A propósito de la próxima publicación del libro
Odiseas y Refugios
en las Zonas Fronterizas Colombianas.
(Juicio Histórico al tratamiento de la población colombiana refugiada en
Panamá, Venezuela y Ecuador).
de Luis Carlos Pulgarín Ceballos
adelantamos la siguiente entrevista:
ENTREVISTA DIRECTA CON OSCAR SALAZAR TABARES DE LA COMISIÓN ANDINA PARA
EL DESARRAIGO Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO[1].
Luis Carlos Pulgarín
Ceballos: ¿Qué papel juega la Coordinadora Andina, en
la práctica, cómo garantiza procesos efectivos de reivindicación a la población
desplazada que sufre los embates de la burocracia y la incomprensión, por no
decir de la insolidaridad, de los gobiernos
mismos?
Oscar Salazar Tábares: Hemos realizado acciones con eventos
regionales donde avanzamos en los procesos de caracterización de la población
refugiada, las organizaciones de los refugiados y de los actores mismos que han
propiciado el refugio. En estos encuentros, caso de un encuentro regional
realizado en el año 2011 en ecuador, hemos tratado de comprometer a los
delegados de los gobiernos para que examinen la legislación de sus países en
materia de refugio y a que ratifiquen los compromisos de la Conferencia de
México[2].
Igualmente hemos adelantado diálogos con instancias de gobierno como las
Asamblea Nacionales Constituyentes, el Consejo Noruego[3]
que es la autoridad rectora en el tema de refugios y que establece los
parámetros de atención a la población refugiada para que precise con los
gobiernos de Perú y Ecuador, sobretodo,
estos procesos de atención con plena dignidad para las víctimas de esta
situación.
LCPC: Pero en la
práctica, ¿qué avances hay, porque lo que me expone hasta ahora, me parece muy
del propósito, la intención política y la filosofía?
OST: Por ejemplo, logramos detener un, proceso de
repatriación, a todas luces indigno y violatorio de los tratados
internacionales, de un grupo significativo de colombianos, en un convenio firmado entre los gobiernos de
Ecuador y Colombia, este proceso está parado, toda vez que antepusimos
argumentos como que en la legislación de Quito la repatriación no se contempla
y también que en la nueva ley de víctimas en Colombia, no se contempla el tema
de los refugiados. En Colombia hemos avanzado y estamos comprometiendo al
gobierno para que incluya en la Mesa Nacional de Víctimas a una persona
refugiada, que no se contempla por no estar el tema en la Ley de Víctimas, en
el acto legislativo, con esto esperamos que la misma Ley pueda incluir a esta
población…
Y un tema espinoso para los gobiernos pero político, hay refugiados políticos
acusados de pertenecer a las FARC, por ejemplo, Julián Conrado y un compañero
periodista de la página de ANNCOL, ambos presos en Venezuela, estamos
trabajando para que hayan procesos de repatriación para esos compañeros
exiliados con garantías procesales plenas.
Por ejemplo, ya tenemos planeado para octubre un
encuentro que se va dar en Perú y donde van a estar UNASUR; y la Unión de
Naciones del Caribe para mirar medidas de protección y garantistas a la
población refugiada, así como también para que hayan avances en una plataforma
continental en materia de legislación de forma que vayamos construyendo
criterios de unidad de acuerdo a la Conferencia de México. Ya hemos tenido
reuniones con el Parlamento Andino y en Colombia tendremos una reunión con
ACNUR para mirar los temas de compromisos en cumplimientos por parte de los
gobiernos en torno a los tratados internacionales con la población refugiada en
Sur América…
LCPC: Yo quiero que
hablemos del ACNUR, que al parecer es una de las fuentes más recurridas para
hablar de la situación, pero veo que hay muchas contradicciones en cuanto a las
estadísticas del problema.
OST: No hay que olvidar Luis Carlos, que la ACNUR es
también Gobierno es contraparte directa de los gobiernos, no tiene
características de total independencia, y trabaja con las cifras de los
Estados, donde los Estados buscan invisibilizar el tema, para sacarle el cuerpo
a sus obligaciones…
LCPC: En ese sentido, ¿la
Coordinadora Andina para el Desarraigo y el Desplazamiento Forzado, es
independiente, o se atiene a algunos parámetros de un gobierno?
