve la Ley Naranja.
Experiencias
de referencia negativa
A los anteriores comentarios para promover
el debate, tendríamos que agregar otros aspectos, resultado de la realidad
colombiana, que nos advierten del riesgo de la implementación de una Ley que
sólo busca factorías o facturación a partir de la cultura, el arte y en general
los sectores creativos del país. Bástenos mirar la industria editorial e
indagar si con la transnacionalización de las artes literarias se ha
beneficiado la pluralidad de escritores colombianos o tan sólo se siguen
enriqueciendo las editoriales extranjeras y/o a aquellas editoriales
colombianas que cada vez publican más títulos de autores que ya están en el
dominio público (con derechos patrimoniales de autor libres), que a autores
vivos. Otro ejemplo claro es la
transnacionalización de la televisión colombiana a partir de la existencia de
dos canales privados que, con los atributos del monopolio que se les ha
asignado, llevaron a la desaparición a una pluralidad de productoras de
televisión que en los años 80s y 90s fueron signo de calidad y garantía de identidad
nacional a partir de sus series y telenovelas y que hoy solo se dedican a mexicanizar
y “traquetizar la identidad colombiana” para “poder vender” en el exterior. Irónico
que, cuándo en el pasado lo que nos llevó al reconocimiento de calidad audiovisual
internacional eran nuestras propias historias regionales, ricas en diversidad,
con actores de carácter y no con estrellitas salidas de reinados de belleza y
pasarelas de moda, hoy dichos “actores y actrices” de Colombia deben viajar a
México o Miami a hacer cursos de dicción a lo mexicano para poder escalar en el
mundo de la fama.
Un ejemplo más triste: el de ciertas
corporaciones culturales apadrinadas por personajes que hacen carrera en la
política nacional; personajes aparentemente con raíz en procesos comunitarios,
que una vez elegidos en cargos de elección popular se dedican a legislar y
direccionar la contratación a beneficio de sus propias corporaciones (endosadas
a terceros), llevando al borde de la quiebra y la desaparición a los grupos de su
misma especie, un claro ejemplo de como en el mundo de la competitividad
mercantil el pez más grande se come al más chico, sin ningún atisbo de
solidaridad y sí con mucha sospecha de alta corrupción. Este ejemplo, sin decir
nombres propios, se ha presentado en Bogotá, y muchos sabrán a quienes hacemos
referencia.
En
esta Ley no cabemos todos
La parte más aberrante de la Ley es la
ignorancia de la heterogeneidad del sector y su interés fundamental en convertir en industria unas
manifestaciones cuya propiedad y origen son precisamente los valores
intangibles o inmateriales.
En nuestro territorio podríamos
clasificar, de alguna manera, los diferentes sectores culturales y artísticos
que desde diferentes perspectivas le apuestan a sus proyectos creativos:
a.
Grupos
de resistencia cultural: aquellos grupos originarios de sectores minoritarios
(étnicos y populares), que su mayor interés es la pervivencia de su identidad,
de sus tradiciones y arraigos, de sus valores y pertenencias ancestrales.
Grupos afrocolombianos, indígenas, de comunidades rom, entre otros, que están
lejos de la contaminación consumista y capitalista que pretende la misma Ley.
b.
Grupos
de resistencia política: grupos culturales que generan obras artísticas de contra discurso al discurso de poder y de
legitimación de gobiernos tradicionalmente ineptos y corruptos, violadores de
los derechos humanos en todas sus expresiones. Grupos culturales que se erigen
como la memora histórica cuando los historiadores del sistema pretenden
tergiversar o negar los verdaderos hechos y causas del conflicto colombiano,
grupos que de alguna manera su valor es intangible, pues se erigen como la
columna vertebral de la consciencia y la moral del país.
c.
Grupos
o empresas “culturales y educativas” que desarrollan sus procesos de
capacitación y de pedagogía instrumentalizando el arte y la cultura, no menos creativos que los
grupos anteriores, pero su centro no es el arte y la cultura como tal sino la
capacitación, publicidad y propaganda de grupos sociales y empresariales en
cuestiones políticas como la convivencia, la resolución de conflictos y el
desarrollo social, entre otros; y de cuestiones empresariales como las
denominadas pausas activas en las empresas y estrategias de publicidad BTL en
promoción de productos y servicios comerciales.
d.
Sectores
artísticos de entretenimiento (ni tan siquiera culturales), pertenecientes a
los mercados de los grandes espectáculos con artistas de renombradas marcas o
artistas que son renombradas marcas, cuyo mayor valor es la fama y su
pertenencia a las élites de la farándula televisiva y demás industrias que
generan altos impactos de consumo en las masas.
Si la Ley Naranja se implementará tal y
como es la intención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); hecho al
cual le juega el actual presidente de Colombia y su Ministra de Cultura, los
grupos de la clasificación a y b (los de resistencia cultural y política),
desaparecerían con nefatas consecuencias para la identidad cultural y
democrática del país, sucumbirían estos grupos ante los grupos y sectores
mercantiles de las clasificaciones c y d, pues son los más afines a los proceso
de emprendimiento mercantil y que, sin duda alguna y sin mayores reparos se
alinearían en dicho propósito de industrialización del arte y la cultura. Es
decir, los grupos pertenecientes a los sectores que aquí clasificamos como del
a y el b, siendo muy importantes para la identidad, la convivencia y el
desarrollo ético y democrático del país serían inviables económicamente
hablando (en este caso para Bancoldex, entidad responsable de los
financiamientos crediticios para la industria cultural), pues siempre
necesitarán de algún subsidio, nunca recogerán por taquilla la totalidad de lo
que se invierte en sus creaciones. No obstante, dichos grupos o sectores (a y
b), igual que la Filarmónica de Bogotá son tan trascendentales para la
identidad y la democracia colombiana que deben ser protegidos en cumplimiento
constitucional de los artículos 1 (dignidad integral, pluralidad,
participación, solidaridad y prevalencia del interés común), 7 (protección y
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural), 8 (protección de riqueza
cultural y natural del país), 20 (libre expresión), 25 (derecho al trabajo
digno), 61 (protección a la propiedad intelectual) y los artículos 70, 71 y 72
que desde la Carta Magna de 1991 garantizan la protección, promoción y fomento
de las manifestaciones culturales en igualdad de condiciones.
En
conclusión.
Es urgente una revisión integral a la Ley
Marco de la llamada Economía Naranja para que no sea un trago amargo para
amplios sectores artísticos, culturales y creativos. Las políticas creativas
y/o intelectuales del país no pueden depender de la viabilidad del comercio de
las denominadas industrias y/o emprendimientos culturales, en los cuales
siempre habrá un tercero distribuidor, vendedor o representante que termina con
mayores beneficios que el autor intelectual
o productor original de las obras y proyectos artísticos. Cosa diferente
a las leyes del mercado son los procesos culturales llenos de valor inmaterial,
pero tan necesarios para la construcción de la identidad, el sentido de
pertenencia y la ética democrática del país.
Octubre 1 de 2018
Comunicador Social, Abogado, Artista,
Catedrático en las facultades de Derecho y Comunicación Social en Institución
Universitaria de Colombia.