OST: La Coordinadora está conformada por organizaciones
de base, somos una organización Andina No Gubernamental, ella nace producto de
una caracterización amplia sobre el problema del refugio desde la base, desde
las víctimas desplazadas y refugiadas… Quienes estamos?, inicialmente tres
grandes organizaciones de base, FENARE, que es la Federación Nacional de
Refugiados en Ecuador, CONDECORE, LA Coordinadora de Desplazados Refugiados del
Perú y la Campaña Permanente Vida Tierra y Dignidad por Colombia, donde estamos
integradas 8 organizaciones de desplazados caso de ANDESCOL (Asociación
Nacional de Desplazados de Colombia).
LCPC: ¿Cómo van a
sostener su independencia, cómo financian sus acciones, hay plata de los
gobiernos?
OST: Sería una obligación de los gobiernos, sin
comprometernos claro está. Pero en sus inicios hemos sido financiado por
Agencias Internacionales como La Consejería
en Proyectos para Refugiados PCS, que no es instancia de gobierno, y
tiene sede en Colombia y oficina en Perú; también nos ha apoyado ICCO que es una Organización Intereclesiástica para la Cooperación
al Desarrollo, con ella hicimos un proceso amplio de cartografía social
en Colombia y los diferentes encuentros regionales de Quito y Perú.
LCPC: Eso le iba a
preguntar ¿esa caracterización de la cual usted habla, cómo la vienen haciendo?
OST: Usted mismo estuvo en una de esas experiencias, la
que se hizo en Cundinamarca el año ante pasado, en 2010, ¿recuerda?; Se trabaja
por grupos, con la población de base, aquí no son funcionarios haciendo
encuesticas, aquí es trabajando con la población directamente involucrada como
víctima, en un proceso donde la misma población va interpretando qué es lo que
ha pasado, por qué está en dicha situación, cuales son las causas, cuáles son
los actores?. Ya realizamos también la cartografía en Ecuador, donde
profundizamos en temas de legislación y protección.
LCPC: ¿Qué hacer con
Panamá, que de los países involucrados en el tema parece ser el más
insolidario, el que más irrespeto por los tratados internacionales ha tenido,
el que más ha maltratado la población refugiada colombiana, que prefiere darle
status de refugiada a prófugas de la justicia colombiana como la señora María
del Pilar Hurtado, ex directora del DAS en el periodo Uribe, y agredir a la
población realmente perseguida por el conflicto armado?
OST: Allí hay una problemática bien profunda, la política
de Atención al Migrante es muy irregular. Ahora mismo hay mucho problema con
los emberá, los colonos, afro y campesinos. Nosotros realizamos en el Darién un
Congreso de Fronteras con Colonos; allí hizo
presencia la ONG ILSA, de Colombia, y pudo verificar que la población
refugiada, en el trato que les da Panamá, está como en campos de concentración,
en lugares donde la guardia panameña no
permite que sean visitados por organizaciones y ONGs, es un proceso de
confinamiento con garantías de ayuda humanitaria mínima. El mismo gobierno no
garantiza condiciones de seguridad para los refugiados, allí por ejemplo hay
algo más grave, la población víctima está rodeada por paramilitares y lo que es
peor, por bandas delincuenciales organizadas y traficantes. Y como usted lo
dijo, Luis Carlos, un gobierno que prefiere darle totales condiciones de asilo
digno, en un trámite increíblemente extra rápido, a personas como la ex
directora del DAS que no es refugiada política sino una prófuga de la justicia.
Nosotros tenemos en preparación un nuevo encuentro fronterizo en Panamá, donde
invitaremos delegados del gobierno y discutamos sobre sus políticas de
protección al migrante; y también casos como el de la María del Pilar Hurtado[4]
LCPC: El caso de Ecuador
es uno de los más documentados, por eso voy a escapar a ese tema y lo voy a
remitir al caso Venezuela.
OST: Allí hay desplazamientos de doble vía, recuerde Luis
Carlos que allí hay unas zonas de frontera que son corredores estratégicos,
centros de abastecimiento y de intercambio comercial entre los dos países; esto
crea unas condiciones especiales; y esto crea desplazamientos de doble vía que
debemos o estamos en mora de caracterizar. Hemos tenido también una movilidad
que hay que diferenciar o al menos tratar con sumo cuidado como lo es el
desplazamiento de la comunidad Wayú, ellos tienen o deben tener un tratamiento
especial en la atención humanitaria, al menos de más agilidad, por tener doble
nacionalidad. Todo esto lo hemos estado dialogando con el Embajador de
Venezuela aquí en Colombia, de entrada él ha dicho que no se puede detener el
desplazamiento de doble vía, precisamente por las condiciones especiales de
esta frontera. Pero con Venezuela se ha ido avanzando en el tema, por ejemplo,
tenemos en el Zulia una familia colombiana, refugiada, ella ha entrado a hacer
parte de las misiones del gobierno de Hugo Chávez, tienen una protección
especial del gobierno, y esperamos que esa familia, desde ese escenario
político, pueda ayudar a otras familias refugiadas. Pero es que allí hay otro
problema, y es el carácter de gobierno federado que tiene Venezuela. Por
ejemplo, hay Estados de Venezuela que tienen una muy buena disposición de
atender el problema del refugio, Venezuela tiene una muy buena legislación en
materia de atención al refugiado, que no se aplica es otra cosa; le decía en el
Estado de Libertador, allí hay grandes voluntades políticas, hay adelantos
significativos en materia de refugio; pero tenemos Estados como Zulia y Miranda
donde hay problemas de voluntad política, hay Estados de oposición al Gobierno
Chávez donde se bloquean cosas, dónde incluso, hay permisividad con el
paramilitarismo colombiano, donde los refugiados mantiene el miedo permanente
porque allí existe presencia de actores paramilitares, incluso de
microtraficantes y delincuencia organizada.
LCPC: Finalmente, y
volviendo al caso ACNUR y Estadísticas ¿qué hacer con ese tema de las cifras? ¿Qué
piensa hacer la Comisión Andina para el Desarraigo y el Desplazamiento
Forzado?.
OST: Nosotros qué estamos manejando?, lo primero es que
trabajamos con organizaciones de base; cuando un refugiado llega a un lugar,
por lo general el refugiado llega por referencias de conocidos. Hay una gran
debilidad y es que las organizaciones de base no han manejado sistematización
de datos, no manejan estos procesos. Al menos hasta ahora que los empezamos a preparar
para eso. Entonces, se están implementando unas fichas, desde las
organizaciones de base, y ellas son las que hacen el registro de los refugiados
que van llegando. Esas fichas diligenciadas se le pasan a organizaciones como
CODHES que tienen una gran experiencia en la sistematización de estos datos.
Siempre ha sido así; las organizaciones de base manejan los datos primeros, por
decirlo de una forma, y las pasan a instancias como el CINEP, Pastoral Social
en Panamá, o Movilidad Humana en Colombia, también a FLACSO en Ecuador, al
mismo CODHES, para que ellos entren en un proceso de verificación.
Sistematización y publicación…
Lo que pasa con el ACNUR es que solo hace el registro de
solicitantes, no de la totalidad de refugiados y desplazados, en sus datos
faltan todas las personas que no denuncian, que evaden el registro por muchos
temores, ANCNUR trabaja con cifras oficiales como ya le expresé.
LCPC: ¿A quién creerle
en esta materia estadística?
OST: Mire por ejemplo, nosotros cómo ANDESCOL, trabajamos
en casi todas las regiones de Colombia, manejamos estos datos de fuentes
primarias, muchas veces lastimosamente por familias, no por número de
integrantes del grupo familiar, esto debilita las estadísticas, pero nos da
aproximaciones reales a la situación, se las pasamos a instancias como CODHES
para el proceso final de verificación, allí hay una fuente de alta credibilidad
porque está trabajada desde la base, nosotros estamos en capacidad política de
afirmar que en Colombia hay más de 5 millones de desplazados internos, y no los
menos de 3 millones y medio que son las cifras que manejan el gobierno y el
ACNUR.
Ahora, nosotros en Campaña Tierra y Dignidad, de la cual
hacemos parte como ANDESCOL, estamos implementando nuestras propias bases de
datos, de verificación y de sistematización, esperamos avanzar en ello, puesto
que las fuentes de las organizaciones de base son las de nuestra propia
población, no obstante los celos que eso ha despertado en algunas ONGs que
tradicionalmente nos han usado para perfilarse nacional e internacionalmente,
esperamos avanzar en este tema para que sean las propias organizaciones de
víctimas las que presenten sus datos a la comunidad nacional e internacional.
Bogotá, mayo de 2012.
[1]Coordinadora
Andina para el Desarraigo y el Desplazamiento Forzado, cuya secretaría Técnica
la ejerce Colombia, está integrada por Perú, Colombia y Ecuador. Esta
organización nace con los objetivos de visibilizar el problema de los
refugiados, Incentivar políticas en esta materia y lograr acuerdos con los
gobiernos para la repatriación
voluntaria y concertada que de alas personas garantías plenas de reparación,
justicia y verdad.
[2] Se refiere a la Declaración y El Plan
de Acción de México es el resultado de un amplio proceso de consulta convocado
por el ACNUR, junto con el Consejo Noruego para Refugiados, los órganos del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil, Costa
Rica y México, el cual reunió a los gobiernos de los países de América Latina,
expertos y diferentes sectores de la sociedad civil para analizar conjuntamente
los principales desafíos que enfrenta hoy la protección de los refugiados y
otras personas que necesitan protección internacional en América Latina. Se adopta en el marco de conmemoración del 20 aniversario de la
declaración de Cartagena sobre los refugiados, en el año 2004. En resumen de
ACNUR, está integrada de la siguiente manera: El Plan se estructura en cuatro capítulos: en el
primero, se presenta una sinopsis sobre la situación actual de los refugiados
en América Latina y se describe el marco normativo e institucional desarrollado
por lo gobiernos de la región en materia de asilo. El capítulo segundo
plantea un conjunto de actividades de investigación, así como de formación y
fortalecimiento institucional, para mejorar las capacidades de los distintos
actores en la región vinculados con la protección de refugiados. En el
capítulo tercero se propone el desarrollo de programas para alcanzar la
autosuficiencia e integración local de los refugiados, incluyendo la generación
de proyectos productivos en las zonas fronterizas que también beneficien a las
poblaciones locales. Asimismo, se busca la creación de un programa de
reasentamiento regional para refugiados latinoamericanos. Finalmente, el cuarto capítulo contempla mecanismos de promoción,
ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Acción, tanto a nivel nacional
como sub-regional e internacional.
[3] El Consejo Noruego
para Refugiados (NRC) es una organización humanitaria internacional,
especializada en el trabajo con personas refugiadas y en situación de
desplazamiento interno. El NRC fue creado en 1946 para atender la crisis
humanitaria generada por la Segunda Guerra Mundial. Tras una historia de
más de 50 años trabajando por los desplazados y refugiados en el mundo, el NRC
es actualmente una de las organizaciones independientes de ayuda humanitaria
más importantes de Noruega y la única especializada en el trabajo internacional
con personas refugiadas y en situación de desplazamiento interno.
[4] María del pilar Hurtado,
ex funcionaria del gobierno Uribe, es procesada por la justicia colombiana por
su responsabilidad en actos de espionaje a varios periodistas, políticos de
oposición al gobierno Uribe y defensores de derechos humanos, entre otros. Este
caso fue denominado como el caso de las chuzadas. Se asila en Panamá, huyendo
de la justica colombiana y rápidamente, el gobierno de dicho país, afecto de la
política de ultra derecha de Uribe, le tramita su estatus de asilo, lo cual es
fuertemente cuestionado internacionalmente, al punto de considerarse una
bofetada a la justicia colombiana y un mal precedente para la legislación
internacional y los procedimientos de verdaderas víctimas del refugio, pues
este antecedente fijaría una riesgosa política de darle asilo a una persona
que se declare perseguida política, sin
realmente serlo.
